"La Corte tiene la oportunidad de frenar el desprestigio de la política exterior"

El gobierno privilegió leyes extranjeras en el caso de seis vascos detenidos: abogados

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El gobierno mexicano ha privilegiado leyes extranjeras por encima de lo que establece la Constitución de nuestro país, y muestra de ello es el caso de los seis ciudadanos de origen vasco reclamados en extradición por el gobierno de España, así como el de los 16 cubanos que el pasado viernes fueron expulsados del hotel María Isabel Sheraton, consideraron abogados defensores de los vascos detenidos en el Reclusorio Norte desde 2003 bajo la acusación de tener vínculos con la organización separatista ETA.

En conferencia de prensa, efectuada ayer en las instalaciones del Club de Periodistas, los defensores aseguraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la última oportunidad para frenar "el desprestigio" en que se encuentra México en materia de política exterior, por culpa del presidente Vicente Fox y su canciller Luis Ernesto Derbez.

Ante la presencia del ex diputado abertzal (nacionalista) Joseba Alvarez y de Mónica Basurto, esposa de uno de los seis vascos, los abogados José Samuel Porras Rugerio, Bárbara Zamora y Joseba Agudo Manzisidor -defensores de Félix García Rivera, Juan Carlos Arzola, Asunción Gorrotxategui, Ernesto Alverdi, José María Urquijo y Asier Arronategui- no dejaron de señalar que sus clientes son perseguidos políticos y que el gobierno español busca desacreditar su imagen, "haciéndolos ver como operadores financieros de ETA en México, cuando son refugiados vascos".

En su oportunidad, Joseba Agudo manifestó que la legislación mexicana "obliga a prever actos futuros, por lo que no puede ser enviada ninguna persona a un Estado donde corre el riesgo de ser sometida a torturas o que por su ideología política pueda ver empeorada su situación, cuestión que sin duda alguna sí acontece en los casos de los independentistas vascos".

Refirió que el alegato de los seis prisioneros vascos respecto a que son perseguidos políticos se basa en que el gobierno del Partido Popular de Madrid construyó una teoría en la que se señala, en términos maximalistas, que todo el independentismo vasco es ETA, y toda persona proclive a la defensa de los derechos de los presos y exiliados, en un partido político independentista, es miembro de ETA.

Asimismo, dijo que el juez Baltasar Garzón se ha excedido en sus funciones con un afán "protagonista", además de que es responsable de acciones ilegales, como la proscripción de organizaciones políticas como Batasuna, organizaciones de apoyo a los presos (Askatasuna) y organizaciones juveniles, como Segi, cuyo juicio se está realizando en la Audiencia Nacional española.

"El caso de los seis vascos presos en el Reclusorio Norte está totalmente ligado a esta nueva forma de ver el conflicto político que vive el gobierno del Estado español con el pueblo vasco en su conjunto. Con la criminalización de estos seis exiliados políticos vascos se pretende seguir abriendo nuevas vías represivas, ya que con el sumario judicial se quiere ahora dar un nuevo paso en la criminalización del independentismo vasco, al penalizar las conductas de solidaridad entre las personas que se encuentran en México y formen parte de este colectivo o agrupación de exiliados y exiliadas políticos vascos", puntualizó el litigante.

Bárbara Zamora y José Samuel Porras Rugerio coincidieron en que existen excepciones (pruebas en favor de los vascos) suficientes para que la Corte conceda el amparo a los presuntos miembros de ETA, y casi al final de la conferencia la abogada lanzó una información extraoficial: "se habla, según me han dicho, no de manera oficial, de que la mayoría de los 11 ministros de la Corte están en favor de otorgar el amparo a los vascos, pero eso se discutirá el próximo jueves".