La administración del Distrito Federal aún puede recurrir ante un tribunal colegiado
Concede la justicia federal el amparo al hotel Sheraton; no podrá ser clausurado
Sigue pendiente la resolución sobre el juicio de garantías, el cual podría llevar seis meses
El hotel María Isabel Sheraton ganó ayer la primer batalla jurídica al Gobierno del Distrito Federal, al obtener una suspensión definitiva que le garantizará, al menos por seis meses, que no sean clausuradas sus instalaciones por presuntas violaciones a diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.
De acuerdo con fuentes judiciales, la resolución de la juez Luz María Díaz Barriga, titular del juzgado séptimo de distrito en materia administrativa, puede ser impugnada por el gobierno capitalino mediante un recurso de revisión que resolvería un tribunal colegiado, es decir, que aún cabe la posibilidad de que la suspensión sea revocada en segunda instancia.
Las fuentes consultadas precisaron que el juzgado séptimo determinó ayer que la administración del hotel no podrá ser clausurada, pero sí podría perder temporalmente el permiso para la operación de dos bares, en caso de que así lo considerara necesario la autoridad capitalina.
El hecho de que el hotel haya obtenido la suspensión definitiva de los actos reclamados (las medidas de apremio administrativo que pretende imponerle la delegación Cuautémoc) no significa que los representantes legales del Sheraton hayan ganado un amparo definitivo.
Aún está pendiente la resolución, en el fondo, del juicio de garantías iniciado a petición de la parte quejosa, el cual podría tardar en resolverse al menos seis meses. Sin embargo, mientras no haya una resolución final del caso -cuando se conozca si procede el amparo-, el hotel no podrá ser clausurado.
El pasado 10 de febrero, La Jornada dio a conocer de la existencia de la demanda de amparo que presentó el hotel María Isabel Sheraton, ubicado sobre Paseo de la Reforma, a unos pasos de la embajada de Estados Unidos, así como la suspensión provisional que le otorgó la juez Díaz Barriga.
El 8 de febrero, la delegada de Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, adelantó que clausuraría temporalmente el hotel y le impondría otras sanciones administrativas. Días antes habían sido expulsadas de ese lugar 16 cubanos por presuntas órdenes del Departamento del Tesoro estadunidense.
Entre las presuntas irregularidades que fueron detectadas destacan dos bares que operan sin licencia, tres mil metros cuadrados de construcción que no cuenta con el permiso correspondiente, así como carencia de lugares para el estacionamiento de vehículos.