Hay elementos para revocar la licencia y multarlo: Jaramillo

Posible cierre del Sheraton, pero por ''quejas vecinales''

Violó la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles

RAUL LLANOS SAMANIEGO Y JOSEFINA QUINTERO MORALES

La jefa delegacional en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, aseguró ayer que existen elementos suficientes para proceder a la clausura temporal, revocación de la licencia de operación e imposición de una multa al hotel Sheraton María Isabel, luego de que se confirmara que violó diversos artículos de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.

En improvisada conferencia de prensa realizada en las escalinatas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la funcionaria precisó que esa determinación está al margen de los ''hechos vergonzosos'' en que incurrió esa empresa la semana pasada, al expulsar de sus instalaciones a un grupo de funcionarios cubanos por presuntas órdenes del Departamento del Tesoro estadunidense, para hacer cumplir fuera de su territorio la ley Helms-Burton.

Anomalías de funcionamiento

Jaramillo puntualizó que, luego de esa expulsión, hubo varios vecinos que presentaron quejas en contra de ese hotel por anomalías en su funcionamiento, lo que obligó a que la noche del martes pasado se realizara una visita de inspección a las instalaciones del inmueble, que duró cerca de ocho horas.

Derivado de eso, dijo, se confirmó que en el Sheraton existen dos bares que funcionan con licencia de restaurante y no con la tipo ''B'', como dispone la mencionada ley.

Añadió que también se detectó que esa empresa se extendió ilegalmente 3 mil metros cuadrados de los límites autorizados. La respectiva licencia de funcionamiento precisa que el Sheraton María Isabel ocupa una superficie original de 69 mil 144 metros cuadrados, pero al hacer la revisión se comprobó que el área final que está utilizando es de 72 mil 397, con lo que viola el artículo 77 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles.

Esta misma legislación, dijo la delegada Jaramillo, les obliga a tener a la vista del público en general el original o copia certificada de la documentación vigente que acredite su legal funcionamiento, y en este caso también incumplen con el artículo 9 de ese ordenamiento.

Respecto de las obligaciones que debe cumplir el hotel en materia de seguridad, la funcionaria mencionó que el establecimiento carece de la debida autorización del programa interno de protección civil, así como de la salida de emergencia con sistema de apertura rápida; tampoco tiene personal capacitado para brindar primeros auxilios, y en la zona de la alberca le hacen falta medidas que garanticen la integridad de los huéspedes.

En cuanto al estacionamiento, se detectó que tiene sólo 525 cajones para automóviles, cuando su requerimiento real es de mil 448; asimismo en el restaurante no se tiene la carta o menú en letra tipo braille, como mandata la mencionada ley

Todas esas faltas, aseguró la jefa delegacional, ameritan clausura temporal inmediata de todo el hotel y la revocación de la licencia. No obstante, dejó en claro que esto no procederá de inmediato, sino que se debe seguir todo un procedimiento legal, que de entrada le garantiza el derecho de audiencia a los dueños o representantes del Sheraton, a quienes ya se convocó para una cita el próximo 14 de febrero.

La funcionaria del gobierno capitalino puntualizó que de aquí a esa fecha, los particulares podrán corregir algunas de las anomalías detectadas y presentar los documentos que así lo acrediten. ''Si ellos subsanan esas irregularidades, la clausura no procederá, pero hay algunas situaciones en las que incurrieron que no se pueden solucionar ni en tres meses; entonces, seguramente vamos a operar una clausura e iniciar la revocación de la licencia de funcionamiento, lo cual podría concretarse en 15 o 20 días más.''

-¿Cuánto duraría la clausura?

-No lo sabemos, porque tiene que ver con el tiempo en que el Sheraton María Isabel atiende todas las anomalías que encontramos, pero no será en el corto plazo, pues por ejemplo en el caso de los 3 mil metros que se extendió tendría que demolerlos y crear más cajones de estacionamiento -respondió.

De acuerdo con la ley que rige el funcionamiento de estos establecimientos en el Distrito Federal, las sanciones económicas por las fallas detectadas en ese hotel podrían ir de los 126 a los 2 mil 500 días de salario mínimo, y en caso de que esa empresa no atienda satisfactoriamente las irregularidades, entonces procedería la clausura definitiva.

-¿De cuánto es esa multa?

-Aparte de la clausura y la revocación de la licencia, que es inminente, el Sheraton deberá pagar una multa cuyo monto aún no está definido. Lo que es claro es que a ese hotel se le exigirá que cumpla estrictamente con las normas que establecen las leyes mexicanas, así como lo hace con las estadunidenses.

En la entrevista, la funcionaria delegacional -quien ayer compareció ante la ALDF para informar sobre la gestión ciudadana atendida- hizo un llamado a las secretarías federales de Turismo y de Hacienda para que cumplan con su tarea de revisar la forma en que viene operando el Sheraton María Isabel. ''Nosotros ya hicimos lo que nos toca, ya llegamos hasta donde nos es posible, y sí quisiéramos ver a esas instancias actuando de igual manera para sentar un precedente y evitar que se repitan casos como éste.''

Resaltó que hasta ahora los representantes en México de esa firma estadunidense no han establecido ningún contacto con las autoridades delegacionales, y de acuerdo con información extraoficial se supo que no emitirán ninguna postura hasta en tanto no reciban indicaciones concretas de la empresa controladora de esta cadena hotelera, Starwood Hotels & Resort Worldwide. Por lo pronto, las actividades de alojamiento y atención a los huéspedes siguió normal el día de ayer, a pesar de que el pasado martes se realizó una manifestación de protesta.

Jaramillo mencionó que en cuanto a la discriminación que sufrieron los funcionarios cubanos, ese asunto no está dentro de sus facultades sancionar, y en todo caso los afectados podrían presentar una querella ante la procuraduría capitalina.