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Con todo respeto a quienes han argumentado que la ley Helms-Burton tiene que ver con la expulsión de 16 cubanos del hotel María Isabel Sheraton, la interpretación es imprecisa. Esta ley, con implicaciones extraterritoriales que no tienen fundamento sólido en el derecho internacional ni en la Carta de Naciones Unidas, está dirigida a imponer un régimen político y un sistema económico en Cuba, violando la soberanía del gobierno y el pueblo cubanos.
La ley en la que se ha basado el hotel en cuestión, cuya matriz está en Estados Unidos, es otra: es la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading with the enemy), que "confiere al presidente [de ese país] autoridad para aplicar todas las prohibiciones contra Cuba, prohibir transacciones financieras, congelar los activos cubanos, prohibir la concesión de servicios y regular la conducta de personas con respecto a Cuba, en tanto sean nacionales de los Estados Unidos o personas sujetas a su jurisdicción" (véase el resumen de las leyes de bloqueo a Cuba del Tribunal Benito Juárez en su página en Internet).
El problema para el gobierno de Estados Unidos y para la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que no quiere predisponerse contra el país imperialista aunque la asista la razón, es que las leyes mexicanas, como las de todos los países del mundo, incluyendo al de Washington, no aceptan como propias leyes de otros países; es decir, no aceptan el carácter extraterritorial de algunas leyes de países extranjeros en el interior de otros, salvo que sean producto de tratados bilaterales o multilaterales, que no es el caso en este asunto.
Toda empresa extranjera, como todo ciudadano de otro país en territorio mexicano, tiene la protección de nuestras leyes, pero también los límites que imponen éstas en la materia que corresponda. No hay, ni puede haber excepciones. Lo que la llamada cancillería quiere presentar como un problema entre particulares y que éste sea atendido por la ley de protección al consumidor, es una aceptación tácita de la extraterritorialidad de algunas de las leyes estadunidenses, es decir, la aceptación clara de una invasión (en este caso legal) a nuestra soberanía. Lo menos que debería hacer el gobierno mexicano es cancelar el permiso de operación no sólo al hotel María Isabel Sheraton, sino a todas las filiales de la cadena hotelera Starwoods Hotels and Resorts Worldwide, por no respetar las leyes del país que les ha dado autorización para instalarse.
No se requiere ser jurista para entender este sorprendente y absurdo problema. Bastaría imaginar que un turista extranjero pudiera actuar como le diera la gana y cometer ilícitos porque no le importan nuestras leyes, para entender que esto no sería posible ni aceptable. Si un turista o un comerciante extranjero mata a alguien en la calle será detenido, juzgado y encarcelado como cualquier ciudadano mexicano que hiciera lo mismo. No es difícil entenderlo.
Los hoteles Sheraton, como cualquier otro comercio o industria, tienen que cumplir con las leyes mexicanas. No son embajadas de países extranjeros en nuestro territorio, y aun las embajadas y su personal, pese a tener inmunidad diplomática, tienen que cumplir con ciertas leyes.
Las leyes estadunidenses nos tienen o deberían tenernos sin cuidado: que las apliquen en su territorio. Nosotros consumimos ron y cigarros cubanos porque la Ley de Comercio con el Enemigo no es nuestra. Esto debió entenderlo el gobierno de Fox (que incluye a Derbez) desde el primer minuto en que se supo de la expulsión de los cubanos de un hotel, por ser cubanos. Por añadidura, esos cubanos no entraron ilegalmente en México, fueron autorizados y, por lo mismo, gozaban de la protección de nuestras leyes como cualquier extranjero legal en el país. No haberlo hecho, y plantear hasta el momento de escribir estas líneas que se trata de un asunto entre particulares y una sanción administrativa al hotel, es una vergüenza nacional e internacional, además de una falta al juramento de Fox de respetar y hacer respetar nuestra legislación, para no hablar de la defensa de nuestra soberanía, una vez más burlada por Estados Unidos y, más grave aún, por el gobierno mexicano.
Todos sabemos del poder económico, militar y tecnológico de Estados Unidos. No es un país del que se nos olvide su lugar en el mapa mundial (aunque quisiéramos) ni desconocemos la dependencia económica de México con él. Pero esta situación no debería impedir que ante flagrantes ofensas levantemos la voz en su contra. No somos un país que pueda ser aplastado como una cucaracha en el suelo. Si no nos respetamos a nosotros mismos, como nación, ¿por qué habrían de respetarnos en el extranjero? El asunto como lo veo es por demás sencillo: el gobierno de Washington puede exigir a sus nacionales, en y fuera de su país, lo que le dé la gana, pero si éstos violan nuestras leyes por obedecer las de su país de origen, que se vayan o se atengan a las consecuencias. Es como si un sacerdote católico cometiera un ilícito y nos saliera con que él sólo puede ser juzgado por Dios o por el derecho canónico de su Iglesia. Sería inadmisible. Estás en México, éstas son nuestras leyes, si no te gusta, te vas. Sólo los mexicanos, por cierto, tenemos derecho a modificar nuestras leyes o a cambiar la forma de nuestro gobierno. No es difícil de entender. Pienso que hasta Fox y Derbez lo podrían entender.