Impunidad, como en el 68: ex dirigentes de ese movimiento

El abuso de poder que caracteriza la complicidad e impunidad entre funcionarios y empresarios en el caso de la periodista Lydia Cacho, es la misma característica que tuvieron los crímenes de Estado cometidos el 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y durante la guerra sucia de los años 70, donde los casos llegaron al extremo de aplicar políticas de genocidio.

Afirmó lo anterior el Comité 68, el cual agregó que el hecho de que se pretenda mantener hasta la fecha ''las deformaciones en el ejercicio del poder'', evidencia la necesidad urgente de llevar a término los juicios penales en contra de los ex gobernantes homicidas -como el ex presidente Luis Echeverría-, porque mientras esto no suceda ''la impunidad prevaleciente funciona como garantía para reiterar conductas delictivas de extrema gravedad''.

Los integrantes del Comité 68 señalaron que ''resulta sospechoso'' que en el caso del gobernador de Puebla, Mario Marín, los priístas y su candidato Roberto Madrazo hayan solicitado la intervención de la Suprema Corte para asegurar un desempeño ''imparcial'' de las investigaciones, cuando por otra parte el comité ha presentado en los últimos dos meses cinco promociones en los que se exhorta a los ministros a que ejerzan su facultad de investigación para los hechos del 10 de junio de 1971, y todas esas peticiones han sido rechazadas por ''notoriamente improcedentes''.

La Corte establece que los únicos facultados para solicitar su intervención, según el artículo 97 constitucional, son: el Presidente, alguna de las cámaras y los gobernadores.