Entre los casos, el de los ciudadanos de origen vasco
Analiza ya la SCJN si tratados de extradición son inconstitucionales
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició ayer el estudio de nueve juicios de amparo en revisión, que implican el análisis de la presunta inconstitucionalidad de los tratados de extradición firmados por México con los gobiernos de Estados Unidos y España.
Entre el paquete de amparos se encuentra el solicitado por los seis ciudadanos de origen vasco contra el gobierno y el Congreso mexicanos; el primero por autorizar su extradición a España, y el segundo por aprobar el tratado de extradición signado entre ambos países.
El proyecto de resolución relativo al juicio de garantías que comenzó a revisarse ayer por el pleno de la Corte propone negar el amparo y protección de la justicia a un presunto narcotraficante mexicano que alegó cuestiones de inconstitucionalidad del tratado de extradición México-Estados Unidos. Si los 11 ministros avalan el proyecto se habrá declarado constitucional dicho tratado.
Asimismo, fuentes judiciales revelaron que el dictamen relativo al caso de los seis vascos también va en el sentido de negar el amparo a los quejosos.
Entre los recursos de garantías que serán analizados por la Corte destacan los interpuestos por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rogelio Montemayor, quien busca que el máximo tribunal determine que no puede ser juzgado en tribunales mexicanos por el delito de peculado electoral, único que lo llevaría a prisión por representar un delito grave. Otros amparos pendientes fueron presentados por presuntos narcotraficantes.
Los quejosos se encuentran en proceso de extradición internacional y plantearon a la Corte que los tratados celebrados con Estados Unidos y España, en su caso son inconstitucionales.
El pleno de ministros acordó el pasado martes que es válido el tratado de extradición suscrito entre México y Estados Unidos y que dicha norma debe aplicarse sobre la Ley de Extradición Internacional, sin necesidad de añadir otros requisitos.
Los ciudadanos de origen vasco -a quienes se imputa realizar operaciones financieras para la ETA-, así como los acusados de laborar para el narcotráfico, pretenden evitar su traslado a España y Estados Unidos, respectivamente.
A su vez, el ex titular de Pemex pretende evitar que Estados Unidos conceda a las autoridades mexicanas el permiso para que sea juzgado por peculado electoral y sea sometido a proceso judicial por el ilícito considerado grave.
En 2004 Estados Unidos concedió la extradición de Rogelio Montemayor sólo por peculado y ejercicio indebido del servicio público, delitos que le permitieron su libertad provisional. Será el martes próximo cuando el pleno de ministros entre de lleno a la discusión de los amparos en revisión.