Robo a los municipios
Las aportaciones de los estados a los municipios, concebidas en 1983 por el Congreso de la Unión como reivindicaciones de las deudas históricas de la Federación a los municipios pobres, han sido esquilmadas. Las multimillonarias aportaciones federales han sido monopolizadas por los gobernadores, tras recibirlas incorrectamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, creando delitos que implican: peculado, abuso de autoridad, usurpación de funciones, colusión de funcionarios, ejercicio indebido de atribuciones y lavado de dinero, que en su conjunto hablan de conductas típicas, antijurídicas, culpables y tipificables como delincuencia organizada, pues en ellas se margina a los congresos locales, únicas instancias facultadas para distribuir las aportaciones federales.
Los gobernantes han establecido como criterio la discrecionalidad, ya que, según expertos, estos recursos presupuestales, propiedad de los municipios, son retenidos por los gobiernos locales para luego ser invertidos en los off shores de paraísos fiscales en Suiza e islas Caimán, cuyos rendimientos nunca llegan a las haciendas municipales.
Los recursos que debe otorgar la Federación a los municipios no llegan, porque hay congresos locales que no expiden los decretos anuales sobre montos, bases y plazos de entrega de tales aportaciones federales, lo cual constituye una flagrante violación constitucional.
Las prácticas indebidas y delictivas del poder público son evidenciadas con un caso del estado de México, mediante la histórica ejecutoria de la controversia constitucional 62/2002 que favorece al municipio de Amecameca, la cual puso al descubierto un grave régimen de fraude organizado, cuyos representantes y magistrados buscan tapar con declaraciones cínicas, golpes de pecho, encuestas manipuladas, manifestaciones de apoyo y manipulaciones, muy en la tónica del ejercicio abusivo del poder. ¿Qué hace al respecto la Suprema Corte de Justicia de Mariano Azuela? Veamos.
En el estado de México se incurre en la violación sistemática de los derechos constitucionales de los municipios sobre sus participaciones federales. No obstante que el artículo 115 (fracción IV, inciso b) de la Constitución dice que la Federación cubrirá al municipio las participaciones que correspondan a su hacienda pública, conforme a bases, montos y plazos que determine anualmente la legislatura estatal, mediante sus correspondientes decretos, el gobierno mexiquense ha usurpado sistemáticamente las facultades del congreso local, causando millonarios daños y perjuicios a las haciendas municipales, por lo que la gestión perredista municipal de Amecameca interpuso en 2002 una controversia constitucional en un congruente ejercicio de sus facultades para resarcir los montos esquilmados y los perjuicios que ocasionó al erario municipal el gobernador inmobiliario Arturo Montiel Rojas.
A la fecha -no obstante que el pleno de la Corte dio en junio de 2004 la razón a Amecameca, y que el ayuntamiento, hoy panista, ha mantenido la demanda por la constitucionalidad en cuanto a la reivindicación de sus ingresos federales- no se ha concretado el cumplimiento de la ejecutoria ni materializado lo dispuesto por la Constitución: restitución de las participaciones federales del orden de 2 mil millones de pesos, que debieron invertirse en obras y servicios en el mencionado municipio durante el decenio anterior, o sea, en el periodo 1992-2002.
La actuación de la Suprema Corte ha sido contradictoria, pues hace dos años falló en el papel a favor de Amecameca con la histórica ejecutoria; sin embargo, hace dos semanas, al dictar resolución interlocutoria sobre la queja del municipio por el incumplimiento de la sentencia definitiva, el pleno de la Corte determinó, en una dual práctica dilatoria y encubridora, que el gobernador Montiel la acató, aunque no exhiba pruebas consistentes en las publicaciones oficiales de los decretos anuales de la legislatura mexiquense, por lo que resulta clara y sistemática la violación constitucional, dada la usurpación de funciones que realizó Arturo Montiel contra la legislatura local. Es decir, no vio ni detectó lo que encubre el ahora gobernador Enrique Peña Nieto, así como el nuevo ministro de la Corte, Ramón Cossío Díaz, quien no advirtió defecto en la supuesta ejecución de sentencia de la toca 62/2002, que simplemente no acató el gobernador demandado. Ahora se decreta de facto una amnistía al responsable y, peor aún, a sabiendas de que no existen los decretos legislativos anuales para el pago de participaciones federales a Amecameca, sobre lo cual está confeso Montiel Rojas en los autos de dicha controversia. El pasado 23 de enero la presidencia del supremo tribunal del país pretendió dar carpetazo al justo reclamo del municipio y determinó archivar el expediente como "asunto concluido", encubriendo los delitos.
Al entrar en su cuarto año de trámite dicha controversia constitucional, la ministra Olga del Carmen Sánchez Cordero tiene en sus manos la reclamación del municipio de Amecameca contra Montiel y Peña Nieto, que es un asunto de interés para los 2 mil 436 municipios del país, pues sentaría precedente en las relaciones estados-municipios. La sesión debería ser pública, máxime que la ejecutoria de 11 ministros otorgó la razón constitucional a Amecameca, que ahora hace nugatoria, sin justificación, el ministro presidente Mariano Azuela.