A una década de la firma en San Andrés
El 16 de febrero de 1996 firmaban los acuerdos de San Andrés el Poder Ejecutivo federal y los zapatistas, la representación legislativa de la Cocopa y la Comisión Nacional de Intermediación (Conai).
Apenas 25 meses después del levantamiento armado del 1º de enero de 1994, son el destacado resultado de un apretado proceso: la tregua del 12 del mismo mes y año, arrancada por otra sublevación civil que llenó el Zócalo del Distrito Federal y abrió una salida política al conflicto armado; el diálogo de la catedral de San Cristóbal, del 22 de febrero al 2 de marzo de 1994; otra conversación en la selva en presencia del secretario de Gobernación, el 15 de enero de 1995; la ley del 11 de marzo del mismo año "para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas" de la cual nació la Cocopa; el Protocolo de San Miguel (poblado de la selva Lacandona) del 9 de abril de 1995; y 11 sesiones de San Andrés (otro poblado indígena de los Altos) del 20 de abril de 1995 al 16 de febrero de 1996 con las cuatro instancias firmantes, aunque solamente las dos partes del conflicto (gobierno y EZLN) tuvieran el poder de negociar.
Pese a dos crisis (mayo y julio de 1995), prosperó un intenso diálogo (en oportunidades completado por foros paralelos con participantes que acudieron de California a Yucatán) que se enriqueció formalmente con la presencia de centenares de invitados y asesores escogidos por las dos partes, la mayoría de las etnias, lenguas y organizaciones sociales del país involucradas en el tema, además de una multitud de testigos de la sociedad civil regional, nacional e internacional, y la prensa.
Progresivamente se adelgazó de modo considerable (por delegación) el número de asesores e invitados para seleccionar metódicamente los puntos que significaban un consenso nacional para que las partes los negociaran en las últimas sesiones, muchas veces alargadas en las noches hasta la madrugada. En este proceso, la fijación meticulosa de reglas vinculatorias de procedimiento para disciplinar el diálogo, luego el método utilizado en las varias mesas temáticas, y finalmente los puntos negociados, convirtieron los acuerdos de San Andrés en mucho más que una transacción entre gobierno y zapatistas: constituyen un amplio acuerdo nacional que refleja el sentir del país. Estos acuerdos no son el punto de vista de los zapatistas ni aquél del gobierno; tampoco son un convenio chiapaneco: son la voz de México.
Constan de 275 parágrafos agrupados en tres documentos: uno político, intitulado Pronunciamiento; otro legal titulado Propuestas (de reformas constitucionales y otras leyes) para aterrizar el anterior; y un tercero local en dos partes, que se titula Compromisos para Chiapas. Los tres están precedidos de una introducción llamada Acuerdo (sin "s") para identificar y completar ulteriormente algunos puntos en litigio, señal de que, lejos de ser acelerados, son acuerdos minimales, es decir, moderados.
El texto mayor es evidentemente el Pronunciamiento. Establece "una nueva relación" entre el gobierno y los indígenas, es decir, "un nuevo pacto social" y "un nuevo federalismo" (concretizados ambos en una "autonomía diferenciada" como "ejercicio del derecho de libre determinación"). Los indígenas no son solamente la evidencia de la pluriculturalidad de la nación, sino también reconocidos como "pueblos originarios", es decir, una realidad histórica de tal intensidad que se contempla como la fundadora del país, por lo tanto, éstos dejan de ser objetos de atención para ser promovidos en sujetos de derecho para operar su propia transformación y la de México. El derecho republicano a la igualdad se enriquece del derecho federal a la diferencia. Las Propuestas ejemplifican lo que significa para la educación, la salud, el ejercicio de la justicia, los recursos naturales, etcétera.
Como se sabe, el Poder Ejecutivo y el Legislativo faltaron a su palabra. La parte más lesionada por este incumplimiento, la indígena, optó por una controversia constitucional ante el Poder Judicial, pero éste estimó que no era de su competencia y que, por lo tanto, las pruebas periciales no procedían. De los tres poderes de la nación, dos incumplieron su firma y el tercero esquivó su responsabilidad. El Estado, así, canceló definitivamente la posibilidad de toda negociación en cualquier conflicto.
Diez años después de la firma de los acuerdos de San Andrés, ¿qué se puede esperar? Si los acuerdos habían prosperado, el 16 de febrero sería un día feriado como, por ejemplo, el 5 de febrero que, año tras año, celebra un acuerdo nacional fundador, aquél de la promulgación de la Constitución de 1917 que consagró las conquistas de la Revolución Mexicana y selló salidas políticas para consolidar la paz después de sangrientos conflictos: el triunfo de la palabra sobre las armas. De haber sido así, cada 16 de febrero pregonaría en una fiesta nacional la restauración de la paz y la dignidad de los pueblos originarios que nos dieron país.
En vez de lo anterior por desidia del régimen, el 16 de febrero, por sana toma de conciencia popular ¿será en el futuro como un Primero de Mayo, es decir, una protesta en la calle para lavar la memoria de otra infamia histórica? En este caso futurista, no para reanimar la dignidad tras la inmolación de obreros en Chicago, sino por mantener una injusta deuda histórica para con los pueblos originarios que dieron a México territorio, patria y cultura.
¿O tendremos que conformarnos con una recurrencia histórica? Pues no es la primera vez que grandes textos nacionales, frutos de luchas patrias, quedan sin cumplir a cabalidad: por ejemplo los Sentimientos de la nación en los que se plasmaron las aspiraciones frustradas del país; o como el Plan de Ayala de Zapata, símbolo de un proyecto hoy cuestionado, reducido a ser en el campo el simple topónimo de poblados para alumbrar la esperanza vulnerada y el amor decepcionado a la tierra, todavía sin libertad.
Lo cierto es que los acuerdos de San Andrés figurarán en los libros de historia de mañana, como los dos textos anteriores. Depende del poder que sean una gloria histórica nacional que realimenta la memoria la memoria o, por desazón, una vergüenza política que sigue siendo fermento de rebeldía.