ECONOMIA MORAL
Elecciones excluyentes y controversia constitucional
Consejo de Evaluación; se repite el pacto para la elección en el IFE
La economía moral es convocada a existir como resistencia a la economía del "libre mercado": el alza del precio del pan puede equilibrar la oferta y la demanda de pan, pero no resuelve el hambre de la gente
EN LOS PROXIMOS días la Cámara de Diputados interpondrá dos controversias constitucionales contra el Ejecutivo Federal. En ambos casos, el respaldo requerido por la Constitución (la mitad más uno de los legisladores presentes) se alcanzará mediante la concurrencia de los diputados y diputadas del PRI y de los partidos que conforman la coalición Por el Bien de Todos.
LA PRIMERA CONTROVERSIA es una respuesta vigorosa a la inusitada y descarada ofensiva propagandística del Presidente de la República que en radio y televisión, de manera abierta, está invitando a la población a votar por el candidato del PAN (según el diputado Carlos Flores Rico, del PRI, son 80 mil espots diarios).
LA SEGUNDA SERA contra el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), publicada por Vicente Fox, el 18 de enero pasado, porque en ella el Ejecutivo excede sus funciones reglamentarias e invade las atribuciones legislativas del Congreso de la Unión, al atribuir a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) facultades que, según la LGDS, no le son propias y, por tanto, al reducir las facultades que ésta le otorga a otros organismos. Este reglamento lo he comentado en múltiples ocasiones en esta columna. También en múltiples ocasiones he analizado las violaciones en las que ha incurrido la Sedeso en el Decreto que regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Consejo). En aquella ocasión, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para someter al pleno irse a controversia constitucional; sin embargo, no lo sometió al pleno porque se abrió un espacio de negociación para reformar el Decreto. La negociación fue exitosa. En mi oficina de la Cámara, con la participación activa de las diputadas Clara Brugada, del PRD, y Sonia Rincón, del PRI, acordamos con Rodolfo Tuirán, entonces subsecretario de Sedeso, las reformas necesarias al decreto. A cambio de la promesa de Josefina Vázquez Mota, hecha pública en una comparecencia en el Congreso, como consta en la versión estenográfica de la misma, la Cámara de Diputados se abstuvo de interponer la controversia. Ahora resulta que la nueva secretaria de Desarrollo Social, sin mayores explicaciones, ha dado a entender, sin hacerlo explícito, que dicha reforma no será publicada. De confirmarse esto, quedaría claro que los foxistas no sólo tienen tendencia a violar la ley, sino también a faltar a su palabra. Convoco a Ana Teresa Aranda a que cumpla la palabra del gobierno en el que colabora, publicando el decreto reformado del Consejo Nacional de Evaluación.
TODO ESTO OCURRE al tiempo que se hace público el complot entre el gobernador del estado de Puebla y un particular para actuar en contra, burda y groseramente, a través del aparato de justicia y fuera de él, de una periodista que se ha atrevido a denunciar uno de los crímenes más aberrantes: la pederastia.
TAMBIEN SIMULTANEAMENTE, pero de manera casi desapercibida para los medios de comunicación, tuvo lugar una elección que tendría que haber sido muy importante si los temas de la política de desarrollo social fuesen materia del debate público. Tal como prevé la LGDS, la Comisión Nacional de Desarrollo Social, integrada por 44 miembros (los 32 responsables del tema en cada una de las entidades federativas, 6 secretarías del Gobierno Federal, 4 organizaciones municipales y los 2 titulares de las comisiones de desarrollo social de las dos cámaras del Congreso) eligió hace unos días a los 6 académicos que deben integrar el Consejo.
ESTA ELECCION HA sido una repetición, previsible y anunciada, a pesar de los esfuerzos que realizó el PRD para evitarlo, del horror de la elección en la Cámara de Diputados en 2003 de los consejeros del IFE, en la cual PRI y PAN excluyeron al PRD, lo que significó una grave pérdida de legitimidad de esta institución central en la incipiente democracia mexicana.
