Intereses políticos y económicos debilitan la aplicación de la ley, advierten abogados
Los telefonemas de Nacif demuestran que la justicia está al servicio de los poderosos
Las conversaciones telefónicas sostenidas por el empresario Kamel Nacif, dadas a conocer ayer en este diario, demuestran que en México ''la justicia parcial está al servicio de los intereses políticos y económicos'', pero sobre todo confirman el contubernio entre ''esa mafia, esa delincuencia organizada'' que han formado en México el poder político y el judicial, coincidieron los abogados penalistas Agustín Acosta y Bárbara Zamora.
A su vez, Guillermo Zepeda Lecuona, especialista en sociología jurídica por la UNAM e investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC), puntualizó que el caso de Lydia Cacho refleja la falta de credibilidad y autonomía de las procuradurías. ''Quedó demostrado que en Puebla se da línea al procurador y al Poder Judicial local.''
El abogado Agustín Acosta señaló que con el contenido de las grabaciones hecho público por la periodista Blanche Petrich, en La Jornada, Lydia Cacho está en posibilidades de obtener un amparo de la justicia federal y alegar que el proceso penal que enfrenta -por el presunto delito de calumnia- fue producto de una ''concertación'', además de que puede contrademandar al empresario y a las autoridades poblanas ante la Procuraduría General de la República (PGR), así como presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Acosta refirió que ''esas llamadas entre el empresario y el gobernador priísta de Puebla (Mario Marín) evidencian la debilidad del sistema de justicia en los estados, donde vemos que los mandatarios locales tienen una influencia que pone en duda la independencia de los poderes judiciales y de procuración de justicia''.
Dijo que si la periodista demanda penalmente al gobernador en el estado de Puebla, ''es obvio que no va a lograr nada, pero si presenta una queja por violación a derechos humanos y una querella contra el mandatario estatal en la PGR, entonces tiene muchas posibilidades de ganar'', ratificó.
Por su parte, la abogada Bárbara Zamora López, del bufete jurídico Tierra y Libertad, aseguró que las grabaciones dadas a conocer por Blanche Petrich sobre el caso de la periodista Lydia Cacho reflejan el contubernio entre ''esa mafia, esa delincuencia organizada'' del poder político y el Judicial.
Entrevistada en la sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Zamora dijo que las grabaciones dejan al descubierto la aplicación política que se hace de las leyes mexicanas en contra de determinadas personas. ''Es tráfico de influencias, es comprar a la justicia y sobornar en aras de lograr impunidad.''
Se trata, continuó la abogada defensora de los seis vascos presos en el Reclusorio Norte, de perjudicar y meter a un proceso penal a una persona que lo único que hace es decir la verdad y está haciendo uso de su libertad de expresión.
La abogada Zamora López comparó el caso de la periodista Lydia Cacho con el proceso de extradición solicitado por España de los seis vascos encarcelados desde hace tres años en México. Asegura que en los dos casos existe contubernio entre autoridades (federal o estatal) y los jueces; en particular señaló al juez quinto de distrito, Rafael Zamudio Arias, y el segundo de distrito en materia penal, César Flores Rodríguez.
''Estos dos jueces están también involucrados en este montaje que ha venido a hacer el juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón, con el apoyo del gobierno del presidente Vicente Fox'', subrayó, y pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ''no avalen esta infamia, este acto delictivo'' en contra de ciudadanos vascos inocentes.