En México, el gobierno federal, estatal y municipal nos dicen que nos acercamos a una crisis del agua. Hay una especie de terrorismo con las cifras: se nos dice que para cada mexicano tenemos algo así como una cuarta o quinta parte del agua que teníamos hace cincuenta años (es cierto). Tal razón es aritmética: hoy somos cuatro o cinco veces la población de entonces, pero nos insisten que esa reducción tan dramática se debe a una irresponsabilidad mayúscula en el empleo del agua por parte de lo usuarios.

Ante el grave problema de deterioro del agua, nos dicen que quien más contribuye a su contaminación es el campo, luego la industria y por último el consumo humano.

Ésta es una verdad a secas. Al mencionar la agricultura no se dice que los que más contaminan son los grandes distritos de riego altamente tecnificados que están en manos de las agroindustrias. El proceso grave de contaminación no está en las pequeñas unidades de riego. Está en las zonas de explotación intensiva donde se utilizan grandes cantidades de agroquímicos. Ésta no es la práctica usual de la mayor parte de los agricultores de medianos y bajos ingresos --pero en la explicación invocada se barre parejo.

Se reconoce que la industria es otro gran contaminador. Lo que no se dice es que la industria se abastece sobre todo de concesiones de agua federales, que no pasan por los órganos locales de control --no tienen injerencia los municipios ni los gobiernos estatales-- porque estas grandes concesiones las controla directamente la Comisión Nacional del Agua y son parte de la política recaudatoria de la secretaria de Hacienda. Los grandes usuarios operan pozos profundos, explotan las aguas subterráneas que son las de mejor calidad.

Se nos dice que un grave problema es la falta de recursos públicos para la inversión, pero no se nos dice que del total de las grandes concesiones de agua la secretaría de Hacienda recauda del 20 al 30 por ciento de lo que debería. Se alega que se entrega agua muy buena a los grandes usuarios porque la pagan, pero al final aprovechan un agua por la que pagan unos 20 centavos de cada peso que deberían pagar.

Hace cincuenta años teníamos unos 13 millones de litros al año por habitante. Hoy tenemos unos 4 millones de litros por habitante al año.

El problema de fondo es dónde está esa agua. La concentración poblacional no coincide con las zonas donde hay agua. En el sureste hay casi tres cuartas partes del agua en el país, pero ahí vive sólo una cuarta parte de la población total. En el altiplano no hay agua pero se concentra la mayor parte de la población. Del altiplano hacia el norte se ubica la mayor parte de la actividad industrial que consume mucha agua, pero en el norte no hay agua.

Debido a esto, los mexicanos nos hemos ido a utilizar principalmente las aguas subterráneas de los acuíferos. Estamos explotando el agua más allá de la capacidad natural de algunas zonas. El gobierno nos dice: "esta situación nos obliga a invertir muchísimo dinero". Para mantener los servicios de agua como hoy operan en México, haría falta invertir de 20 mil a 24 mil millones de pesos al año. Faltaría un 30 y un 50 por ciento más para resolver los rezagos que tenemos, en los próximos 15 o 20 años.

Es mucho dinero, pero si lo comparamos con la cantidad que de los recursos públicos se entregó a las empresas que están en la panza del Fobaproa, 24 mil millones de pesos son una cantidad ridícula. Tras la crisis de diciembre de 1994 lo que el gobierno ha aportado al Fobaproa es cercano al billón de pesos. Los 30 mil millones de pesos que habría que invertir anualmente en agua los próximos 30 años, suman casi ese billón de pesos.

El gobierno dice, como no tenemos ese dinero y tenemos poca agua y la que tenemos se está ensuciando, requerimos fuentes de financiamiento. Por eso es la privatización.

Hace casi veinte años se intenta privatizar los servicios de agua. Este intento avanza poco, por varias razones: hace un siglo en este país hubo una revolución armada y entre las demandas centrales, además de la tierra, estaba el agua. El agua es central. Es uno de los pocos recursos que sentimos muy nuestros, en torno del cual los mexicanos sentimos que tenemos todos los derechos. Por tanto el proceso de privatización avanza de manera muy cautelosa, pues se hace en lo oscurito y debajo de la mesa.

