PROMETER NO EMPOBRECE

Con el argumento de que la marcha de la administración pública no se puede detener, el presidente Vicente Fox definió las cinco estrategias que marcarán las acciones de los últimos 11 meses de su gobierno, a seber: combate a la pobreza extrema, profundización de la gobernabilidad democrática, salud, educación y vivienda.

Fox emprendió desde hace poco más de un mes, precisamente cuando se perfilaba el inicio del proceso electoral, una intensa campaña de difusión de la obra pública en la que, un día sí y otro también, notifica acciones e inversiones millonarias en diversos sectores. Esta es una conducta que él mismo cuestionó como candidato presidencial al entonces titular del Ejecutivo, Ernesto Zedillo, y que le ha valido fuertes críticas de la oposición, que la consideran una abierta promoción a su partido de cara al proceso electoral.

En el fondo, salta a la vista que la política social, el combate a la pobreza y el uso de los fondos públicos se vuelven instrumentos clave de la política. Y también que la estrategia de propaganda de la administración federal abre una buena oportunidad para hacer balances de lo realizado.

En mayo de 2003 el vicepresidente del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, David de Ferranti, alabó el programa Oportunidades, aplicado por la administración foxista como eje central de su política social. Nadie discute que es innovador y que a unos meses de concluir el sexenio logró algunos buenos resultados.

El problema es que pese al énfasis en la política social durante los últimos tres sexenios, México aún no logra aliviar de forma decisiva la erosión de los niveles de vida de la población más pobre, una proporción elevada del total en el país.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social y los resultados del estudio Generación de ingresos y protección social para los pobres, del BM, la pobreza ha cambiado de lugar, mientras en las zonas rurales dejaron de ser pobres 3.9 millones de personas, en las urbanas aumentaron en 400 mil, ahora los pobres urbanos trabajan más por menos dinero.

La Encuesta ingreso y gasto de los hogares 2004, del INEGI, indica que 15 millones de hogares de clase media que en 2002 tenían ingresos mensuales promedio de 5 mil 648 pesos, en 2004 habían bajado a 5 mil 593 pesos (1.4 por ciento). En total, seis de los 10 estratos de ingreso en los que se clasifican los hogares registraron menos ingresos.

Un aspecto de la ineficacia de las políticas sociales se asocia con el hecho que las acciones aplicadas desde finales de los 80 se dirigen a subsanar los saldos negativos que dejaron los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid. Eso limita de modo decisivo su impacto en las condiciones presentes de la población objetivo.

Durante la llamada década pérdida, la economía tuvo un crecimiento raquítico, el gasto público en general y el social en particular fue muy restringido, se estancaron los ingresos salariales y el peso se devaluó fuertemente frente al dólar.

Entre 1990 y 2002 el gasto social en el país se duplicó, sin embargo, persisten los problemas heredados y se han añadido otros nuevos, como la falta de empleo bien remunerado y con prestaciones, incluso para aquellos mejor capacitados por el sistema educativo.

Hasta ahora hay avances en la identificación de los núcleos de población con problemas de salud, educación y vivienda, pero no se ha podido establecer la fase técnica de evaluación de lo que se hizo en los gobiernos anteriores para generar mejores condiciones de continuidad o reforma a las políticas.

La institucionalización del combate a la pobreza en México es relativamente nueva, puede decirse que nació en 1989 con el Programa Nacional de Solidaridad, de Carlos Salinas, mientras que en otros países se remonta mucho más atrás.

El factor político también pesa, pues hasta ahora no existe una continuidad que proteja los programas sociales de los cambios de funcionarios. Si bien Oportunidades continuó lo iniciado con Progresa, la llegada de un nuevo gobierno al poder dejó fuera de operación a cuadros técnicos que pudieron haber ayudado en la optimización de los recursos.

Se estima que un programa de combate a la pobreza empieza a dar frutos significativos en 15 años, y en México la política se replantea cada sexenio. Los buenos resultados son posibles cuando existe continuidad. "Estamos atrapados en resolver problemas que no dependen únicamente de la política social y ésta puede hacer poco por resolverlos, no estamos avanzando hacia fórmulas nuevas o formas innovadoras de tratamiento de la política social que permitan aminorar los rezagos existentes", explica Adrián Acosta, jefe del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.

El gasto de la ira

Hoy, el gobierno aplica 55 programas sociales que involucran a ocho secretarías de Estado que abarcan las áreas rural, productiva, educativa, laboral, de desarrollo sustentable y asistencial. El padrón de beneficiarios de programas sociales en México es de 34 millones de personas, mientras que el número de pobres llega a 49 millones.

