Inaugura congreso sobre derecho constitucional

Rechaza Valadés tendencias "medievales" del gobierno

JESUS ARANDA

Ante las declaraciones del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, "no rectificadas ni desautorizadas por el Presidente de la República", y la decisión del alto clero de intervenir en la política interna del país, "nos estamos acercando a un momento muy delicado al que hay que ponerle fin rapidísimamente".

Advirtió lo anterior el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés, quien agregó que el Congreso de la Unión está facultado para exhortar al funcionario a conducirse conforme a la Constitución. Agregó que "no podemos pasar por alto" que el presidente Vicente Fox el 5 de febrero, en un acto que corresponde estrictamente a su credo interno y en el marco del debate en torno al tema religioso, "haya decidido celebrar la Constitución el domingo pasado en la catedral".

Al inaugurar el Congreso Internacional de Derecho Constitucional en la sede del IIJ, Valadés alertó sobre el riesgo de que se abra el debate en torno a una nueva Constitución, el cual "sólo abriría polémicas ya zanjadas, máxime ahora que las tesis de un Estado confesional son postuladas y practicadas por quienes ocupan el poder político".

En su intervención ante el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, invitados extranjeros especiales y expertos en derecho constitucional, el ex procurador general de la República censuró que en México tengan lugar actualmente tendencias "típicamente medievales".

En relación con las recientes declaraciones del escritor Carlos Monsiváis, en las que criticó la actuación del secretario de Gobernación, Carlos Abascal, por la conducta del funcionario en detrimento del Estado laico, Valadés dijo que a dichas "tendencias" hay que prestarles atención, porque "es difícil distinguir si lo reiteradamente afirmado por un alto funcionario federal es sólo un desliz personal o corresponde a una estrategia para medir la capacidad de respuesta de la sociedad", y si se trata de esto último, subrayó, el país no puede volver a fracturarse por un debate "históricamente cerrado".

"Abascal llamó fundamentalista a Carlos Monsiváis, quien hizo expresiones absolutamente pertinentes y absolutamente convergentes con el sistema constitucional laico mexicano; el señor Abascal consideró que quien es laico es fundamentalista y, en ese sentido, lo agravió a él y a muchos mexicanos más."

Alertó que declaraciones como las del titular de Gobernación pueden conducir hacia un Estado confesional y están abriendo las posibilidades de que la alta jerarquía eclesiástica intervenga nuevamente en la política, lo cual -enfatizó- ya se había evitado, porque dio lugar a graves conflictos en México: "tuvimos una guerra civil en el siglo xix, tuvimos otra en el xx y no debemos tener ningún conflicto en el xxi por este motivo".

El investigador emérito, ex rector y ex procurador Jorge Carpizo dijo en su intervención que suscribía "plenamente" lo dicho por Valadés.

Valadés añadió que el respeto a las creencias religiosas debe ser absoluto; nadie puede escudarse en ellas para resucitar querellas, para dividir a una nación, ni lesionar la vida constitucional".

Posteriormente, en entrevista, el director del IIJ, cuestionó -en alusión al candidato panista Felipe Calderón- a quienes utilizan símbolos religiosos para conseguir adeptos y obtener votos.

Aunque reconoció que no existe una sanción para los funcionarios que actúan como Abascal, Valadés señaló que Fox "debe desautorizar las expresiones y las actitudes del secretario y le debe preguntar "si está dispuesto a rendir el juramento constitucional a que está obligado como funcionario".

Subrayó que los principios religiosos deben ser respetados por todos, como debe ser también garantizado el ejercicio de todos los credos "y no la prevalencia de una forma de expresión".

Por su parte, el constitucionalista Antonio Caballero dijo que un funcionario como Abascal "debe mantener sus creencias en la vida privada, y en la vida pública mantener la idea de absoluta neutralidad y de no involucramiento en cuestiones religiosas". Indicó que al favorecer a una religión (la católica) frente a las demás, el funcionario no sólo afecta al Estado laico, sino también la libertad de creencias.