Tribunal latinoamericano acepta la denuncia
Zihuatanejo: acción internacional de ONG contra desarrollo turístico
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Pescador, durante un atardecer en la bahía de Zihuatanejo
Foto: Marco Peláez
El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) aceptó la denuncia que interpusieron habitantes de Zihuatanejo, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Red de Organizaciones no Gubernamentales Ambientalistas de ese puerto (ROGAZ), por la contaminación de esa bahía del Pacífico a partir de la autorización del desarrollo turístico Puerto Mio.
Organismos defensores manifestaron también que Zihuatanejo tiene altos niveles de contaminación debido a la descarga de aguas residuales a la bahía sin el debido tratamiento, por la construcción de complejos turísticos y el crecimiento urbano, sin estudios de impacto ambiental.
Luisa Pérez, abogada del Centro Pro, dijo que corresponde al tribunal sopesar el problema para que exhorte al gobierno y a la sociedad civil a crear mecanismos de solución.
En 1985, la inmobiliaria Punta del Mar SA de CV inició la construcción de un desarrollo turístico, inmobiliario y náutico de alto nivel, denominado Puerto Mio, que abarca hoteles, condominios, áreas comerciales, una marina para más de 100 posiciones totales, albercas, restaurantes y centros nocturnos, entre otros.
El Centro Pro denunció que dicha empresa comenzó la edificación del proyecto sin la autorización correspondiente, incluso fue hasta 1992 cuando presentó la manifestación de impacto ambiental que acarrearía la propuesta.
Señaló que en abril de 1994 el Instituto Nacional de Ecología otorgó autorización de la obra a la inmobiliaria, pero siete meses después, a petición de los inversionistas, modificó su aprobación al incluir como parte del proyecto la construcción de una terminal de cruceros.
Las organizaciones civiles indicaron que estas construcciones han dañado la bahía guerrerense, y que sus secuelas "atentan contra la vigencia de diversos derechos humanos; principalmente, se vulnera el derecho a un medio ambiente sano".
A fin de contrarrestar estas acciones, los quejosos expusieron la problemática ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y Leyes Especiales, de la Procuraduría General de la República, y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Tras serles negado un amparo contra la certificación que permite al desarrollo turístico desarrollar actividades de puerto, pues según las autoridades federales les "falta personalidad jurídica a los agraviados", las organizaciones civiles acudieron al TLA.