Proponen abrir la posibilidad de que se reparen por la vía civil los eventuales daños
Iniciativa en San Lázaro para evitar que la calumnia sea motivo de cárcel
Admiten priístas que la figura de difamación se utiliza para coaccionar a periodistas
Tras el escándalo que desató el gobernador de Puebla, Mario Marín, por la detención de la periodista Lydia Cacho, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el priísta Heliodoro Díaz Escárraga presentó ayer ante el pleno una iniciativa para derogar diversos artículos del Código Penal Federal que tipifican la calumnia como delito con sanción de cárcel, y propuso que "por resultar exagerada la criminalización de la difamación, por conducto de los medios informativos, debe despenalizarse, dejando la posibilidad de la reparación del daño a terceros por la vía civil, como ocurre en otros países.
El diputado priísta destacó que el derecho penal se subordina a la Constitución y su imperativo garantista y no represor "no debe seguir constituyéndose en arma de intimidación contra los periodistas. La coacción hacia los comunicadores, que busca inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, es inadmisible en un régimen democrático".
La iniciativa se da luego del escándalo ocasionado por el acoso a Lydia Cacho
Esta propuesta de la bancada priísta se hace 10 días después de que La Jornada reveló las conversaciones telefónicas del gobernador Mario Marín con su amigo el empresario textilero Kamel Nacif, quien solicitó al mandatario estatal la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho.
En su intervención, el priísta destacó que el delito de difamación se opone a los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en distintos instrumentos internacionales suscritos por el país, y la censura penal a la actividad del comunicador no se justifica, por lo cual debe despenalizarse.
Propuso derogar los artículos 350, 351, 352, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal y dejar "en los jueces de lo civil decidir si los periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones y si vulneran con su actividad el derecho al honor y a la privacidad de terceros; y no a los jueces de lo penal el determinar sí los periodistas son acreedores a la cárcel".
Subrayó que sancionar económicamente y no corporalmente a quien abuse de la libertad de expresión y de prensa es impostergable en un régimen democrático. Por ello, dijo, las democracias modernas reconocen la libre expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información en sus constituciones políticas.
En su intervención, el diputado dijo que en los hechos es indudable que la protección al trabajo de periodista constituye lo que se ha llamado "democracia informativa"; sin embargo, ese concepto ha servido de parapeto a extralimitaciones mediáticas o de instrumento perverso para desprestigiar al adversario político.
Abundó que la falta de precisión en las leyes para determinar los límites entre el adecuado ejercicio de la libertad de expresión, de imprenta o prensa, y los derechos de terceros "ha dado motivo al abuso y a la generación artificial del escándalo". Sin embargo, la complejidad para precisar dónde inician unas y terminan las otras ha inducido el deterioro o pérdida irreparable del honor y las carreras de muchos servidores públicos.
De esa forma, dijo, el ejercicio periodístico irresponsable, apresurado o tendencioso ha afectado "injustificadamente al poder político" representado por personas físicas, y muchos han sido difamados. A cualquier acusación basada en hechos reales o ficticios se da curso mediático, los medios presumen culpabilidad.
Pese a esas consideraciones que hizo el priísta, añadió que resulta exagerada la difamación por conducto de los medios informativos. Esto no es congruente con la actual realidad social, por ello debe despenalizarse y dejar por la vía civil la reparación del daño a terceros.
El diputado Díaz Escárraga destacó que esa propuesta de la bancada de su partido se hizo a petición de su candidato presidencial Roberto Madrazo.