Para 2006, el gobierno federal ejercerá un presupuesto de 1 billón 973 mil 500 millones de pesos; en conjunto, las secretarías vinculadas a la política social ejercerán más de 80 por ciento de estos recursos. Pero cuando se habla de combate a la pobreza ningún presupuesto es suficiente.

Mientras países como Chile y Brasil destinan 16 y 19 por ciento de su producto interno bruto anual, respectivamente, al gasto social, México asigna 10 por ciento, ejemplo de la insuficiencia de recursos es el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). Entre 2001 y 2005 el número de familias beneficiadas por Oportunidades pasó de 2.6 a 5 millones y el presupuesto asignado a la dependencia en el mismo lapso pasó de 14 mil 645 millones a 23 mil 744 millones.

A la falta de recursos hay que sumar el alto costo de la operación de los programas sociales, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006, la Sedeso tendrá un presupuesto superior a 26 mil 572 millones de pesos, de los cuales más de 19 mil 237 serán para el gasto corriente que incluye, pago a personal, papelería, utilería, mantenimiento de edificios, vehículos y pago de servicios, entre otros. Solamente 7 mil 335 millones se convertirán en apoyos a las comunidades.

En el ramo educativo, de lo destinado a educación básica más de cuatro quintas partes es para cubrir salarios de maestros y personal administrativo. La mayor parte del gasto no llega a los más pobres, cerca de 90 por ciento del gasto de protección social se canaliza a prestar servicios de salud y pensiones a trabajadores de los sectores público y privado, con lo que se excluye a los trabajadores informales.

Para el nivel de desarrollo de México, se debería gastar más en política social, pero esto debe estar ligado a una especie de acuerdo, como en los países europeos, donde los ciudadanos saben que sus impuestos se plasman en distintos beneficios", afirma Gladys López Acevedo, economista senior del BM.

Para sentar las bases de una política social más equitativa, coincide López y Acosta, son necesarias las reformas que el gobierno foxista ha sido incapaz de conseguir, principalmente la fiscal, pues para destinar más recursos al desarrollo el gobierno necesita multiplicar sus ingresos.

Pero también es necesario ampliar el papel del Estado como regulador y redistribuidor de riqueza. "Hay que fortalecer al Estado en su capacidad financiera y ampliar su papel técnico y administrativo para crear cuerpos especializados en el desarrollo de política social y aplicar medidas que se mantengan y sean consistentes con las condiciones económicas del país, sin hipotecar el futuro", agregó Acosta §

PALABRA DE FOX

La política social tiene un lado que suele quedar al descubierto en años electorales. Los partidos buscan apoyarse en las obras que sus antecesores han realizado en beneficio de la comunidad.

No es sorprendente entonces que los responsables del área social tiendan a ocupar espacios protagónicos como operadores políticos de sus partidos. Es el caso de la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio en 1993, que se construyó casi desde la Sedeso en el periodo de Salinas, o los operadores surgidos del programa Progresa para apoyar las campañas locales en los estados donde el PRI tenía una desventaja marcada.

La historia se repite en el gobierno de Fox con la incorporación de Josefina Vázquez Mota a la campaña panista por la Presidencia en 2006. El PAN apuesta por un operador que conoce bien las necesidades sociales, dispone de información privilegiada y ha generado relaciones y lealtades políticas a lo largo del país durante los cinco años que estuvo al frente de Sedeso.

Para reforzar estas lealtades, Fox busca en su último año de gobierno una reconciliación con ciertos sectores sociales. Así parece hacer suya una política que siempre rechazó: el apoyo económico a personas de la tercera edad, como hizo Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal. En su caso, Fox señala que su programa es popular, pues no tiene una cobertura universal, sino se destina específicamente a la población más pobre.

Otro caso es el de los ambulantes y se espera que en el primer trimestre se ponga en marcha un programa que dotará de vivienda, atención médica y ahorro para el retiro a este sector a vendedores y propietarios de pequeños negocios; en conjunto los beneficiados sumarán 7.2 millones de personas.

La pregunta obligada es si además de traer beneficios a estos sectores, el gobierno también busca ayudar al candidato de su partido. "No sólo es válido, sino que es indispensable. Ahora bien, eso mismo se puede hacer de muchas maneras. El modo más eficiente de atraer votantes con el gasto social es ejercerlo por medio de redes clientelares y también es el método de más dudosa moralidad. Significa en la práctica subordinar a los ciudadanos: de hecho, significa no tratarlos como ciudadanos sino como dependientes, como clientela", considero Fernando Escalante, investigador de El Colegio de México.

Este año habrá una variante: al quedar integrado el Alto Consejo por la Transparencia de los Programas Sociales Federales, la Organización de Naciones Unidas vigilará que los programas sociales no sean usados electoralmente §