Cuando se invita a una empresa privada a invertir en agua la empresa calcula su margen de utilidad. Si se compara el dinero que hay que invertir para hacer un buen negocio en distintos renglones de infraestructura, el agua es de los menos rentables. Son más rentables las carreteras, los ferrocarriles, las telecomunicaciones. Como éste es un planteamiento recurrente de las empresas invitadas a invertir en agua, el gobierno se saca de la manga las reformas legales que conducen a la Ley de Aguas Nacionales de Salinas de Gortari en 1992.

Salinas de Gortari reforma el 27 constitucional y sus leyes reglamentarias. Una es la Ley de Aguas Nacionales que legalizó un proceso que ocurría ilegalmente desde 1982: la transferencia de la responsabilidad de los servicios de agua a los municipios.

Antes, existían las juntas municipales de mejoras públicas que, entre otras cosas, manejaban el agua. Cuando en el gobierno de Miguel de la Madrid se empezó a entregar la responsabilidad de los servicios de agua a los municipios, no se les dieron los recursos y, en 1992, al legalizar la transferencia, se les entregaron recursos pero sólo en parte. En el sexenio de Zedillo se inventó el Promagua, que tuvo su origen en el Fondo de Inversión de Infraestructura (Finfra), fondo nutrido con dinero de los impuestos destinado a apoyar a los municipios. Pero Zedillo plantea apoyarlos siempre y cuando admitan la participación de una empresa privada en el desarrollo de los servicios. La ley dice que los principios básicos de cualquier programa de gobierno deben basarse en la equidad. Y aunque las reglas de operación del Promagua y del Finfra dicen que son recursos para todos, en la práctica se da prioridad a aquellos municipios que admitan la participación privada.
 
 

Un grave problema es que los gobiernos adecúen las leyes en función de las necesidades de sus programas. Hoy, en el colmo del descaro diputados y senadores de todos los partidos --por unanimidad-- aprobaron la nueva Ley de Aguas Nacionales que refrenda y legaliza la privatización de los servicios municipales de agua; que por primera vez autoriza privatizar toda la infraestructura hidráulica de propiedad federal: todas las presas y grandes canales, los canales principales, los que abastecen los distritos de riego, las unidades de riego para el desarrollo rural. Y autoriza algo iniciado en 1992: la venta de derechos de extracción del agua. Un ejido, una unidad de riego, de cualquier tamaño, operan mediante concesiones que establece el 27 constitucional para extraer cierto volumen de agua al año. Esos eran derechos intransferibles. Si alguien pretendía transferirlos los perdía porque eran propiedad de la nación. Ya no lo son con la última ley aprobada por todos los partidos.

Ahora el señor Usabiaga (que despacha de secretario de Agricultura y es orgullosamente uno de los grandes productores de ajo y hortalizas en el Bajío), ya no necesita rentar pozos o tierras porque tiene la libertad de comprar derechos de agua.

Hoy tiene valor el agua y no la tierra. Para reconstituir el latifundio no hace falta concentrar tierra, basta concentrar los derechos de agua, que hoy es legal comprar, vender y transferir. Por eso la nueva ley autoriza la creación de mercados del agua donde cualquiera puede llegar a vender su título de derecho de extracción de agua. Generalmente los que venden lo hacen por necesidad. Cuando no hay programas de apoyo para el campo, evidentemente la venta de derechos de agua es una solución efímera, porque es de corto plazo, pero la venta es para siempre.

 
 

Félix Hernández Gamundi, ingeniero que hace veinte años acompaña
a diversas comunidades en los problemas del agua.
Esta es una versión abreviada de su palabra en el Taller Popular en Defensa del Agua,
abril de 2005, y parte del libro Voces del agua, Editorial Ítaca, de próxima aparición.