Aprueban pedir juicio político contra Hendricks
Cancún, QR, 24 de enero. En votación dividida, la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo determinó reactivar una petición de juicio político en contra del ex gobernador Joaquín Hendricks Díaz, a quien se acusó de manejar en forma irregular concesiones de taxis y venderlas por más de 220 millones de pesos. Una parte de esos fondos se habría usado para financiar la campaña del actual mandatario, el priísta Félix González Canto.
La principal acusación se refiere a las concesiones de placas de taxis otorgadas a María Rubio, esposa de Hendricks Díaz, por conducto de la Fundación Zazil Be -que ella maneja-, así como la posesión y alquiler de 250 juegos de placas. Además de que esta acción es ilegal, las ganancias nunca llegaron al erario.
Según los taxistas José María Avila Gamboa y Gonzalo Ariel Aguilar Gómez, ese dinero habría sido utilizado para la campaña de González Canto, quien ganó la gubernatura en las elecciones del pasado 5 de febrero.
Avila Gamboa y Aguilar Gómez, opositores a la dirigencia del Sindicato de Taxistas, presentaron el 29 de marzo pasado denuncias de juicio político contra Joaquín Hendricks ante la Oficialía de Partes del Congreso local, pero no las pudieron ratificar porque aún no estaba integrada la Comisión de Justicia. En su querella, imputaron a Hendricks haber vendido al menos 43 concesiones de taxis a espaldas de la asamblea del sindicato.
Este martes, la diputada panista Patricia Sánchez, presidenta de la comisión, intentó echar abajo el procedimiento, a lo que se opusieron los legisladores David Alvarez, Mario Rivero y Juan Manuel Chang -el primero del partido Convergencia y los otros dos del PAN-, con cuyos votos se decidió ofrecer a los quejosos tres días hábiles para ratificar su demanda y darle cauce al juicio político.
El quinto integrante de la comisión, el priísta Efraín Villanueva, está incluido en la demanda por haber autorizado la venta de placas de taxis cuando era secretario de Gobierno de Hendricks.
Entre la documentación para proceder con el juicio político los quejosos incluyeron un oficio de fecha 16 de junio de 2003, en el cual el ahora legislador Villanueva ordenó la venta de una placa a Rosalía May Pacheco. El escrito indica que la entrega de las láminas con números 3 mil 77 a 3 mil 120 fue irregular, porque el gobierno no puede vender las matrículas.
Además, en la demanda se asegura que el gobierno estatal maneja 250 juegos de placas y que supuestamente entrega las ganancias a la Comisión de la Juventud y el Deporte del estado, pero usa ese dinero para campañas electorales. Cada una de esas placas, dice la querella, se renta por 5 mil pesos mensuales, que no aparecen en ningún estado de cuenta oficial.
A partir de una petición de Avila Gamboa y Aguilar Gómez, el juzgado segundo de distrito A, con sede en Cancún, ordenó a la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, el 3 de noviembre pasado, darle seguimiento a una denuncia por fraude contra el ex gobernador, debido a que autorizó la entrega de más de 250 placas de taxi por un monto de 222 millones de pesos. El tribunal deberá resolver antes del 3 de febrero.