Crecen salarios de trabajadores del Estado y gasto en seguridad, concluye EIU

El gran incremento a los salarios en Brasil presionará las finanzas públicas

Pretende el Estado fomentar el consumo y a su vez la actividad económica

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

Hacia finales del mes pasado, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva anunció un aumento al salario mínimo brasileño de casi 17 por ciento, más de 11 por ciento en términos reales. El aumento salarial impulsará el poder de compra de las clases menesterosas y tendrá un impacto positivo en el consumo. Sin embargo, el gran ajuste disparará un incremento en las prestaciones de seguridad social, las cuales están vinculadas al salario mínimo y, en consecuencia, presionará las finanzas públicas.

El riesgo de una desestabilización financiera puede ser mínimo, ya que el gobierno mantiene el compromiso de lograr un superávit presupuestal de 4.5 por ciento del PIB. Pero, el aumento será visto como una medida política y, con seguridad, será un tema candente durante este año electoral. También ha disgustado a muchos inversionistas financieros.

El salario mínimo crecerá de 300 reales (133 dólares) a 350 reales (155 dólares) por mes a partir del primero de abril, sólo seis meses antes de las elecciones generales de octubre. El incremento nominal de 16.7 por ciento es el mayor desde que Lula asumió el poder en enero de 2003 y el más alto desde 2001 (cuando fue de 19.2 por ciento). Toda vez que el índice de inflación (INCP) se elevó 5.05 por ciento el año pasado, el aumento real del salario mínimo será 11.7 por ciento.

Se esperaba un generoso aumento en virtud de la designación de Luis Marinho, ex líder de la más grande federación de sindicatos, la Confederación Unica de Trabajadores (CUT), como ministro del Trabajo (aunque los sindicatos presionaron por un incremento aún mayor, de 400 reales, o 178 dólares). Además de la medida salarial, el gobierno ha aumentado 8 por ciento el límite de ingresos a partir de los cuales deben pagarse impuestos, a partir del próximo año.

De manera habitual, los ajustes al salario mínimo tienen fuerte impacto en las finanzas públicas, no sólo porque se incrementan sueldos de los empleados gubernamentales que ganan el mínimo o múltiplos de él, sino porque las pensiones están vinculadas al mínimo desde que la Constitución de 1988 entró en vigor. Así pues, cualquier incremento al mínimo se convierte en una carga adicional para el presupuesto.

De acuerdo con MB Asociados, consultora local, los fondos públicos tendrán que soportar otra carga de 10 mil 600 millones de reales (4 mil 700 millones de dólares) en el gasto anual (la estimación incluye todos los niveles del gobierno: federal, estatal y municipal) como resultado del incremento. Esto incluye 8 mil 700 millones de reales (3.9 mil millones de dólares) en pagos de seguridad social, lo que redundará en un incremento del déficit de seguridad social. El año pasado ese déficit era de 37 mil 600 millones de reales (16 mil 700 millones de dólares), 17 por ciento superior al de 2004. Esto, a pesar de una reforma al sistema de pensiones adoptada al inicio del mandato presidencial de Lula. En la actualidad, Brasil espera gastar 13 por ciento de su PIB en asistencia social, según Helio Zylbersztajn, experto de la Universidad de Sao Paulo.

Por otra parte, el incremento salarial servirá para fomentar el consumo y, a su vez, la actividad económica. El ajuste del mínimo es considerado por el gobierno como uno de sus principales instrumentos para redistribuir el ingreso, no sólo en beneficio de las personas de menores ingresos, sino de las regiones geográficas mas deprimidas.

El generoso aumento puede también impulsar las perspectivas de relección de da Silva. Sin embargo, sus críticos dicen que no es el medio más eficiente para mejorar las condiciones económicas del país. Sostienen que los fondos deberían invertirse mejor en atender varios cuellos de botella que entorpecen la competitividad de Brasil, en especial en términos de infraestructura.

La amenaza real no es que las finanzas públicas se desestabilicen, sino que las erogaciones adicionales conduzcan de manera inevitable a más impuestos. El Estado brasileño es un gran gastador, y no gasta bien, afirma Sergio Werlang, antiguo director del banco central que ahora se desempeña como director ejecutivo de Itaú, el segundo banco de Brasil. La carga fiscal, en especial para las empresas, es ya enorme.

Además, la carga fiscal y el gasto gubernamental serán temas claves en la futura campaña presidencial. Los adversarios más fuertes de Lula vendrán del Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB). Un posible candidato del PSDB, Geraldo Alckim, gobernador del estado de Sao Paulo, ha prometido reducir el gasto público y fomentar la eficiencia gubernamental si es elegido.

(Traducción Jorge Anaya)