Editorial
Violencia delictiva y propuestas electorales
En medio de una nueva y cruenta ofensiva de los cárteles de la droga, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, negó ayer que la creciente violencia delictiva en particular, la generada por el narcotráfico haya puesto en peligro la estabilidad del país o la normalidad del proceso electoral del próximo 2 de julio, y llamó a los candidatos y a los partidos "a seguir trabajando intensamente para que lleven sus propuestas a la ciudadanía". Ante el clima de alarma generalizada y justificada que genera el accionar de los pistoleros en diversos puntos del territorio nacional, las confrontaciones armadas en diversas ciudades y regiones, y habida cuenta del inocultable fracaso de las estrategias oficiales para enfrentar el problema o, peor aún, de la ausencia de ellas, la proliferación incontrolada de la delincuencia, organizada o no, debiera ser uno de los puntos fundamentales en el debate de propuestas políticas de cara a las elecciones.
Sería positivo, por ejemplo, que los candidatos y los partidos expusieran sus nociones acerca de la relación entre el incremento delictivo y el estancamiento económico en que está sumido el país; que se sometiera a polémica la pretensión de derrotar a la criminalidad en el estricto ámbito policial, sin considerar la contribución del desempleo y los salarios ínfimos a la capacidad de reclutamiento de las mafias de la droga, del secuestro, del robo de autopartes, entre otras; que se analizara el deterioro del tejido social causado por las políticas económicas vigentes y su papel como caldo de cultivo para el desarrollo de actividades ilegales.
Adicionalmente, los aspirantes a cargos de elección popular tendrían que externar ante el electorado sus posturas sobre una paradoja insoslayable: hace 30 años que, según el discurso oficial, las autoridades del país "ganan batallas" contra el narcotráfico como gustaban de decir los funcionarios del gobierno de José López Portillo y como afirma ahora el secretario de Gobernación de Vicente Fox, pero no existe ningún indicio serio de que pueda ganarse la guerra contra esa actividad delictiva. El narcotráfico se nutre de su propia ilegalidad; convierte su proscripción en márgenes de ganancia; su negocio consiste en ser perseguido.
En este contexto, el aspirante presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador, retomó ayer una vieja propuesta: dar atributos legales a las fuerzas armadas para que tengan mayor participación en el combate al crimen organizado. Se trata de una idea desafortunada e improcedente por donde quiera que se le vea: las instituciones militares no son intrínsecamente inmunes al poder corruptor de las mafias un botón de muestra: el general Gutiérrez Rebollo, como no lo es ninguna entidad pública o privada, e involucrarlas, más de lo que ya están, en el combate al narco, sería exponerlas a procesos de descomposición de consecuencias mucho más peligrosas y desestabilizadoras que la corrupción actualmente imperante en las corporaciones policiales. Por añadidura, la custodia de la soberanía nacional y la integridad territoriales, así como el auxilio a la población en casos de desastre, que son las principales atribuciones constitucionales de las fuerzas armadas, son tareas muy diferentes a la persecución de infractores de la ley, la cual debe permanecer en el ámbito civil; el entrenamiento militar no consiste en desarrollar primordialmente habilidades de investigación policial y captura de delincuentes, sino en imbuir de la capacidad para enfrentar y destruir a formaciones enemigas. Habría que recordar, por último, situaciones tan desafortunadas como la colombiana, en la que el involucramiento de las fuerzas armadas en el combate al trasiego de drogas degeneró en debilitamiento del poder civil, en la corrupción de las instituciones castrenses, en graves y sostenidas violaciones a los derechos humanos y en una severa afectación de la soberanía nacional.
La elección de julio próximo tendría que ser una oportunidad para analizar el problema con otros puntos de vista y otras lógicas. Una de ellas es la que propone despenalizar las sustancias ahora ilícitas, lo cual no tendría por qué tener un impacto significativo en el incremento de las adicciones no, si se reorientan los actuales esfuerzos policiales del gobierno a los ámbitos educativo, médico y de bienestar social, pero eliminaría de raíz, en cambio, los fundamentos mismos del narcotráfico. Se erradicarían así la violencia en que desemboca el tráfico de drogas, los inevitables procesos de descomposición institucional generados por el poder económico del narco, se cortarían de tajo las distorsiones que esta actividad ilícita imprime en la economía y se reducirían de manera notable algunos de sus subproductos delictivos: lavado de dinero, tráfico de armas, pandillerismo, explotación y violencia sexual.