La democracia en peligro
Una de las obligaciones ineludibles de los tres poderes del Estado es supervisar y garantizar que la acción de terceros, individuos o consorcios, sea respetuosa de los derechos humanos y, en caso contrario, proveer mecanismos eficaces para su defensa. No es el caso de la minuta de Ley Federal de Radio y Televisión que irresponsablemente aprobó el pasado 1 de diciembre, sobre las rodillas, la Cámara de Diputados, a propósito de uno de los derechos y libertades públicas fundamentales de la democracia, en su concepción más liberal: el derecho a la información y la libertad de expresión. Por ello es en verdad indispensable que los actores sociales y políticos democráticos del país se movilicen a partir del 1 de febrero para evitar que tal bodrio no sea discutido seriamente en el Senado, y, peor aún, que sea aprobado fast track en la clandestinidad.
Como ha explicado en repetidas ocasiones el senador Javier Corral, los grandes ausentes de la iniciativa, bien calificada como ley Televisa, son los ciudadanos, sus derechos, el orden público, los bienes de la nación y la soberanía del Estado. Para el consorcio televisivo, en cambio, encubierto por sus poderosos representantes en el Congreso, tales realidades simplemente no existen o están enteramente a su disposición. Para ellos sólo se trata de adecuar la ley a sus negocios duopólicos, aprovechando los adelantos tecnológicos de la conversión digital y el espacio radioeléctrico del país. Para los ciudadanos y organizaciones, por el contrario, estos son bienes de la nación, encomendados para su custodia al Estado y costeados con sus impuestos, con la obligación de que se administren, respetando y garantizando los derechos de todos.
Para ello es importante que los senadores, como verdaderos representantes populares, consideren el espacio radioeléctrico como un bien que no les pertenece, y que no puede seguir subastando al mejor postor sin el consentimiento del pueblo. Es necesario, por el contrario, que corrijan la situación de los monopolios en radio y televisión, tal como lo exige la Comisión Federal de Competencia, y vean a la radio y televisión como un servicio público, concesionado con obligaciones sociales explícitas. Es imprescindible que los senadores no caigan, como los diputados, en las artimañas de los negociantes sin escrúpulos de los medios electrónicos, y menos aún que por intereses económicos y políticos sectarios se vayan este año con el baldón de haber traicionado a la sociedad. Hoy sabemos que hay que revisar la composición, facultades y nivel jurídico del órgano regulador de concesiones y permisos para asegurar su eficacia, autonomía e imparcialidad.
También es obligado considerar los permisos expresamente en la ley con un régimen jurídico distinto al de las concesiones, para no incluir en sus finalidades propósitos groseros, sencillamente comerciales; excluir el otorgamiento de éstas con criterios puramente económicos; ampliar las oportunidades a otros beneficiarios para garantizar en un verdadero régimen de libre mercado la libertad de expresión y el derecho a la información de toda la sociedad; otorgarle al IFE desde ahora la facultad para contratar y distribuir equitativamente los tiempos de campañas de los partidos sin acotarlo a ser mera caja de pago de las televisoras, facultándolo además para hacer uso de los tiempos oficiales con este propósito; asegurar en términos legales lo que el Estado entiende por producción independiente, no las televisoras, así como la obligatoriedad de la disposición de contratar un determinado porcentaje para ello, más allá de los "estímulos" con que todavía se les quiere "premiar".
Por ello se pone en guardia a los senadores, para que revisen y acuerden escrupulosamente, en primer lugar, la actualización de los principios establecidos en el artículo 5 de la minuta devuelta, y consideren con el mismo cuidado los términos establecidos en el artículo 28, para que, a costa de la nación, no sigan poniendo al servicio del duopolio televisivo las ventajas de la convergencia digital.
Por respeto a los sectores más vulnerables de la sociedad deben revisar con atención los requisitos de minuta para la concesión de permisos de radios comunitarias, pues los que se mencionan ahí rayan en la indefinición y discriminación, y son tan discrecionales y ofensivos como la práctica oficial hasta ahora. No hay que dejar pasar la oportunidad de considerar a los medios oficiales como medios de Estado, no de gobierno, tal como lo demanda la sociedad, y dotarlos de condiciones y garantías que les posibiliten ofrecer un servicio social de calidad, que sirva de complemento y contrapeso a la oferta puramente comercial de la televisión privada.