Editorial

Poder, dinero y justicia: relación perversa

Es un secreto a voces que en México, con frecuencia, las relaciones que se establecen entre los poderes económico, político y judicial son perversas. La fuerza de los señores del dinero corrompe la administración de la justicia y convierte a los gobernantes en instrumento servil de sus intereses y ambiciones. Sin embargo, no es frecuente contar con pruebas que confirmen o ratifiquen esa presunción.

Ayer martes 14 de febrero, La Jornada publicó una amplia nota en la que se demuestra fehacientemente cómo el ejercicio del gobierno y la procuración de justicia han sido envilecidas en el estado de Puebla por un empresario inescrupuloso y un gobernador abusivo. Elaborada a partir de la trascripción de conversaciones telefónicas grabadas del llamado rey de la mezclilla Kamel Nacif con varios personajes de la po-lítica estatal y nacional, entre ellos el gobernador de Puebla, Mario Marín; Luis Angel Casas ­quien fungió como coordinador de finanzas de la campaña electoral del mandatario poblano­, y otras personas más, la información pone al descubierto la intriga tramada contra la periodista Lydia Cacho.

En varias de las comunicaciones telefónicas el empresario acuerda con sus interlocutores o les informa de la realización de una serie de bárbaras acciones ilegales para intimidar y detener a Lydia Cacho, entre ellas una agresión sexual en la cárcel de Puebla donde sería encerrada merced a una demanda por difamación presentada por los abogados de Nacif. La denuncia fue interpuesta por el empresario poblano porque en el libro de la periodista Los demonios del Edén, una documentada y cuidadosa investigación sobre una red de pederastas encabezada por Jean Succar Kuri, preso desde hace dos años en Arizona, Estados Unidos, se le menciona.

En una de las grabaciones, con voz rasposa y lenguaje vulgar, Nacif le agradece al gobernador Marín haberle ayudado en este infame caso. El mandatario estatal, a su vez, reconoce su intervención y hace ostentación de su talante autoritario. Este hecho prueba la ilegítima intervención del gobernante poblano en asuntos que no le competen, lo que atenta contra los principios de independencia e imparcialidad que deben prevalecer en todas las instituciones del estado y evidencia el ejercicio faccioso de la procuración de justicia.

Resulta verdaderamente triste que un gobernador use su poder para hacerle un favor a un amigo. Peor aún si se considera que ese favor buscaba hacerle daño a una periodista con una conducta profesional intachable, cuya única falta fue advertir e informar a la opinión pública sobre la impunidad de las redes de poder involucradas en nuestro país en la prostitución infantil, un flagelo que daña a toda la sociedad.

Es lamentable, además, que un señalamiento tan grave como el documentado por este diario haya sido respondido por las autoridades estatales de Puebla con la más absoluta frivolidad.

Ante estos hechos, la petición de varios legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que el gobernador de Puebla debe renunciar, debería ser atendida de inmediato, como sucedería en cualquier país democrático donde se respetan las leyes.

Este caso pone en evidencia la debilidad del sistema de justicia en los estados, donde algunos gobernadores ejercen una influencia que pone en duda la independencia e imparcialidad de los poderes judiciales locales.

La Jornada publicó estas grabaciones, que llegaron de forma anónima a la recepción de este periódico, por considerar que son una afrenta de suma gravedad, un hecho de interés público y una herramienta para proteger a una periodista injustamente atacada. Abren una puerta para que los principios de transparencia y rendición de cuentas, ausentes en el ejercicio del gobierno poblano, se hagan una realidad. De acuerdo con especialistas, con esas cintas la periodista está en posibilidad de obtener un amparo de la justicia federal y alegar que el proceso penal que enfrenta fue producto de una concertación. Ahora, la afectada puede contrademandar al empresario y a las autoridades poblanas ante la Procuraduría General de la República, así como presentar una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las grabaciones entre el empresario y los funcionarios gubernamentales revelan sin tapujos la infamia con que se maneja la justicia en el país. El dramatismo de este caso debería servir para que la sociedad en su conjunto, que sin duda es perjudicada por esas relaciones perversas, exija el fin de los vínculos ilegítimos entre los poderes económico, político y judicial. Mientras eso no suceda, la existencia de un Estado democrático de derecho en este país será una quimera.