Sería inmiscuirse en su vida interna y asumir la postura de una de las partes: consejeros

Consideran inviable en el IFE que se congelen las prerrogativas del PASC

GEORGINA SALDIERNA Y ALONSO URRUTIA

La petición del presidente del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC), Alberto Begné, y de la candidata presidencial, Patricia Mercado, de realizar una auditoría a las finanzas del instituto político y que se congelen las cuentas, será discutido en el Instituto Federal Electoral (IFE) la próxima semana.

Sin embargo, de entrada se consideró poco viable la suspensión de la entrega de prerrogativas, porque ello implicaría inmiscuirse en la vida interna del partido y podría constituir una violación a sus derechos, planteó el consejero Arturo Sánchez.

Sin embargo, para el también consejero Marco Antonio Gómez Alcántar, más allá del conflicto interno del PASC, lo que el IFE deberá priorizar es el buen uso de los recursos públicos entregados, por lo que no descartó la aplicación de algunas medidas preventivas establecidas en diversos ordenamientos del instituto: podrían entregarse las ministraciones, pero estableciendo una administración paralela que garantice el buen uso de los fondos.

Para la consejera Lourdes López la solicitud presentada es reflejo del evidente deterioro de la vida interna del partido y de la utilización de todas las acciones posibles por cada una de las partes para desacreditar a la otra.

Por ello, consideró inviable no sólo el congelamiento de cuentas, sino la auditoría misma, puesto que esto sería como tomar parte por una fracción. El instituto electoral, subrayó, debería iniciar una investigación oficiosa ante los indicios de irregularidades.

En tanto, el vicepresidente del PASC, Ignacio Irys, acusó a Mercado de ser quien ha malversado fondos del partido, pues ejerció un millón 300 mil pesos para financiar su precampaña cuando el Consejo Político Federado no había aprobado ninguna partida destinada para ello.

Asimismo, según su versión, existen otros 628 mil pesos de gastos que no han sido justificados por el ala socialdemócrata del partido, motivo por el cual dijo estar de acuerdo con la auditoría del IFE, para que esta instancia deslinde responsabilidades sobre la malversación de recursos públicos.

Irys reconoció que se utilizaron cheques cuyas copias fueron exhibidas este miércoles por Begné y Mercado, pero justificó su expedición con el argumento de que era necesario trasladar recursos hacia los comités estatales, pues de lo contrario se incumplía con disposiciones legales y estatutarias que ordenan la transferencia de recursos para la operación partidista en los estados.

Recordó que el Consejo Político Federado aprobó el traslado de 44.2 por ciento de los recursos del partido al financiamiento de las estructuras estatales; 24.1 a servicios generales; 8.3 a materiales; 4 más a la fundación del partido; 16.7 a servicios personales, y 5 por ciento a gastos de instalación. En ninguna partida estaban incluidas las erogaciones de precampaña de Patricia Mercado, insistió.

Explicó que el manejo financiero de la candidata presidencial de Alternativa lleva el mismo rumbo que el efectuado en su momento en el partido México Posible, el cual -según Yris- quedó con deudas del orden de 13 millones de pesos.

En el IFE, mientras tanto, se informó que la partida correspondiente a los gastos ordinarios de febrero ya había sido depositada en las cuentas del PASC, no así los recursos de campaña relativos a la primera remesa, equivalente a 40 por ciento del total de los fondos.

La coincidencia entre los consejeros radica en la inviabilidad de adoptar una medida como el congelamiento de cuentas, porque eso llevaría al IFE a involucrarse en la vida interna del partido.

Sin embargo, las posibles opciones aún están por analizarse. Gómez Alcántar aseveró que el instituto electoral deberá verificar si el manejo que se está dando a los recursos está a cargo realmente de las personas estatutariamente facultadas para ello, y si los traslados se realizaron de acuerdo con los ordenamientos internos.

Consideró que el instituto debe considerar este caso como urgente, con el propósito de salvaguardar los recursos públicos.

"Esa es la prioridad que debe tener la institución, teniendo cuidado siempre de no involucrase en el conflicto interno, pero sí debemos dar respuesta a esa solicitud de auditoría", añadió.

Arturo Sánchez también consideró que la petición de la auditoría no es del todo viable, porque involucraría al IFE con una de las partes.

"Son ellos los que deben garantizar el buen manejo de las finanzas, independientemente de que haya un conflicto interno, pues el instituto no va a deslindar si fue una u otra de las partes, sino sancionaría al partido", puntualizó.

A su juicio, la petición de cancelar las prerrogativas de campaña puede atropellar derechos, lo cual podría ser denunciado por otros militantes con el argumento de que, efectivamente "estaríamos violentando sus garantías de recibir prerrogativas".

Explicó que la sugerencia de no entregar los recursos de campaña podría constituir una violación, particularmente bajo el supuesto de que entonces el partido se financiaría con donaciones.

"Las donaciones son recursos privados, y si no tienen fondos oficiales se violaría el precepto que establece que el financiamiento público debe siempre prevalecer sobre el privado. Por lo demás, en unas semanas comenzarán las campañas de los candidatos a senadores y diputados, lo que evidentemente implicará uso de recursos que debe entregar el IFE."