La legisladora del PRD demanda fallo apegado a la Constitución mexicana
Peligran los 6 ciudadanos vascos si son extraditados a España, alerta diputada
Esta vez la Corte no puede ni debe equivocarse, sostuvo Eliana García Laguna
Se podría violar lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Carta Magna
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Eliana García Laguna demandó ayer que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la extradición de los seis ciudadanos vascos recluidos desde 2003 "sea apegado a nuestro marco constitucional y a los más altos estándares en materia de derechos humanos", y no se permita su entrega a las autoridades de España. "Esta vez la Corte no puede ni debe equivocarse", declaró.
La legisladora perredista resaltó que los ciudadanos vascos, detenidos desde 2003 en el Reclusorio Norte y en el penal de Santa Martha, están en riesgo ominoso en caso de autorizarse su extradición, "ya que pueden ser sometidos a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, como ya ha ocurrido con otros presos políticos durante el periodo del ex jefe del gobierno español José María Aznar".
Recordó que en este caso se han denunciado y señalado las graves violaciones a las garantías individuales en los procesos contra los ciudadanos del País Vasco, y en consecuencia, a sus derechos constitucionales, puesto que el tratado de extradición entre México y el reino de España, así como sus dos protocolos, no son suscritos por el titular del Poder Ejecutivo.
Además, explicó, en ambos países existe una denominación e integración diferente de los delitos, y en este caso se trata de elementos de tipo penal distintos, ya que los ilícitos de integración en bandas terroristas, allegamiento de fondos con fines terroristas y blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas (por los que se solicita la extradición) no están tipificados en la legislación penal mexicana.
Eliana García consideró que se violenta el artículo 14 constitucional, que prohíbe imponer por analogía una pena que no está decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata, además de que el artículo 15 constitucional prohíbe celebrar tratados para la extradición de reos políticos, situación que en este caso viola las garantías y derechos establecidos en la propia Carta Magna.