Editorial
La Suprema Corte aceita las extradiciones
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer por unanimidad una resolución que ratifica la facultad discrecional del Ejecutivo federal para emitir la última palabra sobre la suerte de reos pedidos en extradición por otros países y determinó que no existe ninguna disposición constitucional que impida la entrega de mexicanos a terceros gobiernos.
Si bien la decisión fue adoptada en el contexto de la revisión de juicios de amparo promovidos por delincuentes nacionales pedidos en extradición por la justicia estadunidense, y aun si, considerada en forma aislada, pudiera resultar correcta desde el punto de vista jurídico, no pueden ignorarse dos de las circunstancias en las que se presenta.
Una de estas circunstancias es el historial de fallos del máximo tribunal del país que apuntan a aceitar el aparato legal en que se fundamentan los procesos de extradición a fin de facilitárselos a su principal promotor, que es Estados Unidos. En ese afán, la Suprema Corte autorizó recientemente la entrega al país vecino de reos que podrían ser sentenciados allá a cadena perpetua, y para justificarlo emitió, a contracorriente de la jurisprudencia anterior, un dictamen que niega el carácter de inusitado y de inconstitucional a ese castigo, el cual, sin estar expresamente prohibido en la Carta Magna, contradice abiertamente el principio de rehabilitación y reinserción social de los delincuentes, que es uno de los pilares del derecho penal mexicano.
A este respecto, cabe formular una digresión necesaria: el principal elemento de negación de la justicia en el país no es la levedad de los castigos previstos en los códigos penales, sino la impunidad de los criminales, producto esta última de la ineficacia y la corrupción en las corporaciones policiales y en el Poder Judicial. De poco sirve endurecer las penas ante fenómenos delictivos graves y exasperantes, como los secuestros en todo el país y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, si los responsables de esos actos no comparecen ante un tribunal o si éste, por fallas en la acusación, por fallas de criterio o por prevaricación y venalidad, los exime del castigo debido. Por lo demás, la obvia urgencia de proteger a la sociedad de la ofensiva de la delincuencia no justifica que se haya dado carta de naturalidad en nuestro aparato legal a una pena que, como la prisión de por vida, anula cualquier horizonte de rehabilitación y suplanta el propósito de justicia con la noción degradante de venganza social. La maniobra resulta adicionalmente deplorable, habida cuenta de que se llevó a cabo con el telón de fondo de evidentes presiones del gobierno de Estados Unidos para que nuestro país alterara su jurisprudencia.
La otra circunstancia en la que se presenta el fallo emitido ayer es la inminencia de la resolución que la propia SCJN tendrá que emitir, posiblemente mañana, en torno a la suerte de seis detenidos que son reclamados por España por su supuesta pertenencia a la organización terrorista ETA. Al convalidar la facultad discrecional del Ejecutivo federal para resolver en última instancia las entregas de prisioneros a terceros países, y al dejar asentado que nada impide que ciudadanos mexicanos (uno de los imputados lo es) sean extraditados, el máximo tribunal del país pareciera anticipar el sentido de su próxima decisión.
Al margen de tecnicismos legales, las disposiciones recientes del máximo tribunal del país en materia de extradiciones se inscriben de manera inequívoca y objetiva en tres tendencias indeseables y alarmantes: el debilitamiento de la soberanía nacional los ejemplos recientes están a la vista; la renuncia a tradiciones políticas, diplomáticas y humanitarias que honraron a México hasta hace unas décadas, como la práctica y la defensa del derecho de asilo, y el acotamiento de los derechos, las libertades y las garantías individuales, fenómeno este último de proyección internacional, e impulsado a escala global por Washington desde que la Casa Blanca adoptó la "guerra contra el terrorismo" como punto casi único de su programa de gobierno.