Más de 50% de estadunidenses se opone al programa de escuchas, indica encuesta
Bush retoma ofensiva política en defensa de su "guerra contra el terrorismo"
"Seguridad nacional", la apuesta para un triunfo republicano en los comicios legislativos
Nueva York, 24 de enero. El gobierno de George W. Bush se ha dedicado esta semana a retomar la ofensiva política a través de varios actos oficiales de alto nivel como parte de una estrategia que apuesta que el tema de seguridad nacional superará la ola de críticas a las políticas de la Casa Blanca y será clave de un triunfo electoral republicano en los comicios legislativos de este año.
Ayer el presidente Bush reafirmó que sus políticas de la "guerra contra el terror" -la guerra en Irak, las escuchas secretas de comunicaciones de estadunidenses, la Ley Patriota- son respuestas necesarias ante las amenazas a la seguridad nacional. Nada nuevo reveló el presidente en su larga presentación en Kansas, sólo que ha renombrado el programa secreto en la retórica oficial, de "espionaje doméstico" a "vigilancia de terroristas". Algunos observadores señalaron que ahí mostró su mayor talento: hablar, responder y comentar -a veces con tonos informales- y revelar casi nada.
Poco después, el subdirector de inteligencia nacional, Michael Hayden, se presentó ante los medios en Washington para asegurar que el programa de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de intervención de comunicaciones de estadunidenses con el extranjero -y que hasta hace poco era secreto-, se limita sólo a los sospechosos de mantener diálogos con Al Qaeda y que es un ejercicio legal.
Hoy fue el turno del procurador general Alberto Gonzales, quien aseguró que, una vez más bajo la justificación de los "tiempos de guerra", todas las medidas de seguridad de este gobierno son legales.
Este miércoles, en el tercer acto de esta obra de teatro -a lo que el New York Times se refirió como "una campaña de eventos de alto perfil sobre seguridad nacional"- Bush visitará las instalaciones de la NSA, de nuevo con la intención de defender públicamente esta operación sujeta ahora a críticas e investigaciones legislativas para evaluar su legalidad.
Karl Rove, estratega político de Bush y sus aliados, afirmó el pasado fin de semana ante los líderes del Partido Republicano que una ofensiva sobre la seguridad nacional debería ser la piedra angular de las campañas electorales legislativas de este año. La apuesta es, una vez más, que la amenaza del "terrorismo" es la mejor herramienta política para mantener en el poder a los republicanos y justificar todo.
La Casa Blanca busca retomar la ofensiva política. Enfrenta crecientes presiones del Congreso para buscar una estrategia de salida de la guerra en Irak, motivada por la impaciencia y oposición ante la guerra, y las controversias por su respuesta al huracán Katrina, medidas secretas de espionaje doméstico e investigaciones de actos ilegales.
Defensa cuestionable
Sin embargo, por más que lo intentan las cosas no mejoran. Cuando Michael Hayes habló en el Club Nacional de Periodistas ayer, afirmó que el programa de espionaje doméstico se enfocaba a "los malos", que la medida había sido aprobada por varios abogados del gobierno y que no violaba ninguna ley constitucional. Insistió en que obraba bajo lo establecido por una ley federal y también por autorización presidencial.
Pero eso no respondió preguntas sobre quién decide quiénes son los sospechosos, qué autoridad supervisa que eso sea así, que el hecho de que abogados del gobierno lo aprueben no significa que no sea ilegal, y que, como expresó un periodista en la reunión, la operación de escuchas sin aprobación judicial sí viola explícitamente la Cuarta Enmienda de la Constitución.
La Cuarta Enmienda, que protege a ciudadanos de cateos del gobierno, establece que hay un derecho contra cateos y confiscaciones no razonables por las autoridades y que estas acciones deben ser autorizadas por una orden judicial basada en "causa probable" para demostrar la razón de este tipo de acción. Aunque estos puntos son debatidos por expertos legales, algunos señalan que los comentarios de Hayden son inaceptables. "Hayden dijo que está sujeto sólo por la primera parte de la Cuarta Enmienda... e ignora la segunda cláusula que requiere una causa probable", indicó hoy Christopher Pyle, profesor de política y quien en 1970 reveló el espionaje militar de civiles en este país y asesoró al Congreso, incluyendo al comité que formuló la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), la cual prohíbe el espionaje doméstico sin autorización judicial.
