Editorial
Caso Lydia Cacho: complicidades en altas esferas
La red de pederastia puesta al descubierto por la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro en su libro Los demonios del Edén, que está bajo investigación en México, Estados Unidos y otros países de Sudamérica y Europa, es un hecho de mayor gravedad de lo que se creía en un inicio. De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), hay por lo menos 30 empresarios nacionales involucrados en esta organización criminal.
La PGR informó ayer viernes que la red de pederastia con posibles ramificaciones en Estados Unidos, Brasil, Colombia, España y Hong Kong se dedicaba al turismo sexual infantil y a la distribución de pornografía infantil en Internet. Aunque la dependencia no mencionó a nadie, por el momento se cuenta con dos nombres: Jean Succar Kuri, quien encabezaba esta organización criminal y que se encuentra detenido en Arizona desde hace dos años a la espera de ser extraditado a México para ser juzgado por este caso, y Kamel Nacif Borge, un prominente hombre de negocios del ramo textilero.
Tal y como este diario lo ha venido señalando, las grabaciones entre Nacif Borge y el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, sobre la intriga contra Cacho Ribeiro, demuestran una lamentable connivencia entre el poder político y el poder económico que pone en entredicho el estado de derecho y el respeto hacia la independencia del sistema judicial, a la vez que revela la perversión de la justicia para proteger intereses oscuros, por decir lo menos. Al respecto, Lydia Cacho denunció presiones de "muy arriba" para bloquear la extradición de Succar Kuri, las cuales podrían deberse a las "millonarias aportaciones del empresario textilero Kamel Nacif a la fundación Vamos México", dirigida por Marta Sahagún de Fox. La periodista también denunció los vínculos entre Succar Kuri y el senador Emilio Gamboa Patrón, del Partido Revolucionario Institucional, quien "lo ayudó a establecer negocios en el aeropuerto de Cancún".
Por otra parte, resulta escandaloso el ínfimo nivel de la discusión y el análisis que las fuerzas políticas están ofreciendo en este caso, con campañas de desprestigio y descalificación, alusiones a la vida privada de los políticos que enturbian el debate y acciones para manipular este asunto con miras a obtener beneficios electorales.
La respuesta de Marín Torres a la revelación de las grabaciones no es la que se debería esperar de un gobernante en el marco de una democracia. En vez de esclarecer los hechos, el Ejecutivo estatal descalificó la labor de los periodistas y orquestó en Puebla una manifestación en su apoyo al más puro estilo del priísmo de viejo cuño: miles de acarreados, promesas de entregar ayudas por participar en la protesta, funcionarios estatales dictando consignas a los manifestantes y lemas contra medios de comunicación como La Jornada fueron las características de la marcha realizada ayer viernes.
Ante este panorama, cabe preguntarse dónde quedó el juego limpio entre las fuerzas políticas, que han fallado en su promesa de establecer un debate de ideas y propuestas de altura, que efectivamente sirva para que la ciudadanía pueda escoger a su mejor opción de manera informada. Por el contrario, los partidos y sus candidatos han optado por una guerra electoral de un nivel deleznable, en la que abundan los golpes bajos, las agresiones personales y los episodios de espionaje.
Por estas razones, la clase política debería hacer un esfuerzo para limpiar su modo de operar y para desmarcarse de intereses particulares oscuros, ya que si algo ha quedado en claro en este asunto es que existe una red de complicidades a los más altos niveles entre los 30 empresarios involucrados en este escándalo y políticos sin escrúpulos.