El documento fue admitido ayer por la Suprema Corte de Justicia

Gudiño Pelayo elaborará el proyecto sobre la controversia por los espots

Se prevé que hoy Mariano Azuela presente acuerdo sobre el caso Lydia Cacho

JESUS ARANDA

José Gudiño Pelayo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), será el encargado de elaborar el proyecto para admitir o desechar la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados contra el presidente Vicente Fox por los espots que ha emitido el Ejecutivo federal para difundir las obras de gobierno, que violarían lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley General de Desarrollo Social y 55 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sin embargo, si el ministro no concede la suspensión solicitada -lo cual significaría que el Ejecutivo retire sus anuncios hasta que la Corte determine quién tiene la razón-, en los hechos le daría la razón a Fox, porque seguiría transmitiendo sus mensajes durante el proceso electoral en curso, y prácticamente la controversia quedaría sin materia.

El documento, que fue admitido y turnado a Gudiño Pelayo -quien este viernes emitirá el acuerdo de admisión correspondiente-, señala que los anuncios del presidente Fox que se transmiten principalmente en medios electrónicos, deliberadamente omiten señalar que los programas sociales -Procampo, Seguro Popular, becas escolares y Oportunidades, entre otros- son financiados con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados.

Además, cuestiona que el Ejecutivo federal tampoco deja claro que no pretende orientar o condicionar el voto de los ciudadanos en el próximo proceso electoral.

De acuerdo con la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Marcela González Salas, la controversia se presentó debido a la publicidad gubernamental, porque "hay una clara violación a las leyes; se está omitiendo deliberadamente señalar que esos programas son financiados con recursos públicos producto de los impuestos y empréstitos del país; son programas que el Ejecutivo pone en marcha, pero no con recursos personales, sino con dinero de la Federación".

Por otra parte, se espera que este viernes el ministro presidente, Mariano Azuela Güitrón, emita el acuerdo mediante el cual se admita o rechace la petición de las cámaras de Diputados y Senadores para que la Suprema Corte -con base en el artículo 97 constitucional-, investigue la presunta violación grave de garantías individuales en agravio de la periodista Lydia Cacho por el gobernador Mario Marín y otras autoridades de Puebla. En el mismo documento se señalará el nombre del ministro instructor quien, de acuerdo con las fuentes consultadas, tardaría unas tres semanas en presentar ante el pleno su proyecto de dictamen.

En caso de que el pleno determine que sí indagará los hechos, nombraría a los ministros integrantes de la comisión de investigación y delimitaría los alcances y propósitos de la pesquisa.

Pero si Mariano Azuela emite un acuerdo que deseche la petición, o bien que el ministro instructor considere que no reúne los requisitos para que la SCJN conozca del caso, en ambas situaciones los legisladores podrán interponer un recurso de reclamación que sería resuelto por el pleno.

Los ministros ya empezaron a recopilar información sobre el caso Lydia Cacho, y hay quienes inclusive tienen preparado a su grupos de colaboradores con el propósito de que, en caso de ser designado instructor del asunto, esté en condiciones de elaborar lo antes posible el dictamen correspondiente.