Su postura únicamente es como "tribunal ético y moral", sostienen juristas
Si sólo interviene la Corte en el caso Lydia Cacho, propiciará impunidad
También deben actuar el Congreso de la Unión y la PGR en el ámbito de su competencia
En el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y la confabulación de autoridades del estado de Puebla con un empresario textilero señalado como presunto pederasta, con el propósito de encarcelar a la autora del libro Los demonios del Edén, que trata sobre prácticas de paidofilia, "se impone como necesaria la intervención de la Suprema Corte", pero sin que la Procuraduría General de la República (PGR) y el Congreso de la Unión dejen de hacer la labor que les corresponde en ese asunto, señalaron los doctores en derecho Jesús Zamora Pierce y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Entrevistados por separado, los juristas indicaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuenta con elementos suficientes para ejercer su facultad de investigación en el caso de la comunicadora. Señalaron que si bien es conveniente conocer la postura de la Corte como "tribunal ético y moral", de muy poco serviría que sólo sean los ministros los que inicien una investigación contra el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, porque de ser así el funcionario estatal podría quedar en la impunidad.
Para Zamora Pierce, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, además de la investigación que pudiera ordenar la SCJN, es necesario que la PGR continúe las pesquisas con el propósito de que pueda sancionar penalmente a Marín Torres, además de que el Congreso de la Unión debe agilizar la declaratoria de procedencia para destituirlo de su cargo y retirarle el fuero constitucional.
Agregó que "existen elementos suficientes para presumir que el gobernador ha realizado actos delictuosos, inmorales e indebidos; que ha abusado de su puesto y ha hecho un uso indebido del mismo; que ha puesto en el mercado, al mejor postor, las facultades de la gubernatura. Si una autoridad competente lo investiga en forma eficaz, a partir de los elementos indiciarios que ahora existen, llegaría a tener la prueba plena de que esto ha sucedido y sancionaría con su destitución y la cárcel al gobernador".
Precisó que las facultades de la SCJN son "incompletas", porque sí puede investigar pero no está facultada para dictar una resolución que se aplique obligatoriamente, ya que se trata de casos en que los ministros actúan sólo como "tribunal moral", según establece la Constitución.
"La intervención de la SCJN acaba teniendo un carácter de reproche moral, y eso no está mal, tan sólo en el sentido de que quizá la participación de la Corte motive y presione a las otras autoridades a que ejerzan sus facultades y sancionen al gobernador poblano, que es una vergüenza nacional", puntualizó el penalista.
Aclaró que la averiguación previa iniciada en la PGR, en virtud de la denuncia penal que presentaron diputados perredistas contra el gobernador poblano y el empresario textilero Kamel Nacif, continuará de manera independiente a la eventual investigación de la SCJN. "Para ahorrar tiempo, mientras la PGR y la Corte investigan al gobernador, la Cámara de Diputados debe proceder al desafuero del funcionario, pues si se determina que incurrió en algún delito necesita despojársele del fuero para que se le pueda juzgar en tribunales".
A su vez, Arturo Zaldívar, ex presidente de la Comisión de Derecho Constitucional de la Barra Mexicana de Abogados, consideró que la Corte sí debe investigar el caso Lydia Cacho.
Según el jurista hay cuatro razones básicas para que la Corte conozca del tema: "Primero, por tratarse de un ataque institucionalizado contra una periodista. Segundo, porque puede tratarse de un ataque a la libertad de expresión. Tercero, por el tipo de delitos que denuncia en el libro Los demonios del Edén, que dio lugar a la persecución de Lydia Cacho, y no son menores sino particularmente graves. Y cuarto, porque casos como éste ponen en duda la credibilidad de la impartición de justicia en México".
Refirió que la difusión de las llamadas telefónicas entre el gober precioso y el llamado rey de la mezclilla, en las que se evidenció una confabulación para encarcelar a Lydia Cacho, "nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de despenalizar la libertad de expresión. Cuando hay abusos o excesos en la manifestación de las ideas, únicamente deben dirimirse por los canales civiles y la reparación del daño moral, pero debemos quitar la carga penal".
Por su parte, Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, opinó que la autoexculpación del gobernador Mario Marín Torres en el caso de la periodista Lydia Cacho y sus relaciones con pederastas, demuestra "un relajamiento de la vida jurídica en el país". Lo peor es que la posibilidad de que se llegue a un acto de justicia es "sumamente remota", a pesar de la intervención de la SCJN. Marín, al eximirse de culpabilidad, obstaculiza que los mexicanos sepamos la verdad y que se haga justicia, indicó.