Pyle señaló que Hayden también ignora la FISA, según la cual "jueces, no generales, deciden cuándo existe una causa probable". Además, FISA establece que los reglamentos de esa ley son los medios exclusivos para realizar la vigilancia electrónica dentro de Estados Unidos.
Otros repudiaron las medidas de espionaje cuando hablaba Gonzales en la Universidad Georgetown; unos 20 estudiantes con capuchas negras se pusieron de pie y le dieron la espalda durante todo su discurso.
El Senado ha programado el inicio de audiencias para este tema el 6 de febrero, y el asunto es epicentro del creciente debate nacional sobre si el presidente ha rebasado los límites de su poder, en este y otros rubros.
Por ahora, Bush y sus colegas han insistido en que este programa ya ha "salvado vidas", que si hubiese operado antes del 11-S podría haber detectados a algunos de los participantes en los atentados, y que el pueblo estadunidense seguramente entiende la necesidad y la urgencia de este tipo de esfuerzo. Pero, hasta ahora, ese pueblo está dividido y tiende a creer cada vez menos en los argumentos oficiales. Una encuesta Gallup difundida ayer registró que 51 por ciento de los estadunidenses se opone al programa de espionaje, y 46 por ciento lo aprueba. A principios de mes, la misma encuesta registró 50 por ciento en favor y 46 por ciento en contra.
Otros frentes
El gobierno de Bush no ha logrado superar la oposición de una mayoría de su pueblo a la guerra en Irak, y hoy un informe oficial indica que el tan elogiado programa de reconstrucción de ese país ha experimentado graves fallas desde sus inicios. A la vez, continúan las investigaciones de tortura a detenidos, y hay demandas legales contra el gobierno presentadas por organizaciones de derechos civiles, sobre todo desde el programa de espionaje interno, por el trato a detenidos después de los atentados del 11-S (está por comenzar un proceso legal en el que varios inmigrantes detenidos demandan a la Casa Blanca), y por casos de tortura.
Por otro lado, continúa la investigación del fiscal especial sobre la filtración del nombre de la agente de la CIA Valerie Plame a los medios, y Karl Rove sigue bajo sospecha en ese caso, junto con otros. También se reveló que, al contrario de lo afirmado por Bush y su gente, la Casa Blanca sí había sido alertada por el Departamento de Seguridad Interna de la gran probabilidad de una inundación en Nueva Orleáns, lo cual provocaría el éxodo de cientos de miles de habitantes en las horas previas a Katrina.
Y para acabar, apenas está empezando lo que podría ser uno de los peores escándalos políticos en Washington en torno al caso de corrupción y el antes poderoso cabildero Jack Abramoff. Hasta ahora, sólo estaban implicados varios legisladores, pero se sabía que la Casa Blanca y otros intentaban deshacerse de toda foto de Abramoff y Bush juntos; ya los voceros han negado que el presidente estuviera ligado al cabildero. Ayer, la revista Time reveló que existen esas fotos, y la Casa Blanca tuvo que reconocerlo. Sin embargo, el vocero Scott McClellan informó que las seis imágenes no serán divulgadas, ya "que no tienen nada que ver con esta investigación", y dijo que las fotos son las rutinarias que el presidente se ha tomado junto con miles que pasan por los eventos oficiales.
Está por verse si el dicho de que la mejor defensa es la ofensiva. Un agudo observador de la política estadunidense señaló a La Jornada que Bush decidió ofrecer su discurso justo en el mismo lugar y sede, la Universidad Estatal de Kansas, donde Richard Nixon en 1970 intentó retomar la ofensiva para justificar la guerra en Vietnam cuando empezaba a desplomarse el apoyo público.