El Centro Pro exige a Soberanes aclarar si participó en la trama contra Cacho
Juicio político contra Marín, piden ONG
Propone Edgar Cortez que intervenga el Senado si el Congreso poblano no actúa
Defensores de derechos humanos exigieron al Poder Legislativo tomar cartas en el asunto para castigar, con juicio político que derive en destitución, al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por desviar la justicia en apoyo del textilero Kamel Nacif y en perjuicio de su principal acusadora, Lydia Cacho Ribeiro.
La conjura contra la periodista, que La Jornada puso ayer al descubierto, fue tomada en este círculo como una "radiografía de todas las perversiones del sistema de procuración de justicia en el país" y una situación "sumamente grave", porque evidencia que el poder del Estado puede estar al servicio de los empresarios para favorecer la impunidad.
Inclusive la Red Mexicana por los Derechos de la Infancia, que agrupa a 58 organizaciones no gubernamentales (ONG), pretende llevar el caso, sustentado en las grabaciones, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y buscar que el Comité de los Derechos de los Niños, de la Organización de Naciones Unidas, llame la atención al gobierno de Vicente Fox sobre este asunto, porque demuestra que no hay intención oficial de proteger la vulnerabilidad de los menores ante la explotación sexual, especialmente cuando se involucra a personas con altos niveles de ingreso.
Mientras, David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pidió al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, deslindarse por completo del caso, porque su nombre fue mencionado en una de las grabaciones -cuando se revela que el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, había ofrecido hablar con él para que interviniera en favor de Kamel Nacif-, y le exigió brindar, antes de que organismos internacionales lo hagan, medidas cautelares para Cacho.
En tanto, el líder de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, pidió garantías para la reportera de La Jornada Blanche Petrich, quien publicó los diálogos, y el activista poblano Martín Barrios Hernández.
Velasco exigió a los poderes Judicial y Legislativo acelerar las investigaciones sobre lo ocurrido, porque no es posible, afirmó, que "ahora los victimarios inculpen a la parte acusadora".
Edgar Cortez, director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, consideró que el caso demuestra que "en este país la justicia se compra, pero no es un servicio para todas las personas, sino para quien tiene dinero". Pero, además confirma que las cosas "no han cambiado" pese a la alternancia del poder.
Mencionó que en este caso, a diferencia de lo que piensa el vocero del gobernador Mario Marín, Valentín Meneses, la intervención de conversaciones telefónicas no puede considerarse una intromisión en la vida privada, porque toca un asunto público, "en el que hubo una agresión a una periodista y defensora de derechos humanos, y también estaba en juego una obligación de impartir justicia".
Apuntó que si el Congreso de Puebla no toma acciones contra Marín, el Senado puede atraer el asunto, con posibilidad de someter al gobernador a juicio político por uso faccioso de la procuración de justicia, y también porque las grabaciones demuestran una serie de hechos constitutivos de delito, como actuar represivamente contra Cacho o hacer arreglos para que la escritora fuera víctima de abuso sexual en el reclusorio poblano.
Por su parte, Fabián Sánchez, del Centro Mexicano de Promoción y Derechos Humanos, coincidió en que existe un "desvío de poder" que va contra el fin para el cual fueron creadas las instituciones en este país.
"Los hechos son gravísimos porque hablan de una situación que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en 1996, sobre la utilización del aparato del Estado contra la aplicación de justicia. La impunidad se da por la falta de modificaciones estructurales en el Poder Judicial, y el caso de Lydia lo confirma", agregó.