Fueron cancelados contratos para operar las aduanas
Ampara la Corte a empresas contra decisión de Hacienda
El Poder Judicial federal frena el proceso de trasnacionalización de las aduanas al otorgar 11 amparos a empresas mexicanas que fueron objeto de la cancelación de sus contratos, firmados con el gobierno mexicano, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A raíz de que este diario dio a conocer la participación de empresas extranjeras en el control de las aduanas mexicanas, inversionistas mexicanos que venían prestando servicios en las aduanas del país, se ampararon ante la SCJN, porque su participación en esa actividad impedía la operación de cinco trasnacionales ligadas a ese rubro, y una de ellas probablemente ligada al hijo mayor de Marta Sahagún, Manuel Bribiesca.
La diputada Sofía Castro Ríos manifiesta que el Poder Judicial Federal, con los amparos concedidos, frenará los permisos otorgados a empresas trasnacionales por las autoridades hacendarias.
Y es que al conseguir la suspensión del acto reclamado, es decir, los amparos, las 11 empresas nacionales han logrado que las trasnacionales no operen de acuerdo con las concesiones otorgadas por las autoridades foxistas.
El acto judicial frena la trasnacionalización de las aduanas y las autoridades aduanales del gobierno foxista se verán impedidas de licitar los servicios en favor del capital extranjero el próximo 30 de enero, como lo había previsto la SCHP.
Una de las 11 empresas que obtuvieron la suspensión del amparo, el Consorcio de Comercio Exterior de Reynosa, sostiene que el acto reclamado obedeció a la decisión unilateral e injustificada de dar por concluido el contrato mediante el cual se había comprometido a prestar servicios al gobierno foxista, y actualmente "la Secretaría de Hacienda lo está concursando con la participación exclusiva de empresas trasnacionales".
La investigación que realiza la diputada Castro refiere que las empresas mexicanas han logrado que distintos jueces de distrito les otorgue la suspensión del acto reclamado, en este caso, la culminación de los contratos firmados en 1993, cuando Francisco Gil Díaz -titular de la dependencia- fungía como subsecretario de Hacienda.
De tal forma al otorgárseles la suspensión en los 11 amparos a las empresas, las autoridades aduanales no podrán licitar dichos servicios ni podrán dar a conocer el fallo definitivo de ese proceso del 30 de enero próximo.
"Ante esta situación sólo le quedaría a la Secretaría la opción de interponer los recursos de apelación contra dichas suspensiones, y esto les llevará el resto del sexenio por lo menos". Y es que de prevalecer las suspensiones concedidas a las empresas mexicanas, se dará marcha atrás a la licitación en la que participan las trasnacionales.
En caso de desechar la suspensiones concedidas, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; José Guzmán Montalvo, titular de Aduanas, y José Zubiría Maqueo, jefe del SAT, incurrirían en desacato. Y por consecuencia el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, sería responsable de ese delito al fungir como jefe superior de los citados funcionarios.