En puerta, el primer negocio en consorcio con la brasileña Petrobas

YPFB, punta de lanza de la política nacionalizadora de Evo Morales

La mayoría de trasnacionales que opera en el país se plegará a la nueva ley energética

AFP

La Paz, Bolivia, 18 de febrero. La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se proyecta a las grandes ligas de negocios internacionales, tras su última y más profunda privatización en 1996, de la mano del gobierno actual del indio izquierdista Evo Morales.

YPFB es la punta de lanza de una política de nacionalización que pregona Morales con base en la nueva ley petrolera estatista.

Un mes después de asumir Morales, YPFB, la más importante empresa boliviana reducida a un lote de oficinas y burócratas por el gobierno del empresario derechista Gonzalo Sánchez de Lozada durante su primera administración (1993-97), baraja ya, tras casi una década de inanición, su primer negocio en consorcio con la brasileña Petrobras.

La poderosa petrolera brasileña tiene listo un fondo de 5 mil millones de dólares y está dispuesta a invertirlo en todos los proyectos "viables" que le plantee su flamante socia YPFB que, aún sumida en la pobreza franciscana, no realizará de momento aportes de capital.

Su contraparte son 1.55 billones de metros cúbicos de gas, la segunda reserva sudamericana equivalente a 150 mil millones de dólares a precio de mercado, de acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz.

Petrobrás, que controla 14 por ciento de la reservas gaseras bolivianas y el proceso de refinación y transformación de hidrocarburos en el país, apunta a convertirse en la principal aliada de YPFB.

La firma boliviana tiene por otra parte una sociedad con PDVSA, la poderosísima compañía petrolera de Venezuela, en el marco de la proyectada política Petroamérica del venezolano Hugo Chávez.

Símbolo de dos procesos de estatización en 1938 y 1969, durante los gobiernos de los dictadores German Buchs y Alfredo Ovando, YPFB ha emplazado ya a sus fiscales en los puntos de producción de hidrocarburos -que entre 1997 y 2004 controlaron a discreción 20 multinacionales petroleras- tal como lo manda la nueva ley.

Promulgada en mayo último, la legislación obliga a las petroleras extranjeras a migrar de un régimen de exploración de riesgo compartido, que les permitía embolsarse casi 70 por ciento de las ganancias a otro de producción compartida, en el que deben entregar la mitad de los beneficios al Estado.

Aunque en circunstancias evidentemente incómodas, por las acusaciones de contrabando que pesan en su contra, en línea de sociedad también se ha puesto la española Repsol-YPF, la octava petrolera mundial.

La firma perfila la construcción de un ducto entre el sudeste y el oeste del país y una planta de extracción de gas doméstico con una inversión de 150 millones dólares, de ejecución inmediata.

Repsol enfrenta una honda crisis financiera, producto de la caída de sus acciones en el mercado bursátil, emergente de la reducción de las reservas gasíferas declaradas en Bolivia y Argentina.

La situación de la compañía, que controla el 25.7 por ciento de las reservas de gas bolivianas, podría verse efectada si las sospechas de la Aduana Nacional (AN) de Bolivia acerca de si la petrolera española incurrió en delito de contrabando entre 2004 y 2005, resultaren ciertas tras las investigaciones judiciales.

"Nosotros vamos a denunciar a Andina (filial boliviana de Repsol YPF) por un contrabando de 230 mil 400 barriles (de petróleo), por un monto de 9 millones 215 mil dólares", anunció el presidente de la AN, Ricardo Alba.

Al tiempo de anunciar su nuevo plan de inversión en sociedad con YPFB, el presidente de la compañía hispana en Bolivia, Julio Gavito, ha pedido a la administración Morales retirar las acusaciones: "entre socios es mejor no estar atacándose".

El titular de YPFB, Jorge Alvarado, enfatizó que "si Repsol pone condiciones tendremos que revisar nuestra relación".

Aunque con mucha más cautela que Petrobras y Repsol, Total, de Francia, y British Petroleum, de Gran Bretaña, que a su vez controlan 14.5 por ciento y 16.1 por ciento, respectivamente, de las reservas gasíferas bolivianas, avisaron "claramente" en los últimos días su decisión de sujetarse a las nuevas reglas del juego petrolero en Bolivia, según Soliz.

La mayor parte de las multinacionales petroleras que operan en Bolivia expresaron su disposición a firmar nuevos contratos de concesión.

"De las siete u ocho empresas más grandes que están en Bolivia ni una sola ha dejado de visitar el ministerio para expresar su decisión de cambiar las reglas de juego", reveló Soliz.