EL CONSEJO PODRIA ser para la política de desarrollo social lo que el IFE ha sido para el proceso electoral. Así como el dicho instituto ha significado la credibilidad y la transparencia de las elecciones, el Consejo podría significar la credibilidad y transparencia de las evaluaciones de programas y de la medición de la pobreza. Por ello he insistido en llamarle el IFE social. Pero en su primera elección, la que permitirá la instalación del mismo poco más de dos años después de la promulgación de la LGDS que crea esta institución, volvió a repetirse la historia.
EL PRI Y EL PAN se pusieron de acuerdo y entre 24 expedientes (aparentemente válidos) de aspirantes que registraron su intención como respuesta a la convocatoria emitida por el secretario ejecutivo del Consejo (publicada el 30 de noviembre del 2005), eligieron a los 6 académicos integrantes con números de votos que muestran un mayoriteo total. En efecto, al parecer casi todos los responsables de desarrollo social en las entidades federativas gobernadas por el PRI y Accipon Nacional, así como casi todos los secretarios del gobierno federal, votaron por una planilla única.1 Desconozco quiénes y cómo armaron la planilla, qué negociaciones tuvieron lugar, quién dio la línea. Es muy probable que haya intervenido la Sedeso o quizás los gobernadores panistas.
SE DEJO FUERA otra vez al PRD. En el 2003 con ello se excluyeron del IFE a personas muy destacadas que hubiesen mantenido el prestigio que había ganado con justa razón la institución, como Clara Jusidman, José Antonio Crespo, Mauricio Merino, Jorge Alonso.
AHORA, AL EXCLUIR al PRD en la conformación de la planilla, han dejado afuera a Myriam Brum Cardozo, profesora de la UAM-Xochimilco, que en un país sin experiencia en evaluación destaca de manera notable por su vasta experiencia en la materia, a la que ha dedicado buena parte de su vida profesional de más de 30 años. También me excluyeron a mí, que soy experto internacionalmente reconocido en medición de la pobreza, y que llevo más de 25 años dedicado a su estudio y a la lucha contra su prevalencia. El Consejo tiene dos funciones: evaluar la política de desarrollo social y medir la pobreza, además de definir las normas para ambas tareas. Para tan grave responsabilidad tendrían que haberse elegido los mejores. Sin embargo, los electores no hicieron su tarea, por eso no identificaron las altísimas capacidades de Brum Cardozo. En mi caso me vetaron, como hubiesen vetado a cualquiera que tuviese vínculos conocidos con el PRD. Así lo expresaron y así llegó a mis oídos. En síntesis, excluyeron a quienes más saben de cada una de las dos materias que son responsabilidad del Consejo.
LOS DERECHOS DE las minorías han sido pisoteados en ambas ocasiones: en el IFE y en el IFE social. Las alianzas entre partidos para aprobar o rechazar dictámenes son inevitables y quizás necesarias. Sin embargo, cuando se eligen integrantes de organismos sociales de la importancia del IFE y del Consejo, deberían prevalecer reglas similares a las que aplican cuando elegimos a los integrantes del Congreso de la Unión. El sistema de diputados y senadores plurinominales permite que las minorías estén representadas. Aunque un partido ganase los 300 distritos electorales, los votos minoritarios de los ciudadanos inclinados a favor de la oposición se rescatarían en la forma de diputados y diputadas plurinominales, permitiendo que los partidos de oposición estuviesen representados en la Cámara de Diputados. Algo similar se aplica en el Senado.
¿QUÉ HACER PARA elegir racionalmente a los integrantes de organismos como el IFE o el Consejo? Cuando se discutió en la Cámara de Diputados la minuta del Senado con la LGDS, propuse que la selección (que en eso se transformaría) de los postulantes a integrantes académicos del Consejo no la hiciese la Comisión Nacional de Desarrollo Social, sino el Comité de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Mi propuesta no generó, en 2003, el consenso entre diputados y senadores de las mesas directivas de las respectivas comisiones en ambas cámaras del Congreso.
