Chile y su contrarreforma indígena
En estos días la atención en América Latina se ha centrado en el impacto de la elección de la primera presidenta en la historia de Chile y los alcances reales de tal acontecimiento se verán en los hechos próximos; sin embargo, en materia indígena no hay lugar siquiera para la esperanza.
El pasado 10 de enero los diputados chilenos aprobaron por unanimidad una reforma constitucional que aún pasará por el Senado, lo cual no es garantía, pues es ahí donde una y otra vez se ha bloqueado la ratificación del convenio 169 de la OIT.
La flamante reforma consiste en declarar que "la nación chilena es una e indivisible". Con esta frase, más que derechos, se incluye una advertencia o amenaza, pues lamentablemente en ese país se aplica una política de judicialización y criminalización para los pueblos indígenas. Basta recordar el caso reciente de los "terroristas indígenas", que tras largas batallas jurídicas han obtenido su liberación. Lo increíble es que la reforma quedó en una frase, porque fue rechazado un párrafo adicional que parece copia del párrafo primero del cuarto constitucional mexicano: "Especialmente, la ley garantizará el derecho a conservar, desarrollar y fortalecer la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones espirituales, sociales y culturales de los pueblos indígenas que forman parte de la nación chilena".
Ese párrafo, que no otorgaba derecho alguno, fue demasiado para el conservadurismo chileno; antes se habían negado a incluir siquiera los nombres de los pueblos indígenas para "no atemorizar a la derecha", según el dicho de un diputado. Fueron excluidos tanto la expresión "los pueblos originarios" como sus nombres mapuche, la aymara, la rapa nui o pascuense, las comunidades atacameñas, quechuas, coyas, kawescar o alacalufes, yamana o yagán. Y eso era lo de menos, porque las organizaciones mapuches y aymaras rechazaron tajantemente una reforma que no reconocía "el derecho a las tierras, territorios, las aguas subterráneas y superficiales, los salares, los hielos; los recursos del mar y los recursos del suelo y subsuelo, patrimonio cultural, derecho intelectual, medicina indígena, etcétera".
La similitud de posturas con lo que hemos vivido en México no debe extrañarnos, pues obedece a la misma lógica de prevalencia de la oleada privatizadora para la cual es antagónico el reclamo indígena. Baste enlistar los diversos conflictos: el de la construcción de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío Bío; los problemas para el acceso y explotación de las fuentes acuíferas por parte de aymaras y atacameños en la región del norte; las denuncias contra la empresa Aguas Araucanía, por el inicio de la construcción de un ducto que evacuaría las aguas de la planta de tratamiento de aguas servidas de Temuco y Padre las Casas, donde documentan la afectación a los sindicatos de pescadores artesanales, las asociaciones indígenas de pescadores, las comunidades mapuches y las organizaciones comunitarias de la octava, novena y décima regiones.
Asimismo, la acusación a Celulosa Arauco del desastre del santuario de la naturaleza del río Cruces y el término y muerte de las actividades productivas en el Golfo de Arauco, que ha afectado a gran cantidad de pescadores y comunidades campesinas y mapuches. En todos los casos citados han mantenido una cerrada oposición a la aplicación de políticas ambientales que eluden los estudios de impacto en complicidad con las trasnacionales. Frente a esta clase de conflictos, obviamente no sirve de nada a los pueblos indígenas la declaración constitucional de que "la nación es una e indivisible".
Los legisladores chilenos no están pensando en los pueblos indígenas en términos de sus derechos, sino que buscan su desaparición.
El gobierno de Michelle Bachelet no tendrá una política diferente. Revivió un pacto conocido como Acta de Nueva Imperial -firmada en 1989 por representantes de los pueblos indígenas, los cuales fueron incumplidos de manera consistente- y el 6 de enero suscribió los Acuerdos de Nueva Imperial II con cuatro "representantes indígenas". Faltaba más, también el oficialismo chileno promueve liderazgos.
En el referido documento la contraparte indígenas hace amplio reconocimiento a la existencia de la "Ley 19.253 de 1993 y la creación de la Conadi" (el INI chileno) y queda como interlocutora para otorgar el aval al gobierno en el ejercicio del "consentimiento previo, libre e informado" que permita la ampliación de proyectos en materia de recursos naturales. Ese es el punto clave en el interés del capital trasnacional en nuestros países, y es a través de él que podemos constatar que la defensa de los territorios indígenas es el tema central tratándose de esos pueblos. Y el cambio histórico en nuestros países consistirá en abordarla de frente. Ya veremos si en Bolivia se logra, por lo menos, un intento consecuente.