Lo acusan de encabezar la confabulación contra Lydia Cacho
Exigen legisladores que renuncie Mario Marín
Para el diputado priísta Emilio Chuayffet el tema es ''un chismito''
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El empresario Kamel Nacif Borge
Foto: Archivo de La Jornada
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios de PRD, PAN y Convergencia exigieron la renuncia del gobernador priísta de Puebla, Mario Marín Torres, por ordenar la "confabulación" de funcionarios públicos que "se coludieron para agredir, lastimar y violentar" a la periodista Lydia Cacho, como reveló ayer Blanche Petrich en este diario. El coordinador de los legisladores del tricolor, Emilio Chuayffet, redujo el tema a "un chismito".
También en la Cámara de Senadores, panistas y perredistas reclamaron la renuncia de Marín. César Raúl Ojeda, del PRD, dijo que si bien "lamentablemente las grabaciones no son testimonio jurídico en este país, por vergüenza y por el trato que permitió se le diera a la periodista Lydia Cacho, el gobernador debe renunciar". La dimisión del mandatario y una solicitud para que la PGR atraiga el caso, serán llevadas mañana por el sol azteca a la tribuna.
En San Lázaro, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el tema de las conversaciones entre Marín, Kamel Nacif, y de éste con su paisano Hanna Nakad Bayeh y un periodista a quien el denominado rey de la mezclilla reconoce como Andrés o muñeco, fue llevado a tribuna. A pesar del debate, en el que PVEM y PRI defendieron a Marín, las denuncias no pararán ahí y el PRD anticipó que hoy se presentará una solicitud para que mañana el pleno se manifieste en favor de la renuncia del gobernador poblano.
Venganza materializada
En tribuna, el diputado Jesús González Schmal, de Convergencia, acusó que, a las órdenes de Marín, la procuradora Blanca Laura Villeda, la agente del Ministerio Público asignada al caso, Rosa Aura Espejel, y la juez Rosa Cecilia Pérez González ''se coludieron para materializar la venganza de este señor Kamel Nacif; esta confabulación contó con la anuencia, la complicidad y la autoría directa del propio gobernador".
Ante el resquemor de los priístas, González Schmal refirió que ayer ''no hubo mexicano que leyera la noticia de La Jornada que no sintiera escalofrío, vergüenza, ira, verdadera angustia por lo que está pasando en México, por la condición ya degradada, francamente rupestre, del ejercicio de la política".
La agresión a Cacho, dijo, se enmarca en los atentados que ocurren en ciudades fronterizas para acallar la voz de los periodistas, provocar su autocensura y que México se degrade, sin crítica, a la condición de la máxima barbarie del país de los fuertes, de los salvajes, de los que tienen el poder para atropellar derechos a terceros. Al repudiar la conducta de Mario Marín, demandó que la Cámara de Diputados "llame al gobernador de Puebla a cuentas, por estos actos que avergüenzan a México y que denigran toda nuestra condición institucional y el futuro de nuestra nación".
El boxeador Jorge Kahwagi, coordinador de los verdes, afirmó que "un asunto entre particulares no debe volverse un linchamiento político'', y agregó que en la grabación de las conversaciones de Nacif y Mario Marín subyace la violación a las garantías individuales.
Al inicio de la sesión se le pidió una opinión al coordinador de los priístas, Emilio Chuayffet.
-No conozco el contenido.
-Aquí tiene el periódico, para que lo lea.
-Le voy a decir más bien lo que pienso. La ilicitud de difundir grabaciones telefónicas en sí mismo es delito. Luego se nos olvida, porque parece que el chismito es más interesante, pero andar violentando derechos individuales me parece que constituye un delito.
-¿El periódico no debió haberlo publicado?
-No, no lo digo del periódico. Lo digo de quienes hayan estado espiando, grabando la conversación. Por supuesto que el periódico ya recibió un producto, no lo hizo. Es la persona o las personas que están dedicadas a esto.
-¿Y eso demerita el contenido?
-No sé si lo demerite, lo que no puede hacerse al revés es que el contenido nos haga olvidar el delito. Eso no se vale en un estado de derecho.
Su correligionario, el poblano José Alarcón, argumentó: ''Y qué, si así hablamos todos, con groserías''.
-¿Es declaración suya?
-Sí, póngala como declaración.
Más tarde, Alarcón defendió desde la tribuna el ejercicio "de la bendita libertad de expresión, que a veces llega a la calumnia y a las falsedades", y reclamó a PRD, PAN y Convergencia por "rasgarse las vestiduras" para defender a Lydia Cacho, "pues es una forma de venir a relatar aquí lo que ya La Jornada expresa; es otra forma: el escándalo fundado a veces no en la verdad ni en la autenticidad. Erigidos en jueces queremos resolver los asuntos de este país. ¡Condenamos el espionaje de Fox!"
El PAN se sumó al repudio contra Mario Marín, y la diputada poblana Myriam Arabián Couttolenc reclamó que el caso de Lydia Cacho no es el único de violación a los derechos humanos, y respondió a PRI y PVEM que la forma de obtener información "no desestima la importancia y la relevancia de una acción burda, inhumana y extralegal, de cómo las autoridades de Puebla, amparadas en la complicidad, cometen actos que coartan la libertad de expresión, de prensa".
También, a propuesta del PRI, la Cámara de Diputados aprobó un exhorto al gobernador de Chiapas -involucrado en conversaciones con Nacif-, Pablo Salazar, para respetar la libertad de prensa en esa entidad, pues actualmente ejerce "un uso autoritario del poder" para silenciar periódicos y reporteros.
El panista y ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez Francisco Rojas Toledo defendió al gobernador chiapaneco e inclusive sostuvo que si no hay sustento en la información de los medios, "se procede penalmente".
En Xicoténcatl, el senador panista por Puebla, Francisco Fraile, consideró que el gobernador Marín debe renunciar, así como la juez del caso, por presionar al Poder Judicial para beneficiar al empresario Kamel Nacif.
Mientras, la priísta Dulce María Sauri señaló que debe rechazarse esa práctica, cada vez más generalizada, del espionaje telefónico, ya que es ilegal grabar y dar a conocer conversaciones privadas. Hizo notar que condenó otros casos, como los videoescándalos; sin embargo, consideró "inadmisible" que se violentara la libertad de expresión e incluso se atentara contra la integridad física de Cacho.
Sauri señaló que lo que se escucha en las grabaciones "de forma alguna corresponden a la investidura de un gobernador". Reconoció que Marín aplicó el dogma de "justicia y gracia" para sus amigos.