Barbarie internacional
A cuatro años de que el gobierno estadunidense comenzara a utilizar la base de Guantánamo como prisión, la sociedad internacional no deja de manifestar su indignación y reclamo de que ese centro de violación de derechos fundamentales sea cerrado para siempre. El 14 de febrero pasado se filtró a los medios de comunicación el contenido de un informe de 50 páginas que un grupo de expertos presentará a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. De acuerdo con la información disponible, el grupo exige el desmantelamiento de ese centro de detención, y que todos los detenidos sean llevados ante tribunales independientes, o liberados inmediatamente por falta de acusaciones formales.
Ni tardo ni perezoso, el gobierno de George W. Bush reaccionó como ya es su costumbre en los temas que tienen que ver con "la guerra contra el terrorismo", negando la veracidad del informe por conducto del vocero presidencial Scott McClellan, quien trató de restar validez a las conclusiones de los expertos, al decir que "desacredita a Naciones Unidas que un equipo saque un informe sin observar los hechos. El equipo se basó sólo en presunciones". Esta acusación tiene su origen en que el grupo rechazó la invitación que el gobierno le hizo a visitar Guantánamo, porque era una especie de visita guiada, sin derecho a entrevistarse con las personas detenidas, ni a actuar con libertad dentro de la base, lo que vulnera los estándares internacionales existentes para las visitas a centros de reclusión. Debe tomarse en cuenta, sin embargo, que el grupo de expertos había solicitado acceso total e irrestricto a la base desde el año 2002, permiso que le fue negado de forma reiterada, y que fueron demoradas de forma inexplicable por el gobierno de Washington sus visitas programadas con antelación.
La situación infame de los prisioneros en Guantánamo no es un hecho desconocido en el mundo. Con el pretexto de la guerra contra el terrorismo el gobierno estadunidense ha ideado complicadas explicaciones para violar los derechos humanos de los prisioneros, y las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib son sólo los ejemplos más visibles de cómo medidas encaminadas supuestamente a terminar con violaciones de derechos humanos han sobrepasado los límites de la elemental dignidad de las personas.
De acuerdo con un informe llamado Guantánamo: vidas desgarradas, presentado por Amnistía Internacional el pasado 6 de febrero, existen actualmente alrededor de 500 presos de 35 nacionalidades distintas en Guantánamo, muchos de los cuales han sido víctimas de tortura y malos tratos. Ha habido además, a causa de ello, numerosos intentos de suicidio, y el temor por sus condiciones físicas y sicológicas aumenta día con día. Este documento es también interesante porque señala la responsabilidad de las autoridades estadunidenses en el sufrimiento cotidiano de las familias de estos detenidos, cuyas vidas se han visto afectadas de forma irreparable por la política terrorista de Estado aplicada en esa base.
Guantánamo no es solamente un limbo legal, inadmisible desde cualquier punto de vista jurídico, sino antes que nada, para los afectados un verdadero infierno, y para todo el mundo una vergüenza. Dice el dicho que en la guerra como en el amor todo se vale. Esto no es cierto cuando se trata de la guerra, pues existen ciertos mínimos en el derecho internacional humanitario, establecido en la Convención de Ginebra. Entre estos mínimos está el trato que deben recibir los "prisioneros de guerra". Las personas presas en Guantánamo han sido calificadas por el gobierno estadunidense como "combatientes enemigos", clasificación que no existe en las normas internacionales, y con ello mañosamente no los hace sujetos de las garantías consagradas en los tratados de derecho internacional humanitario y de derechos humanos, a los que está obligado.
La reacción internacional sobre el tema no se ha dejado esperar, no únicamente entre las organizaciones de derechos humanos que realizan este tipo de denuncias, sino también a escala de los estados. Tal es el caso de Alemania, que por medio de su jefa de gobierno, Angela Merkel, recomendó al presidente Bush que clausurara el centro de detención. De igual forma, el secretario general de las Naciones Unidas respaldó la semana pasada la conclusión central del informe del organismo, al declarar que los detenidos deben ser llevados ante la justicia y que el centro deberá ser cerrado tarde o temprano. El conocimiento de la sociedad estadunidense de estos hechos, así como de otros actos que atentan contra la dignidad de cualquier ser humano, como videos de torturas y desapariciones forzadas, ha tenido como resultado el incremento al repudio al gobierno de George W. Bush, y ha generado la impresión de que en el vecino país del norte hay un gobierno represor peor que el existente en los tiempos del macartismo.