Posibles vínculos de la paraestatal con empresas relacionadas con Construcciones Prácticas

Caso Bribiesca: la SFP ahondará sobre el suicidio de un funcionario de Pemex

SCT, Aduanas, SAT y SAE, otras líneas de indagación, a solicitud de la comisión legislativa

ELIZABETH VELASCO C.

De las 37 propuestas de indagatoria que solicitó la comisión legislativa que investiga a los hermanos Bribiesca Sahagún, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ahondará sobre el suicidio de un funcionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de practicar auditorías a la paraestatal sobre sus vínculos con las empresas Oceanografía, Saint Martin y el hospital San José, relacionadas con Construcciones Prácticas y familiares de Marta Sahagún de Fox.

Asimismo, según el oficio número SP/100/0084/2006, enviado por la SFP a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas, se auditarán los vínculos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con la empresa Facopsa, propiedad del guanajuatense Cosme Mares Hernández, estrechamente vinculado con la familia presidencial.

Otras líneas de indagación que profundizará tienen que ver con Aduanas, Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) del IPAB, y sus nexos con empresas de los hermanos Bribiesca Sahagún y socios de éstos en diversas empresas.

Tales asuntos y los de Pemex se turnaron a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y a la Contraloría Interna de la SFP, para valorar los elementos contenidos en las solicitudes de los diputados en torno al ''fincamiento de responsabilidades administrativas'' a funcionarios que resultaran involucrados.

Aun cuando el titular de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, eludió mencionar el nombre del ex funcionario de Pemex que se suicidó, se trata de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien el 7 de octubre de 2004 cayó del piso 12 en las instalaciones centrales de la paraestatal.

Márquez era esposo de María Amparo Casar, coordinadora de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, y uno de los principales colaboradores del director de Administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del portavoz de la Presidencia, Rubén Aguilar. La investigación sobre la muerte de Márquez fue cerrada con celeridad por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

De las auditorías a la paraestatal y las empresas citadas cabe destacar que Oceanografía (a la cual Pemex hizo asignaciones directas por 770 millones de pesos) ha sido señalada por sus vínculos con Construcciones Prácticas, propiedad de Miguel Khoury Siman, socio de Manuel Bribiesca en empresas inmobiliarias.

Del hospital San José, destaca que éste es propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, mientras que de la compañía Saint Martin -denunciada como presunta beneficiaria de Manuel Bribiesca-, dijo que tuvo asignaciones de contratos irregulares de Pemex por un monto de 896 millones de pesos.

Sobre los casos de Aduanas, SAT y SAE, sobresalen evidencias documentadas de la comisión legislativa en torno a que en el proceso de privatización de las aduanas de México una de las trasnacionales beneficiadas, la suiza SGS Société Genéralé de Surveillance, tenía relación con el hijo mayor de la esposa del presidente Vicente Fox. El proceso de privatización de las aduanas se encuentra en juicio, tras un amparo de empresarios mexicanos.

La Jornada difundió también la presunta transferencia de mercancía decomisada a los hermanos Bribiesca, y su participación en la compra o adquisición de bienes inmuebles en poder del IPAB, a través de las subastas que organiza el SAE.

En conferencia de prensa, en la que Romero Ramos eludió profundizar en torno a las indagatorias vinculadas con los hermanos Bribiesca, por ''carecer de información suficiente'' -dijo estar en el inicio del desahogo de las propuestas de la Cámara de Diputados-, aseguró que las auditorías serán practicadas por despachos externos, ''independientes del Ejecutivo federal'', y se convocará a testigos sociales para que observen que los trabajos se ''desarrollen con legalidad y objetividad''.

A pregunta expresa, el funcionario rechazó que se vaya a investigar a Marta Sahagún, también propietaria de Poliductos Tamayo, una de las empresas señaladas por la comisión legislativa. ''La Función Pública -dijo- no investiga nombres ni apellidos; es la materia de la auditoría la que debe limitar su actuación y yo no puedo anticipar nada''.

Se deslindó además de las dos indagatorias que involucran al Infonavit, por ser éste un ''organismo autónomo'', y destacó que de las 37 propuestas de los diputados, ocho las atenderá SFP, tres la Secretaría de Hacienda, tres la PGR, una la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y otras más la Reforma Agraria por el caso de la ribera Laja, en Celaya.

De lo solicitado a Hacienda y CNBV, se limitó a señalar que ''tiene que ver con auditorías fiscales, cuentas bancarias e información financiera personal de particulares a los que se refiere la comisión legislativa'', entre ellas la relativa a los hermanos Bribiesca. No dio plazo para concluir la investigación, pero dijo que en las próximas semanas habrá pormenores. ''Los trabajos que habremos de conducir hablarán por sí solos'', prometió.