Febrero en el calendario nacional: de la rebeldía a la paz
En la memoria nacional, febrero es un mes de rebeldías fundadoras. En febrero de 1854 maduraba el Plan de Ayutla, de donde nacieron los insumisos de la Reforma. El 5 de febrero, fecha de las Constituciones de 1857 y 1917, celebra héroes que defendieron principios republicanos y revolucionarios, primero como transgresores de la ley, quienes supieron luego revertir el lenguaje de las armas en fundación política durable. Hace 12 años, el 22 de febrero de 1994, entraba a San Cristóbal (por la avenida Insurgentes, por supuesto) la delegación zapatista para su primer diálogo con un comisionado presidencial. Dos años más tarde, un 16 de febrero, se firmaban los acuerdos de San Andrés, promesa frustrada de paz.
En Ayutla, Guerrero, luego en la ciudad de México; en Querétaro y después en San Cristóbal, Chiapas, y finalmente en San Andrés, entonces de ubicación geográfica tan humilde y desconocida como Ayutla, en cinco fechas de febrero se acuñó un símbolo de resistencia nacional con sus promesas de patria y libertad en un país nuevo. En 140 años, febrero pone ritmo a una tradición mexicana de rebeldía creativa, constructiva, concretada por otras campañas que abrieron el horizonte patrio.
El país recuerda las tres primeras fechas como glorias nacionales, pero cualquier historiador sabe que fueron luchas enfrentadas al poder de entonces, con su precio de sufrimientos, de represión, de muertos, las que se pueden reconstruir retomando a contrapelo el hilo de la historia convencional, llamada de bronce.
Las dos últimas fechas tienen el mismo historial dramático que amerita el siguiente recuento de historia inmediata.
Del 22 de febrero al 2 de marzo de 1994 se celebró el primer diálogo de paz entre los rebeldes zapatistas y el comisionado Manuel Camacho, con la intermediación de don Samuel Ruiz, quien ofreció la sede de la "catedral de la paz". Gracias a la tregua del 12 de enero, se habían creado las condiciones para un verdadero diálogo: por parte del gobierno, la delimitación de zonas grises o neutrales sin presencia del Ejército en espacios zapatistas; de la parte zapatista, la liberación del ex gobernador Absalón Castellanos y, para garantizar la transparencia de las convenciones de paz, se había acordado la presencia masiva de la prensa y la sociedad civil.
No fue todavía una negociación sino simplemente un intercambio que ambos bandos, el oficial y el rebelde, calificaron de digno y respetuoso. Al final, se leyeron las dos propuestas, la oficial y la rebelde, es decir, la agenda de una futura negociación, en suma, un protocolo turnado luego a gobierno y zapatistas para su discusión.
El asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo, o sea, el regreso de la política del crimen en el corazón del poder, interrumpió el proceso. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) publicó en la Segunda Declaración de la Selva Lacandona que se negaba a seguir hablando con el gobierno en esas circunstancias sospechosas, pero convocaba a un amplio diálogo, ahora con la sociedad. Se realizó con las sucesivas reuniones de la Convención Nacional Democrática, iniciada en agosto (la última de éstas fue la Convención Nacional Indígena, de diciembre, en la Montaña de Guerrero, cuya declaración sirvió de borrador para los futuros acuerdos de San Andrés).
Al iniciarse el sexenio zedillista, tras el error de diciembre de 1994, el Ejército ocupó posiciones en las zonas grises, a lo que el EZLN respondió por su "ruptura del cerco" militar. Para evitar una nueva espiral de violencia, don Samuel convirtió su catedral de la paz en escenario de su huelga de hambre. Acudieron ayunadores de todas las latitudes, con tal notoriedad que las autoridades del nuevo sexenio enviaron a San Cristóbal una delegación de la Secretaría de Gobernación para planear un nuevo diálogo.
Se dio en la selva el 15 de enero de 1995 entre el flamante secretario de Gobernación y el subcomandante Marcos y sus ayudantes, en presencia de don Samuel, ya presidente de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), las tres instancias con el mismo y estricto número de tres participantes. Fue un breve diálogo respetuoso y franco, tan sincero que terminó con una comida en común. Se separaron con puntos de agenda, pero en la primera fecha de su cumplimiento, el 9 de febrero (otra vez este mes), la cita programada se mudó en emboscada militar, arruinando el diálogo una segunda vez. Se promulgó una orden de arresto en contra de Marcos, se encarceló al mensajero entre Gobernación y los zapatistas, y también a un colaborador de la Conai. El EZLN desapareció en el monte y se perdió el contacto con los rebeldes.
La diplomacia de la Conai y el Congreso de la nueva administración logró una nueva iniciativa, la Ley para el Diálogo del 11 de marzo de 1995: para fortalecer una salida política al conflicto, esta ley todavía vigente cancela la vía policiaca, reconoce en el EZLN a ciudadanos con derecho a inconformarse, crea la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) como coadyuvante del proceso de paz, e instaura una comisión nacional de intermediación (a pedido de la Cocopa fue la Conai, hoy disuelta). Así se dieron las condiciones para un nuevo diálogo, convocado el 9 de abril en la Colonia San Miguel, en la selva, donde se planeó el diálogo de San Andrés para construir los acuerdos de paz.
Los primeros acuerdos (sobre cultura y derechos indígenas) se firmaron en conformidad con esta ley, el 16 de febrero de 1996. Al quedar incumplidos seis meses, estalló una nueva crisis en agosto, que la Cocopa, en las reuniones tripartitas de noviembre y diciembre, trató de superar al redactar, en acuerdo previo con Gobernación, una conversión de sus largos textos en proyecto compacto de reforma constitucional (llamada ley Cocopa). La ratificó el EZLN, no el gobierno, quien, de nueva cuenta, no respetó su propia palabra.
Con este estancamiento del diálogo, los demás acuerdos (sobre justicia, democracia, desarrollo y bienestar, derechos de la mujer) no se negociaron, dejando trunco lo programado. Para remediarlo, de 1997 a la fecha, los zapatistas multiplicaron iniciativas pacíficas: entre otras, la marcha a México de los mil 111, una gran consulta nacional, la formación de consejos municipales autónomos, la marcha por la dignidad en varios estados y al Distrito Federal, coronada en marzo de 2001 por una sesión zapatista en el Congreso. Las respuestas oficiales fueron: la masacre de Acteal, el desmantelamiento militar de tres municipios autónomos y una contrarreforma que es un insulto a los primeros acuerdos. La penúltima iniciativa zapatista fue la creación de los caracoles con sus juntas de buen gobierno, y la más reciente, la Sexta Declaración de la Selva Lacandona para desencapsular el éxito de éstas con la otra campaña, actualmente en curso.
En tres sexenios, el poder en función cerró la vía negociada al incumplir su firma o su palabra, privilegió las respuestas militares y despreció las salidas políticas del EZLN, es decir, se marginó solo del proceso de diálogo.
La otra es una nueva etapa del diálogo nacional, ya no con el poder y su clase política, sino con el país entero, estado tras estado; por lo tanto no es tiempo de negociación sino sólo un operativo político para tratar de detectar abajo otro país, despertarlo, darle la palabra y hacerla escuchar. El EZLN ya no se asesora con celebridades académicas en una sede como en las mesas de San Andrés, sino con un acompañamiento colectivo y creativo in situ de las víctimas del poder y del sistema, es decir, con quienes saben organizar su indignación para volverse pueblo (en el que reside la soberanía nacional, según todas las constituciones democráticas) y rehacer nuevo el país descompuesto por un sistema depravado.