Así seguirá, porque es la naturaleza de un cuerpo colegiado, dice Alonso Lujambio

Impera pluralidad de visiones en el IFAI; "se tienen que construir mayorías"

RFC y números celulares de funcionarios, así como la foto de El Azul, temas de controversia

ELIZABETH VELASCO C.

La división que se ha presentado en el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) a partir del segundo semestre de 2005, por la apertura o reserva de datos personales de funcionarios públicos, entre otros temas, está dentro de la lógica de un cuerpo colegiado en el que debe prevalecer la pluralidad de visiones, asegura el comisionado del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal.

"Esto va a seguir pasando, porque es la naturaleza de un cuerpo colegiado, donde los asuntos complejos hacen ver las distintas posiciones que hay en un cuerpo plural y donde las mayorías no están predeterminadas."

De hecho -dice- si el Legislativo no hubiera querido que se dieran estas diferencias, habría nombrado un solo comisionado de transparencia, como ocurre en Canadá, donde uno solo decide qué información gubernamental es pública, confidencial o reservada. Pero en "nuestro caso se tienen que construir mayorías; yo me espantaría si el IFAI votara al 100 por ciento, por unanimidad, la apertura o reserva de la información gubernamental".

Lujambio reconoce que, aunque en la mayoría de los casos prevalece el acuerdo, se han perfilado "claramente las divisiones porque hay dos líneas interpretativas hasta el momento". Es decir, la constituida de un lado por Juan Pablo Guerrero Amparán, apoyado la mayoría de las veces por Horacio Aguilar, y por el otro, por María Marván, Alonso Gómez Robledo y el propio Lujambio.

Estos últimos, la mayoría de las veces, en temas polémicos han votado en favor de la reserva de información ligada a datos personales de funcionarios o incluso de sujetos que estuvieron presos; a la difusión de fotografías y números de teléfonos celulares pagados por el erario a funcionarios, el Registro Federal de Causantes (RFC), y algunos casos sobre la sanción impuesta a algún servidor público por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La comisionada presidenta del IFAI, María Marván, argumenta que este nuevo proceso de aplicación de la Ley Federal de Transparencia, para la apertura de información oficial, se construye a partir de casos particulares y sus resultados no se pueden extrapolar, aunque dichos casos están empezando a sentar precedentes a partir de los cuales se establecerá jurisprudencia.

En ese sentido, Lujambio destaca que, como el IFAI resuelve por casos particulares, "ahora queremos salir de la lógica del pleno, mediante una Comisión de Clasificación de la Información, donde empezaremos a deliberar en enero y febrero para analizar la sistemática de nuestra interpretación (en la aplicación de la ley) y ver si requiere ajustes y perfeccionamiento. Esto es natural cuando una ley está nueva y se empiezan a resolver casos inéditos".

Público y/o privado

Sobre esos casos inéditos, Marván y Lujambio argumentan los motivos por los que se inclinaron, junto con Gómez Robledo, en favor de mantener en reserva el RFC de los funcionarios públicos, aun cuando la SFP había determinado difundirlos en su página de Internet.

"El esfuerzo de la SFP -dice Marván- es por transparentar el comportamiento de los funcionarios como tales. No creo que su objetivo sea que todo mundo conozca el RFC (de cada servidor público), que es un dato personal no sensible porque hace identificable al individuo como contribuyente. Además, muchas veces los mismos bancos lo usan como clave de identificación para asegurarse de que quien compra algo vía Internet es dueño de la tarjeta de crédito. Por ello es importante que no circule por todos lados".

Para Lujambio el RFC "en ningún sentido fortalece la rendición de cuentas: no dice nada del modo en que el funcionario apega su conducta a derecho, ni de sus actos u omisiones. Por ello, consideramos un grupo de comisionados que, en tanto no contribuye en nada a la rendición de cuentas, no es información pública gubernamental".

En torno a los números de celulares de servidores públicos, pagados por el erario, si bien los cinco comisionados han determinado como criterio general hacerlos públicos cuando así lo solicite un ciudadano, en casos específicos se mantiene la reserva "cuando el interés público está por encima de la utilidad que reporta el que un número celular sea público".

Explica Lujambio: "En el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ciertos celulares de funcionarios están vinculados a una red para atender situaciones de sabotaje o crisis del sistema eléctrico; entonces, es importante mantener en reserva ese número, debido a que puede haber interferencias, saturación de la línea telefónica en momentos en que sea urgente comunicarse a esa red. Aquí tenemos que ir modulando qué es lo más importante, sobre todo cuando se trata del interés general".

De dos resoluciones aparentemente contradictorias del pleno del IFAI sobre la sanción que la SFP impuso al director de Banobras, Luis Pazos, por el uso de recursos del erario para la publicación de su libro Los jardines secretos de Dios, ambos refirieron que en un caso resolvieron la reserva debido a que el ciudadano solicitó "los documentos, es decir, el expediente", y mientras dicho proceso no haya causado estado -es decir, concluido en todas sus fases procesales (ya sea por un juicio de amparo, o recursos de nulidad o de revisión interpuestos por el sancionado)-, "protegemos los contenidos específicos probatorios del expediente para no afectar el procedimiento".

En cambio, en otra petición similar se determinó hacer pública la información, porque el ciudadano pidió "el dictamen y resolución" de la sanción a Pazos, datos que de hecho son públicos en la página electrónica de la SFP.

Otro caso fueel de la fotografía de uno de los operadores financieros del cártel de Juárez, Juan José Esparragoza, alias El Azul, solicitada a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), que también clasificaron como reservada, porque "quien persigue los delitos es la Procuraduría General de la República (PGR), no la SSP, y es la PGR la que en función de sus atribuciones puede o no publicar la fotografía que considere pertinente para sus propósitos y para su política, y el IFAI no va a objetar eso", indicó Lujambio.

De hecho, destacaron Marván y Lujambio, la fotografía de El Azul ya está publicada por la PGR en su página de Internet, y el solicitante de ella de ahí la puede obtener.

Advirtieron que de ninguna manera tales resoluciones se pueden "extrapolar" y "llevar al absurdo", al grado de plantear que habría que solicitar permiso a El Azul para la difusión de su fotografía; tampoco se afecta "de manera alguna la libertad de prensa, ni de comunicación, ni de expresión, ni se protege a delincuentes", porque sólo se resolvió de esa forma para ese caso específico.