La llantera adujo que no podía cotizar exportaciones al país caribeño
La Goodyear aplicó la ley Torricelli en 1993 en México contra Cuba
Pese a los golpes de pecho formales en defensa de la soberanía, las autoridades mexicanas habían permitido de manera pasiva la ejecución extraterritorial de leyes estadunidenses en territorio nacional. El caso del hotel Sheraton (La Jornada, 14/02/06) fue el primer ejemplo concreto de aplicación de la ley Torricelli en México, cuando ésta aún no entraba en vigor. En marzo de 1993, la empresa llantera Goodyear se ciñó también al espíritu de la Torricelli y vulneró las leyes mexicanas que regulan el comercio.
La historia es la siguiente: el 11 de marzo de 1993, Comercial Carimex S.A. de CV, empresa mexicana que comerciaba con Cuba, solicitó al gerente de exportación de Goodyear, Raúl Cruz, una cotización para la adquisición de alrededor de 10 mil unidades de neumáticos y cámaras para el plan de pedraplenes (caminos de piedra entre la costa y el mar) que se llevaba a cabo al norte de Camaguey, en Cuba.
Otto del Toro, director comercial de Carimex, explicó que se pidieron cotizaciones a distintas empresas llanteras radicadas en México. En el caso de la Goodyear, Raúl Cruz le dijo en forma verbal que su casa matriz en Estados Unidos no autorizaba vender a Cuba. Ante el tenor de la respuesta -cuenta Del Toro-, se le pidió a Cruz que lo pusiera por escrito. Pero el gerente de exportación de la Goodyear no respondió.
El 24 de marzo, Carimex envió un fax a la división de Raúl Cruz, que en forma manuscrita decía:
"Para: Goodyear
"Atn. Sr. Martín Marín.
"Ntra. ref. Pedraplenes 93/Produimport.
"De nuestra referencia indicada no hemos recibido la cotización solicitada, no obstante haberse solicitado por este mismo medio desde marzo 11/93.
"Agradeceremos darle celeridad cualquiera que sea su respuesta.
"Gracias anticipadas, Castro."
En el mismo texto y a continuación del mensaje de Castro, también en forma manuscrita, Cruz respondió vía fax: "No podemos cotizar exportaciones a Cuba como se lo confirmé al señor Del Toro. Raúl Cruz/Exports".
En buen romance, la subsidiaria en México de la llantera estadunidense Goodyear aplicó la ley Torricelli en una operación comercial realizada en territorio nacional.
Cuando en septiembre de 1993 trascendió el "caso Goodyear", solicitamos al canciller Solana información sobre la evolución del affaire Sheraton. En una atenta nota informativa, fechada el 15 de septiembre, el vocero de Tlatelolco, Carlos Reta, remitió los tres puntos del comunicado de noviembre de 1992. Y a renglón seguido agregó: "Hasta aquí la posición oficial (de México). A la fecha, no se ha tenido conocimiento de que alguna otra empresa haya intentado asumir una actitud similar. La cancillería sigue sosteniendo esta posición. El propio secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, ha manifestado que México mantiene y mantendrá relaciones comerciales con las naciones que le convenga, de manera independiente de la voluntad o las leyes de otros países. La libertad de comercio -expresó el canciller- es un principio fundamental del derecho internacional que no está a discusión ni depende de los intereses o leyes particulares de Estado alguno".
En ese marco, es preciso señalar -continuaba la nota de Tlatelolco- "que el gobierno mexicano mantendrá su rechazo a todo intento por aplicar las leyes de un país más allá de sus fronteras, pues ello constituye una violación a principios torales del derecho internacional. Esta actitud, como se recordará, se sostuvo en todo momento ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos para avalar los secuestros internacionales".
El comunicado de Tlatelolco tenía un solo error: el Sheraton no intentó acatar la Torricelli; la aplicó. Por otra parte, nada dijo la cancillería acerca de qué había pasado con el "caso Sheraton". Después se supo que no pasó nada. Se discutió, sí, en el gabinete presidencial, pero no hubo acuerdo. Las posiciones principistas de la cancillería cedieron ante las de la Secretaría de Comercio, que con aval presidencial había subordinado cualquier tema bilateral con Estados Unidos a la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC). De allí que no se aplicó ninguna sanción ejemplarizante contra el Sheraton, pese a que había vulnerado la soberanía nacional.
Artículo "dulcificado"
En relación con los casos del Sheraton y la Goodyear, el reconocido internacionalista César Sepúlveda comentó entonces a este reportero que lo que cabía era aplicar las leyes mexicanas. En particular, el artículo 27, ya modificado y "dulcificado" para atraer inversiones extranjeras; pero que aun así establecía sanciones para las empresas que violaran las leyes al hacer discriminaciones. Según Sepúlveda, la cláusula Calvo estaba vigente, pero no se aplicaba. En su esencia, los extranjeros no podían pretender mayores derechos que los nacionales y debían someterse a la jurisdicción del Estado donde residían. En el caso de las compañías extranjeras radicadas en México, firmaban una cláusula o convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores donde aceptaban someterse a las leyes nacionales bajo pena de perder bienes y derechos.
Pero en la práctica, la cláusula Calvo había sido relegada, porque "choca contra la inversión extranjera y contra el espíritu del libre comercio", dijo Sepúlveda. En los círculos mexicanos pro TLC se le consideraba muy "radical". La cláusula Calvo fue la que aplicó el presidente Lázaro Cárdenas para nacionalizar el petróleo, pero en los años del TLC había sido sometida a un proceso de "dulcificación" para atraer la inversión extranjera. El primer sector que se abrió fue el turístico (donde se concedió la posibilidad de más de 51 por ciento a capital foráneo). Pero eso no era suficiente para los partidarios del libre comercio, y la ley de inversiones extranjeras estaba a revisión.
El affaire Sheraton provocó una fuerte protesta diplomática cubana ante la SRE, pero quedó sin solución. El caso Goodyear siguió el mismo camino. En aras del TLC, las posiciones principistas de Tlatelolco habían caído en saco roto. Finalmente, en octubre de 1996 entraría en vigor la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional, considerada un antídoto contra ley Helms-Burton, vigente desde mayo de ese año. La Helms-Burton, de aplicación extraterritorial y considerada una aberración jurídica por la Unión Europea y Canadá, recuperaba el espíritu de la ley Torricelli y acentuaba el ilegal bloqueo contra Cuba, que en los últimos 10 años ha sido repudiado en la ONU por la comunidad internacional. El año pasado, 182 estados, incluido el mexicano, rechazaron en la Asamblea General el bloqueo que durante 45 años han realizado los consecutivos inquilinos de la Casa Blanca.
La ley antídoto de México tiene como objeto específico proteger el comercio y la inversión, pero su propósito fundamental es salvaguardar la soberanía nacional. La postración del gobierno federal ante el caso Sheraton, que significa una flagrante violación de la soberanía nacional, es una muestra más de la subordinación foxista a la agenda de Washington. No hay que olvidar, en la coyuntura, las palabras del halcón John Dimitri Negroponte, actual capo máximo de las agencias de espionaje estadunidenses, en el sentido de que México -al que comparó con Haití y Jamaica- tiene un "gobierno débil, vulnerable y sin voluntad para hacer cumplir las leyes". Viejo agente provocador, Negroponte está jugando rudo por instrucciones de la administración Bush. Sus alusiones a la emergencia de figuras "populistas radicales" que abogan por "políticas económicas estatistas" en América Latina a las que Estados Unidos considera una "amenaza", embonan con los comicios mexicanos de julio próximo. El mensaje es obvio. La implícita mención a Andrés Manuel López Obrador.