Debe pagar en un término de 24 horas $60 millones 400 mil al supuesto propietario
Caso Paraje San Juan: emplaza juzgado al GDF a indemnizar
La suma exigida inicialmente era por mil 810 millones de pesos
La sentencia, emitida el pasado 6 de diciembre, se confirmó ayer al no presentar apelación el gobierno capitalino
El juzgado 15 de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México determinó que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) tiene un plazo de 24 horas para pagar una indemnización de 60 millones 400 mil pesos -no de mil 810 millones de pesos- a Enrique Arcipreste del Abrego, supuesto propietario del Paraje San Juan, predio de 298 hectáreas que se localiza en la delegación Iztapalapa, que en 1989 fue expropiado por autoridades capitalinas para regularizar 12 colonias ahí asentadas.
La decisión judicial se hizo pública este viernes, luego de que la juez Gabriela Rolón Montaño determinó el nuevo monto a pagar por el Gobierno del Distrito Federal, con base en la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en mayo de 2005, en la que se ordenó que la suma a cubrir tenía que modificarse.
Sin embargo, el pago que debe realizarse al supuesto propietario del Paraje San Juan, Arcipreste del Abrego, aún estaría en duda, pues el 27 de mayo de 2004 la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) reveló que el terreno era considerado propiedad de la nación, por lo que no se le debía cubrir ninguna indemnización.
Además, en esa fecha la SRA solicitó a la Procuraduría General de la República que iniciara acciones legales en contra de Arcipreste, las cuales hasta el momento no han sido dadas a conocer por el Ministerio Público Federal.
Como se recordará, en julio de 2003 la juez Rolón Montaño ordenó inicialmente un pago de mil 810 millones de pesos a favor de Arcipreste del Abrego, y el litigio se convirtió en uno de los casos más sonados y con repercusiones políticas, luego de que en octubre de 2003 el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, declarara que no acataría el fallo judicial y que asumiría las consecuencias de su decisión.
Este caso enfrentó a López Obrador con la SCJN, debido a que el entonces jefe de Gobierno rechazó una y otra vez cumplir con la sentencia inicial, con el argumento de que se había sustentado en actos de corrupción, y el fallo violaba las garantías individuales de los habitantes del Distrito Federal.
La negativa de López Obrador en cuanto al cumplimiento de la sentencia provocó que el 10 de octubre de 2003 la juez Rolón solicitara a la PGR que actuara en contra del entonces jefe de Gobierno por el delito de desacato a una sentencia de amparo. Esto constituyó el primer caso de este tipo, en el cual se vio involucrado el hoy candidato perredista a la Presidencia de la República; luego vendría el caso del predio El Encino.
En ese contexto, el 20 de octubre de 2003, López Obrador dio a conocer que cinco funcionarios del GDF se habrían coludido con Enrique Arcipreste para que éste lograra una indemnización millonaria; entre ellos estaba Patricio Avila Luna, uno de los reclamantes de la indemnización por la expropiación del Paraje San Juan, quien el día 22 de ese mes presentó su renuncia como director de Servicios Urbanos de la delegación Coyoacán y supuestamente puso a disposición del gobierno de la ciudad los beneficios que se le otorgaban como "propietario del terreno".
Durante varios meses el entonces jefe de Gobierno insistió que la propiedad del predio se sustentaba de propietarios inexistentes, documentos falsos, destrucción de pruebas documentales en los registros públicos, falsificación de firmas, e intentos de cohecho, con la complicidad de funcionarios, e incluso mencionó como interesado en el caso, entre otros, al senador Diego Fernández de Cevallos.
Lo anterior, a partir de que se dio a conocer que Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador del estado de Guanajuato e integrante del bufete de Fernández de Cevallos, en alguna ocasión acudió al gobierno capitalino a tratar de negociar en nombre de supuestos dueños del Paraje San Juan.
La SRA determinó que el predio es propiedad de la nación
El 27 de mayo de 2004, la SRA determinó que el Paraje San Juan es propiedad de la nación, y por tanto López Obrador no debía pagar la indemnización de mil 810 millones de pesos.
Según los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria, el predio fue expropiado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1989, y en él se establecieron 12 colonias. El decreto señala que "el Departamento del Distrito Federal pagará, con cargo a su presupuesto, la indemnización conforme a la ley".
A partir de ese año, Arturo Arcipreste Nouvel gestionó el pago, y a su muerte su hijo, Enrique Arcipreste, continuó con la demanda, pero cinco años después la SRA declaró que ese terreno nunca fue propiedad privada sino de la nación, con base en el oficio 129184, en el que se informó de los trabajos de deslinde del predio, el cual fue declarado "terreno baldío propiedad de la nación'' en 1965, y también da cuenta de un oficio del 22 de julio de 1976, donde la Dirección de Bienes Inmuebles de la Secretaría del Patrimonio Nacional también considera Paraje San Juan "terreno baldío propiedad de la nación".
Aunque la sentencia mediante la cual se determinó que el Gobierno del DF debe pagar únicamente 60 millones 400 mil pesos se emitió el 6 de diciembre de 2005, quedó firme hasta este viernes, luego de que los representantes del gobierno capitalino no interpusieron ningún recurso en contra del dictamen.
De haber ocurrido la interposición de un recurso de apelación, la sentencia hubiera pasado de nueva cuenta a un órgano distinto para su revisión; en este caso le hubiese correspondido a un tribunal conocer del caso.
Así, la sentencia de Rolón Montaño ordena que la autoridad responsable, es decir el gobierno que encabeza Alejandro Encinas, contará con un plazo de 24 horas para cubrir la indemnización.