Otra del imperio
Que hubo discriminación, no cabe duda. Que se violaron no sé cuántas disposiciones de orden mercantil, tampoco. Pero lo más grave es que una empresa instalada en México y, por lo mismo, sujeta a la legislación local, aplique órdenes emitidas por el Departamento del Tesoro estadunidense en contra de ciudadanos extranjeros, cuya estancia en el país se ajusta a las leyes mexicanas y de ellas reciben protección. Es difícil de creer que las autoridades estadunidenses del Tesoro no contaran con el aval del Departamento de Estado o el conocimiento previo de la embajada de ese país en México para crear este nuevo escándalo.
Al referirse a los hechos ya conocidos, el portavoz Sean NcCormack reiteró que "la ley estadunidense se aplica a las corporaciones o sus subsidiarias sin importar dónde se encuentren, ya sea en México, Europa o Sudamérica''.
La ley en cuestión no es más que la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (The Cuban Liberty Act), que recoge y sistematiza innumerables disposiciones previas, cuyo único propósito estriba en asfixiar por todos los medios la economía cubana y al gobierno de Fidel Castro. En distintos momentos y foros, México se ha pronunciado contra dichas disposiciones e, inclusive, dispone de una ley "antídoto", aprobada por el Congreso desde 1996, para contrarrestar los efectos nocivos de la Helms-Burton en las relaciones comerciales cubano-mexicanas. Ese es el fondo del incidente que nos ocupa.
Aunque la conducta de la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido sencillamente deplorable, las connotaciones políticas y diplomáticas del caso todavía exigen del gobierno una respuesta que eluda el cantinflismo habitual y se pronuncie claramente rechazando la intromisión en asuntos que son de nuestra exclusiva competencia. El tema es delicado por cuanto el gobierno de Estados Unidos pretende enviar un mensaje de que no aceptará la normalizacion de las relaciones con Cuba y menos en asuntos donde se hallen involucrados los intereses relacionados con "el potencial petrolero de la isla". Y de paso aumentar la presión sobre el Estado mexicano, al que hace muy poco el jefe de la inteligencia estadunidense calificó de un desastre comparable a Haití y otros países en franca bancarrota.
Conviene no engañarse en este punto: la llamada "extraterritorialidad" no es más que el principio fundador del imperio. Suponer que la globalización es un tejido de grandes trasnacionales sin patria es un grave error. Puede ser que la soberanía de los viejos estados-nación esté siendo co-rroída por numerosos fenómenos que impulsan la "supranacionalidad", pero en los hechos la mayor potencia sigue siendo no ya un Estado-nación, sino un Estado nacionalista e imperial que no reconoce otra ley que la propia.
Ya va siendo hora de que el análisis sobre la relación bilateral, tan magullada en los últimos tiempos, asuma esta dura, difícil realidad. El Estado mexicano, si quiere sobrevivir, tendrá que hacer un esfuerzo mayúsculo de coherencia y fortaleza para no sucumbir al espejismo de la imitación imperial. La sumisión jamás sirvió a los propósitos nacionales.
Y eso cuenta. Y en tiempos electorales debía ser materia de reflexión obligada.