TRANSCURRIDA LA PRIMERA experiencia, ratifico mi planteamiento. No podemos dejar a la lógica de las alianzas políticas la designación de personas cuya tarea tiene alto contenido científico. Los electores designados por la LGDS no estuvieron a la altura de la alta responsabilidad que se les asignó, ya que la mayoría de ellos (y ellas) actuaron por consigna y no de acuerdo con su mejor opinión. Debemos reformar la LGDS para designar al Comité de Ciencias Sociales del SNI como el responsable de nombrar a los integrantes académicos del Consejo. No hay en el país un grupo mejor capacitado para analizar hojas de vida y las evidencias académicas y valorar, en consecuencia, las capacidades científicas de los postulantes.
OTRA MANERA DE evitar la exclusión de las minorías sería especificar en la LGDS que la elección en el seno de la Comisión Nacional de Desarrollo Social debe ser por consenso, obligando así a las mayorías a negociar con las minorías. Seguiría siendo un procedimiento político, pero si en el caso del IFE hubiese existido la misma regla, en el IFE actual estaría uno de los cuatro valiosos personajes que se excluyeron y que mencioné antes. En el caso del Consejo, yo hubiese sido incluido y quizás también Myriam Cardozo o Araceli Damián.
EL CONSEJO, APARTE de la escasa limpieza del proceso de su selección, nace con problemas en su marco legal. El decreto que lo regula fue impugnado por la Cámara de Diputados y, si bien legalmente está vigente, carece de toda legitimidad, ya que ésta pertenece al reformado, que alguien al parecer ha vetado en el gobierno federal. Además, el reglamento de la LGDS, que incluye un capítulo sobre evaluación (que no es consistente ni con el decreto ni con la LGDS), será materia de una controversia constitucional, como mencioné al principio. ¿Cómo va a organizarse en esas condiciones el Consejo? ¿Qué legitimidad tendrán los académicos cuando pasan a formar parte del Poder Ejecutivo federal, cuyo jefe hace campaña por el PAN?
1 La planilla única del PRI y del PAN estuvo conformada por los siguientes, que enumero según el número de votos recibidos, mismos que pongo entre paréntesis después del nombre: Agustín Escobar Latapí, del CIESAS Occidente, Guadalajara (36); Fernando Cortés Cáceres de El Colegio de México, DF (35); Graciela Freyermuth Enciso, del CIESAS Sureste, San Cristóbal las Casas, (33); Juan Angel Dommarco, del Instituto Nacional de Salud Pública, INSP, Cuernavaca (33); Félix Acosta Díaz, del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana (32); y Graciela Teruel Belismelis (27), de la Universidad Iberoamericana (UIA), plantel Santa Fe, DF. El total de votantes fue 44, de los cuales tienen asociación con el PRI o con el PAN, 36. Estos son los flamantes miembros académicos del Consejo. Siempre he propuesto que se les llame consejeros. Los derrotados con mayor número de votos fuimos los siguientes (enumero, por simetría, seis): Julio Boltvinik Kalinka, de El Colegio de México, DF (12); Myriam Brum Cardozo, de la UAM-Xochimilco, DF (10); Araceli Damián González, de El Colegio de México, DF (10), Enrique Hernández Laos, de la UAM Iztapalapa, DF (8); Genaro Aguilar Gutiérrez, del Instituto Politécnico Nacional (8), y Arturo Bouzas Riaño, de la Universidad Nacional Autónoma de México (6). Nótese que todos estos derrotados pertenecemos a instituciones ubicadas en el DF. Nota estadística: el 49% de los miembros del SNI, requisito de la LGDS para aspirar a ser miembro académico del Consejo, labora en el DF. Esta proporción llega al 72% en el caso de los miembros del SNI de nivel 3, el más alto.