Necesaria, la ayuda antidrogas de Washington y la Unión Europea, dice La Paz
"Alianza estratégica" de Estados Unidos y Bolivia, para combatir el narcotráfico
Acuerdo entre el zar antidrogas altiplánico, Felipe Cáceres, y el embajador David Greenlee
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El embajador de Estados Unidos, David Greenlee, habla con reporteros en La Paz * Reuters
La Paz, 8 de febrero. Bolivia y Estados Unidos acordaron hoy una "alianza estratégica" para combatir el narcotráfico, en entrevista sostenida entre el encargado antidrogas boliviano, Felipe Cáceres, y el embajador estadunidense, David Greenlee.
Las partes convinieron en "tener una alianza estratégica" entre "el Estado, los productores de coca y la cooperación para la lucha contra el narcotráfico", señaló Cáceres, viceministro de Defensa Social, tras reunirse por primera vez con el diplomático estadunidense.
"Hemos tenido una reunión muy positiva. Estoy muy satisfecho con esta junta. Hay un campo bastante grande de entendimiento sobre ciertas bases para seguir adelante, estoy muy contento", indicó Greenlee al confirmar la alianza.
El encuentro se produjo después de que el gobierno del presidente George W. Bush recomendó al Congreso de su país un recorte de 20 por ciento de la ayuda antidrogas a Bolivia, para llevarla de 91 millones de dólares en 2005 a 80 millones este año, y a 67 millones para el próximo.
También el presidente boliviano, Evo Morales, había instado la víspera a Washington, a raíz de esos drásticos recortes, a revisar su ayuda en la materia y le propuso justamente establecer una alianza estratégica, seria y responsable contra el narcotráfico, y no que sirva solamente como un pretexto geopolítico, injerencista o de presión en otros asuntos.
Greenlee dijo que veía voluntad para "encontrar soluciones prácticas que puedan satisfacer los intereses de nosotros y de Bolivia y de otros países de la región", al hallar puntos de coincidencia para combatir a los narcotraficantes en la región central del Chapare.
Añadió que la ayuda de su país continuará en la medida en que La Paz mantenga programas como el de reducción de coca, que al respecto se habló mucho con Cáceres, y "sobre ciertas bases" podrán seguir trabajando de manera conjunta.
La actual ley antidrogas de Bolivia reconoce legales el cultivo de hasta 12 mil hectáreas de coca, acorde a los usos ancestrales de la hoja en el país, mientras que otras 3 mil 600 hectáreas están permitidas por un convenio de vigilancia por tiempo indefinido suscrito a finales de 2004 entre el gobierno y los sindicatos cocaleros.
En cambio, los cultivos que excedan esos límites deben ser destruidos, según la ley, por lo que el gobierno de Evo Morales ha pedido a los cocaleros que respeten el límite y faciliten a las autoridades la eliminación de los cocales no autorizados.
Cáceres, destacó que Bolivia requiere de la ayuda internacional de Estados Unidos y la Unión Europea y otras embajadas que quieran sumarse a la lucha contra el narcotráfico, "porque todos estamos convencidos de que las drogas y el narcotráfico son un flagelo para la humanidad".
La autoridad boliviana, aseguró, mantiene la cooperación en el tema de la erradicación voluntaria de hoja de coca y en el desarrollo integral, "donde se va a profundizar el desarrollo en las zonas cocaleras y en el tema de interdicción".
El zar antidrogas reiteró que La Paz planteará en Ginebra, en una conferencia de Naciones Unidas de marzo próximo, la despenalización de la hoja de coca en su estado natural. Pero aclaró que "quede bien claro, esto no significa el cultivo libre de la hoja de coca".
Mientras, el ex presidente interino Eduardo Rodríguez, quien condujo la reciente transición democrática, renunció sorpresivamente este miércoles a la jefatura de la Corte Suprema, apenas 16 días después de haber reasumido el cargo judicial.
Rodríguez, de 49 años de edad -quien todavía debe enfrentar un juicio de responsabilidades por la destrucción del único lote de misiles del país andino durante su mandato de siete meses-, dijo en su carta de renuncia que consideraba concluido su ciclo en el sistema judicial.
La dimisión del jurista, irrevocable y efectiva a partir del primero de marzo, fue comunicada al vicepresidente de la república y presidente del Congreso Nacional, Alvaro García Linera.