El mandatario y Nacif, sujetos peligrosos: ONG
Esclarecer los hechos y aplicar la justicia, exige Diego Valadés
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Valadés, afirmó que de comprobarse la autenticidad de las grabaciones telefónicas entre el empresario Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, difundidas por La Jornada, "se plantea una situación que haría difícil la permanencia del mandatario en la función que desempeña, porque, entre otras cosas, significa una violación a derechos fundamentales que a su vez implica una violación al orden constitucional y federal".
En entrevista, después de participar en la presentación del Diccionario de Ciencia Política, de Dieter Nohlen, Valadés aseguró que la gravedad de los hechos exige una "investigación exhaustiva, porque no podemos seguir pasando por alto episodios como éste, que se acumulan a gran velocidad". Es necesario, indicó, esclarecer puntualmente los hechos "hasta que haya actos de aplicación de la norma jurídica para poner las cosas y a las personas en su lugar, pues la situación que enfrenta el gobernador es muy comprometida, ya que no sólo hay una ofendida directa; nos debe una explicación a todos los mexicanos".
Indicó que es "lamentable" no sólo que se haya producido este "gravísimo incidente", sino que "se quiera ocultar lo que a todas luces parece evidente, porque independientemente de que el origen de las pruebas pueda ser regular o irregular, hay un problema no sólo jurídico, sino ético".
Consideró indispensable que quienes "hayan participado en un atentado de tal bajeza, por lo menos hagan un acto público de arrepentimiento y ofrezcan una disculpa, que es lo mínimo que la ofendida merece, independientemente de los aspectos jurídicos que procedan".
En tanto, Amnistía Internacional (AI) sección México mostró su preocupación por la seguridad de la periodista Lydia Cacho. "Más allá de las grabaciones, nos preocupan los cargos en su contra por difamación con objeto de silenciar su labor en defensa de los derechos humanos, además de que violentan su libertad de expresión".
El organismo refirió que si se comprueba la autenticidad de las grabaciones, el caso será grave, porque se confirmaría el uso del sistema de justicia para acallar a la comunicadora. Ser crítico y revelar cosas intocables es como meterse a la boca del lobo, agregó.
Asimismo, representantes de la organización revelaron que se analiza la posibilidad de reactivar, ante las autoridades mexicanas, la acción urgente que emitieron el año pasado, en la que daban cuenta de su preocupación por las amenazas que había recibido Cacho. Señalaron que debe realizarse una investigación sobre las mismas "para que los culpables comparezcan ante la justicia".
Por otra parte, el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos declaró "sujetos peligrosos" al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y al empresario Kamel Nacif Borge. En referencia al mandatario estatal, la organización lo definió como un hombre que "al tener acceso al poder, emplea las estructuras de procuración de justicia para lograr ajustes de cuentas, cobrar venganzas y favorecer a delincuentes".
Agregó que el priísta atenta contra la libertad de prensa, encabeza persecuciones contra periodistas, tolera atentados contra la seguridad de comunicadores y ordena la compra masiva de prensa escrita para evitar el libre pensamiento. Y describió a Nacif como un individuo con un "profundo desprecio" a la libertad de expresión y a las leyes mexicanas, porque emplea sus nexos criminales para silenciar comunicadores, lo cual lo convierte en un hombre "sumamente peligroso".