Necesario, superar la intransigencia para avanzar en los acuerdos de San Andrés: Arizmendi

Desde hace once años se vio que el gobierno no tenía voluntad de negociar: Samuel Ruiz

"Hemos hecho lo que en 100 años no hizo" la autoridad: balance de una década de resistencia

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristóbal de las Casas, Chis., 16 de febrero. Desde que se inició el diálogo, en abril de 1995, "se vio que el gobierno federal no tenía voluntad" de negociar y daba señales de que no iba a cumplir los acuerdos que se firmarían 10 meses después, sostuvo el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, quien presidió la Comisión Nacional de Intermediación (Conai).

"Los acuerdos de San Andrés quedan como una deuda histórica que algún día quizá podrá cumplirse con el acompañamiento de la sociedad", agregó en breve entrevista con La Jornada.

Durante el diálogo "estábamos viendo que crecía la actitud (gubernamental) de no escuchar sino de ver de qué manera, por situaciones externas, se disminuía la fuerza y los apoyos que podían tener los que estaban en el otro lado de la mesa: los zapatistas", afirmó.

"Yo creo que ha habido avances en el cumplimiento de esos acuerdos, porque en los hechos se están poniendo en práctica, pero su inclusión en la Constitución no es una situación inútil ni un recuerdo histórico, sino un impulso para que nosotros tomemos la parte que nos corresponde", añadió Samuel Ruiz.

Manifestó que las intenciones gubernamentales se fueron percibiendo "de manera gradual y luego se fue agravando la cosa; posteriormente se miró cómo los acuerdos no iban a tener la repercusión que se quería, porque claramente fueron pasados por alto".

El actual obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, dijo por su parte que "no se puede culpar sólo al gobierno federal" del incumplimiento de los tratados, "pues fueron los legisladores federales, así como la mayoría de los congresos locales, los que aprobaron" las reformas. El gobierno del presidente Vicente Fox, afirmó, "intentó asumir los acuerdos y hacer suya la propuesta legislativa de la Cocopa, pero no hubo el ambiente propicio".

Tras considerar que las modificaciones de 2001 representan "avances que debemos valorar y apreciar, aunque aún faltan trechos por recorrer", manifestó su esperanza de que en el próximo sexenio "haya mejores condiciones para llegar a nuevos avances, aunque habría que ver si los dirigentes zapatistas y sus asesores están dispuestos a dialogar sobre el tema, y no sólo a exigir que se aprueben los acuerdos de San Andrés tal como están. Con posturas intransigentes no se avanza".

El prelado, quien encabeza la diócesis desde mayo de 2000, aseveró que "se requiere sabiduría, prudencia y fortaleza para seguir luchando por los justos derechos de los indígenas, sin descalificar todo lo que hacen quienes no son del propio grupo".

Ruptura con la clase política

El único de los candidatos presidenciales que ha ofrecido cumplir los acuerdos si gana las elecciones del 2 de julio es el de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

Pero a raíz del incumplimiento de los tratados, el EZLN rompió con el Estado y la clase política mexicana en su conjunto, incluida la perredista, que en algún momento fue su aliada, a la cual no le perdona el voto en favor de las "contrarreformas" en el Senado. "(Los perredistas) nos traicionaron y lo van a pagar; los vamos a hacer pedacitos", declaró el subcomandante Marcos en agosto pasado.

Para el grupo rebelde, desde 2001 quedó cancelada la posibilidad de que este o el próximo gobierno apruebe la propuesta de la Cocopa. Por ello, entre 2001 y 2002 reforzó el trabajo de sus aproximadamente 30 municipios autónomos y rebeldes para autogobernarse y poner en práctica los acuerdos, y comenzó a delinear lo que sería la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y la otra campaña, ahora en marcha.

De esta forma inició un proceso de reorganización interna que en julio de 2003 dio lugar a la desaparición de los cinco centros político-culturales llamados Aguascalientes, que el 9 de agosto de ese año fueron sustituidos por los caracoles.

En esos espacios fueron instaladas las denominadas juntas de buen gobierno (JBG), las cuales se autodefinieron como "un esfuerzo organizativo de las comunidades, no sólo para enfrentar los problemas de la autonomía, también para construir un puente más directo entre ellas y el mundo".

Con la creación de los caracoles y las JBG, los zapatistas "decidimos llevar a la práctica los acuerdos de San Andrés y demostrar, en los hechos, que queríamos ser parte de México (del que no éramos parte si no era dejando de ser lo que somos)", declaró el grupo armado.

Como parte de la aplicación de facto, hasta donde es posible, de los acuerdos que la autoridad federal no ha cumplido, los zapatistas tienen autogobiernos que con apoyo de la sociedad civil trabajan en salud, educación, justicia, vivienda, alimentación, cultura y proyectos productivos, entre otros, según sus propios informes.

