Editorial

Los medios en la mira del crimen organizado

La repudiable agresión armada que se perpetró contra el diario El Mañana de Nuevo Laredo, en la que resultó gravemente herido el periodista Jaime Orozco Tey, ha puesto en el interés público la irrupción de la delincuencia organizada contra los medios informativos.

Entre la primera y los segundos suele generarse una tensión inevitable, particularmente aguda en las regiones dominadas por el narcotráfico, dado que las corporaciones criminales requieren de silencio o de desinformación para realizar sus negocios ilícitos, y en esa circunstancia buscan acallar a las entidades periodísticas y a los informadores, o bien distorsionar su trabajo para generarse ambientes de opinión favorables o para afectar a grupos rivales.

Para conseguirlo, los delincuentes recurren a la compra de conciencias ­si corrompen a altos mandos policiales, pueden corromper también a periodistas y directivos de medios­, a la adquisición simple y llana de empresas del ramo de la información y las noticias y, allí donde estos métodos no funcionan, o cuando dejan de funcionar, los estamentos criminales proceden al homicidio. En diversos estados de la República ­Baja California, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León, entre otros­ los capos de la droga han lanzado a sus sicarios a asesinar a periodistas que se negaron a vender su silencio, que intentaron romper las reglas de tratos inconfesables, que a juicio de los narcos "sabían demasiado" o que, con fundamento o no, fueron percibidos como aliados de cárteles enemigos.

En todas sus modalidades ­la corrupción e infiltración, la agresión armada, la combinación de ambas­, esta ofensiva de la delincuencia organizada contra los medios informativos y sus trabajadores se traduce en algo más que atentados a la libertad de expresión: es una amenaza contra el ejercicio mismo del oficio periodístico; es un fenómeno que desvirtúa a la información como tarea social y como vinculación imprescindible de la comunidad consigo misma, con el país y con el mundo.

El caldo de cultivo de esta circunstancia exasperante es la ineficiencia, la indolencia y hasta la ausencia de las autoridades responsables de combatir la delincuencia; de las dependencias encargadas de la seguridad pública en todos sus niveles ­federal, estatal y municipal­, y de las instituciones obligadas a procurar e impartir justicia.

La agresión referida ocurrió en una de las plazas que se suponían "pacificadas" por operativos policiales que a la postre, y a un costo trágico, resultaron mera demagogia, toda vez que los cárteles y sus cuerpos armados siguen operando allí a la luz del día. Ante el asalto al local de El Mañana, realizado con armas de alto poder y granadas de fragmentación, las aparatosas y espectaculares movilizaciones gubernamentales bautizadas como México Seguro se muestran como una burla a la opinión pública.

El deber primero y básico del Estado consiste en brindar protección a la población. La sociedad debe movilizarse para exigir a las autoridades que cumplan con el más elemental de sus trabajos, que es garantizar la seguridad y el derecho a la vida y a la integridad física de todas las personas, independientemente de su oficio. En cuanto a los informadores y sus medios, integrantes de esa sociedad, es intolerable que deban escoger entre callarse ­llevados por el dinero o por el miedo­ o ser asesinados.