Los Bribiesca se verían beneficiados con una obra en Celaya
Se tambalea otro proyecto millonario de Fox y Marta
''Fuera del marco legal'', la expropiación de tierras comunales
La expropiación de tierras comunales para el proyecto presidencial del malecón del río Laja, en Celaya -en el que presuntamente están involucrados los hijos de Marta Sahagún-, "se hizo fuera del marco legal" porque no fue autorizada por la Secretaría de la Reforma Agraria, además de que la cesión de derechos fue anterior al decreto expropiatorio, por lo que éste "podría quedar sin efecto", concluyó el despacho Escobar, Consulting & Associates.
El proyecto, anunciado por el presidente Vicente Fox en febrero de 2005, fue impugnado por los propios ejidatarios y forma parte de la investigación de la Cámara de Diputados a los negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún, pues la obra no sólo incluye el malecón y evitar inundaciones en temporada de lluvias, sino abrir un camino a las instalaciones de la Feria de Celaya, y el polígono donde habitan 40 familias de campesinos será de alta plusvalía.
También se pretende construir un centro comercial, uno de convenciones, hoteles y un exclusivo fraccionamiento residencial, que no están identificados como causas de interés público.
La sorpresota
El informe de la consultoría refiere que la intención del proyecto es evitar el desbordamiento del río, como ocurrió en 2003, cuando la comunidad fue declarada zona de desastre. En marzo de 2004, Marta Sahagún anunció a los habitantes una "sorpresota", que en este caso fue el proyecto de inversión de 400 millones de pesos para el malecón, la cual fue confirmada por el presidente Fox en gira por la entidad.
Además del rechazo de los ejidatarios, a quienes se les pagó 50 pesos por metro cuadrado, aunque el valor real de sus tierras es de 628 pesos por metro cuadrado, el alcalde panista de Celaya, José Rivera Carranza, ha presumido públicamente que gracias a las gestiones de Manuel Bribiesca con su mamá, se logró avanzar en este proyecto.
El 21 de mayo del año pasado, luego de que 140 ejidatarios denunciaron ante la Comisión de la Reforma Agraria que la empresa constructora "propiedad de los hijos de Marta Sahagún" está detrás de la expropiación, los diputados Miguel Alonso Raya, del PRD, y Wintilo Vega Murillo, del PRI, se reunieron con los campesinos. En esa ocasión, Vega afirmó que la entrevista serviría para "aclarar si se han empleado recursos públicos en beneficio de los Bribiesca Sahagún; esclarecer si la administración municipal ha pagado los favores por el derecho de picaporte a los hijos de la esposa del Presidente, y aclarar las dudas de las que aún no hay respuesta".
Asimismo, el alcalde acusó ese día a los legisladores de "espantar" a los inversionistas "por tanto ruido que están haciendo", y presumió su amistad con Manuel Bribiesca, a quien calificó de "persona que nos está ayudando a atraer inversiones", mediante sus relaciones con un empresario para construir el hotel y el centro comercial en la ribera del río Laja.
Sobre el proceso de expropiación, la consultoría contratada por la Cámara de Diputados presentó como ejemplo el contrato de compra-venta que celebró como vendedor Rafael Mejía y como comprador el Instituto Celayense, representado por Carlos José Lemus Muñoz Ledo. Dicho contrato "se celebró el 18 de octubre de 2002, por la compra de un predio de dos hectáreas, ubicado en Las Lajas, con un importe de 3 millones 134 mil 543 pesos, y el título de propiedad indica que se trata de una parcela, por lo que se entiende que es un terreno ejidal, el cual de acuerdo al artículo 52 de la Ley de la Reforma Agraria, no se puede vender a menos que sea con autorización de la SRA".
También se revisaron tres contratos de cesión de derechos a nombre de Yolanda Gallegos García, Aurora Valle Ramírez y Miguel Sánchez. "En los dos primeros casos, los contratos presentados por los cedentes carecen de las firmas del presidente municipal, del secretario del ayuntamiento y del síndico; además, la cesión de derechos se hizo en enero de 2005, es decir, antes de que se emitiera el dictamen de expropiación", señala.
Ante ello, concluye que la comisión debe pedir al municipio los contratos originales o copias certificadas para verificar las fechas en que éstos se realizaron, "ya que de haberse firmado antes del dictamen correspondiente, la expropiación podría quedar sin efecto, toda vez que se hizo fuera del marco legal que dicta la Ley de la Reforma Agraria en sus artículos 52 y 112, ya que por tratarse de terrenos ejidales es la SRA la que tiene facultad de expropiarlos a través de un decreto o comunicado".