Pagará a quienes proporcionen datos que permitan arrestar delincuentes peligrosos
El programa de recompensas de la PGR se inicia hoy de manera oficial
Falta precisar si la dependencia mantendrá siempre el anonimato de los informantes
La Procuraduría General de la República (PGR) pondrá en marcha este viernes de manera oficial un programa de pago de recompensas a quienes proporcionen datos que permitan la captura de miembros de la delincuencia organizada, aunque no se ha precisado si los informantes deberán cooperar con el Ministerio Público durante el desahogo de los juicios que se llegaran a instaurar, ni si la autoridad los mantendrá siempre en el anonimato.
Ayer se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para este programa, aunque se debe recordar que antes de la difusión de este acuerdo la PGR ya pagaba a informantes por acuerdos directos del titular de la dependencia.
Lo aparecido en el Diario Oficial posibilitará que en el futuro, y una vez salvados los escollos jurídicos de cada entidad, las autoridades locales puedan también pagar y dar protección a informantes, como fue acordado en la vigésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada el pasado lunes.
El programa de recompensas mantendrá en secreto el monto de lo pagado a cada informante, y faculta a la PGR a dar protección al declarante y sus familiares hasta en segundo grado por un periodo máximo de un año después de la captura del delincuente denunciado.
El denominado Acuerdo de Recompensas A/015/06 faculta a todas las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Procuraduría a "ofrecer y entregar recompensas a los ciudadanos que auxilien eficientemente otorgando información sobre investigaciones que realiza la institución; o bien, a quienes colaboren en la localización o detención de personas en contra de las cuales exista orden de aprehensión".
Precisa que "para efectos legales, queda establecido que las recompensas se podrán ofrecer y entregar sólo en aquellos casos en que se trate de la comisión de delitos graves".
Señala que "las solicitudes de oferta y entrega de recompensa deberán someterse a la consideración del procurador por conducto del subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal; del subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, o del subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, Carlos Aguilar".
El secreto de la identidad de los informantes no está asegurado de manera expresa en dicho acuerdo. Sólo se establece que los declarantes deberán "acudir con las autoridades para expresar el motivo y objeto de su presencia (ante el Ministerio Público), debe presentar identificación oficial y aceptar que su entrevista se asiente por escrito, se grabe y se filme".
Además, "el informante deberá entrevistarse con el agente del Ministerio Público responsable de la investigación, (para) asegurarse de la identidad del informante".
Otro detalle es que luego de que el informante proporcione los datos que la autoridad requiera se le asignará "un número de identificación personal confidencial (...) para el cobro de la recompensa, mismo que será de manejo personal e intransferible, por lo que su robo o extravío deberá ser reportado de inmediato a la oficina emisora".
No obstante, el acuerdo no señala qué ocurrirá en caso de que no se encuentre la citada contraseña, si ya no se podrá cobrar la recompensa o si la identidad del declarante y los datos vertidos corren algún riesgo.
Finalmente, el acuerdo menciona que "el pago de la recompensa estará supeditado a que con la información proporcionada efectivamente se haya localizado y detenido a la o las personas respecto de las cuales se haya girado orden de aprehensión", y si los datos los dio "más de una persona, tendrá derecho a la recompensa el primero que la proporcionó, pero si se hubieran dado por dos o más personas simultáneamente, se repartirá la recompensa por partes iguales entre ellas".