En los Altos de Chiapas, por ejemplo, "el sistema de salud proporciona atención médica gratuita y, hasta donde llegan sus recursos, también son gratuitos los medicamentos"; dirigido especialmente a la medicina preventiva, con el fin de reducir las enfermedades y, por tanto, el consumo de fármacos.

De acuerdo con los informes de las autoridades autónomas, en la zona zapatista se realizan campañas de higiene, se promueve el uso de letrinas y la limpieza de la casa habitación. Además, se hacen campañas para combatir epidemias, enfermedades crónicas, como la leshmaniasis o "úlcera del chiclero", y para detectar cáncer de mama y cérvico-uterino.

En este mismo rubro, se construyen clínicas, se equipan y se capacita personal de las mismas comunidades. "En todas las zonas hay farmacias que se surten con el dinero de los proyectos y donaciones", aseguraron en su informe más reciente las JBG.

En lo que se refiere a educación, "se procede como debería de procederse en la política, o sea, de abajo a arriba. Se construyen escuelas en todas las comunidades (en 2005 fueron más de 50 en toda la zona y se equipan las 300 que ya existen), se capacitan promotores, se levantan centros de educación secundaria, donde sí se enseñarán las raíces históricas de México".

Según las autoridades autónomas, "maestros de escuela y de albañilería, especialistas en pedagogía, hombres y mujeres con nombres y rostros comunes, indígenas con y sin pasamontañas, levantan escuelas y conocimientos donde antes sólo había ignorancia".

En algunos casos han creado sus propios contenidos educativos y pedagógicos. Los manuales de alfabetización y libros de texto son confeccionados por ellos mismos con apoyo de expertos de la sociedad civil.

En los informes dados a conocer el año pasado, se asienta que otro aspecto que es atendido es el referente a la mejora de la alimentación, por lo que en las cinco zonas se echan a andar cooperativas de producción de cerdos, gallinas, borregos, pollos y ganado, así como de hortalizas y árboles frutales. Además, se realizan talleres, a la par que han surgido decenas de tiendas cooperativas donde los zapatistas venden café, panela, artesanías, bordados, ollas, velas y muebles, todo producido por las comunidades y a bajo precio.

"Los principales avances de la autonomía zapatista, en la época de las JBG, tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida, pero además -afirma el informe- estamos aprendiendo a construir, no sin fallas y tropiezos, un buen gobierno."

En este proceso, se subraya, "hemos aprendido cómo resolver nuestros problemas, cómo hacer acuerdos con otras organizaciones y autoridades. Durante este tiempo se ha aprendido mucho cómo gobernar en cada municipio y hemos visto que así no es fácil que nos corrompan los malos gobernantes, porque hemos aprendido rotativamente nuestra forma de gobierno con la experiencia de todos y con la guía de la vigilancia".

Recientemente, en uno de sus actos de la otra campaña, Marcos aseguró que en 10 años de resistencia "nuestras comunidades viven mejor que las del PRI, el PAN y el PRD; tenemos escuelas y hospitales donde no había, que son atendidos por los propios indígenas. Hemos hecho lo que en 100 años no hizo el gobierno".

Tregua no declarada

Con la puesta en marcha de los autogobiernos, las autoridades autónomas zapatistas establecieron relación "institucional" con dependencias del gobierno del estado para la solución de algunos conflictos. En alguna medida el clima de confrontación en las comunidades ha disminuido respecto de la anterior administración. Algunas personas consideran que en este sexenio ha habido una especie de tregua no declarada entre las partes.

Sin dejar de reconocer los avances logrados en 11 años y medio de lucha pública, el EZLN decidió dar un "paso peligroso" y marcó una nueva etapa de su vida con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, cuya divulgación en junio pasado fue precedida de una "alerta roja general" en sus territorios, lo que atrajo la atención nacional e internacional.

"Hemos llegado a un punto en que no podemos ir más allá, y además es posible que perdamos todo lo que tenemos, si nos quedamos como estamos y no hacemos nada para avanzar", afirmó en la Sexta, la cual dio origen a la otra campaña que el primero de enero se inició en San Cristóbal y en su primera fase recorrerá todo el país durante seis meses, encabezada por Marcos, ahora denominado delegado Zero.

Esta iniciativa política plantea unir las luchas dispersas, construir un programa de lucha nacional, de izquierda y anticapitalista, y crear una nueva Constitución.

Uno de los efectos del incumplimiento gubernamental es que la iniciativa zapatista de formar una fuerza política nacional con distintos sectores de la población se retrasó varios años y sufrió algunas modificaciones, pues de haberse cumplido los acuerdos, la relación del gobierno y la clase política con el EZLN sería distinta.

A 10 años de la firma de los acuerdos, la baja más sensible que reporta el EZLN es la de la comandanta Ramona, quien falleció el pasado 6 de enero debido a padecimientos renales, pero es recordada casi a diario en los actos de la otra campaña, iniciativa que, según Samuel Ruiz, puede contribuir a la ejecución de los tratados.