Exigen que sean sometidos a juicio ex funcionarios acusados de genocidio
Protesta del Comité 68 en congreso de derecho
"Gracias", fue todo lo que atinó a decir Mario Moya Palencia cuando miembros del Comité 68 le entregaron un manifiesto y le informaron que esperan todavía verlo sometido a juicio. A las puertas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), dicho comité realizó una protesta por la presencia no sólo del ex secretario de Gobernación, sino también de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ex funcionarios de los regímenes de Echeverría y López Portillo.
Raúl Alvarez Garín y Félix Hernández Gamundi lamentaron que la UNAM abra sus puertas a "criminales que tienen que ser juzgados", y señalaron que el sexto Congreso Nacional de Derecho Constitucional -en cuyo marco se dio el encuentro entre acusadores y acusados- "esté contaminado" por la presencia de presuntos responsables de genocidio.
Al respecto, Diego Valadés, director del instituto, señaló que se trata de un encuentro plural, y que a la universidad "pueden venir todos, porque es del pueblo". Así, permitió que el comité repartiera su comunicado en el interior del instituto e incluso invitó a sus miembros a pasar al auditorio donde se desarrollaron las conferencias.
Pero los miembros del Comité 68 permanecieron afuera de las instalaciones del IIJ-UNAM, donde desplegaron pancartas de repudio a la presencia de Moya Palencia, en espera de que se presentara también Pedro Ojeda Paullada, quien fungió como procurador general de la República luego de los hechos del 10 de junio de 1971, conocidos como el halconazo.
El encuentro, dijo Alvarez Garín, tiene carácter académico, pero la presencia "de ciertos invitados como ponentes le da peso político", debido al marco en el que actualmente se discute la situación de los juicios penales en contra de presuntos responsables de genocidio. "Estos invitados están acusados de crímenes muy graves", añadió.
"La convocatoria al congreso sobre derecho constitucional se dio en el momento en que se encuentran en curso diversas promociones judiciales y políticas relacionadas con nuestra pretensión de que se sometan a juicios de responsabilidad penal a los ex funcionarios involucrados en los crímenes de Estado del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la guerra sucia", afirmaron los miembros del Comité 68 en el manifiesto entregado en mano a Moya Palencia.
Y advirtieron en él que, ante el resultado de las resoluciones judiciales, "no sólo se deja ver un entramado de impunidad escandaloso, caracterizado por la protección brindada desde la policía (AFI) con el incumplimiento de las órdenes de aprehensión libradas, hasta las resoluciones judiciales espurias, las más escandalosas exonerando a Luis Echeverría y coacusados por los hechos del 10 de junio y la resolución de la Corte afirmando que el asunto del 2 de octubre de 68 carece de interés y de trascendencia jurídica".
Agregó el manifiesto que esto último "es de la mayor gravedad, puesto que conlleva una grave negación de obligaciones internacionales expresas, y una línea de argumentación que compromete y pone en riesgo principios de política internacional defendidos por nuestro país en una práctica diplomática de más de 70 años".
Para el Comité 68, la UNAM podría abrir sus espacios para debates políticos, teóricos y académicos del más alto nivel respecto de las acusaciones de genocidio, con la participación "de las partes involucradas y de académicos del mayor nivel de prestigio y calificación".