Las autoridades privilegian intereses de trasnacionales, por encima del bien social, afirman
Generan ONG movimiento para evitar la privatización del agua
En una convocatoria a toda la sociedad para garantizar que el acceso al agua sea un derecho humano establecido en la Constitución, y fomentar así una gestión social del recurso, integrantes del Movimiento Urbano Popular (MUP) y de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA) afirmaron que sin un acceso sustentable y la aplicación de una administración eficiente, honesta y transparente de los recursos hídricos, "enfrentaremos no sólo una grave escasez del líquido en todo el país, sino a una comunidad urbana y campesina cada vez más impaciente ante la falta de respuestas".
Reunidos en la primera Asamblea Nacional en Defensa del Agua y la Tierra y contra su Privatización, aseguraron que por encima de intereses económicos de grandes trasnacionales del agua, como las firmas Suez, Vivendi y Aguas de Barcelona, "defenderemos el derecho humano de acceder a fuentes de agua potable ante políticas públicas que pretenden hacernos creer que somos los responsables del desastre ecológico que enfrentamos y que sólo con la privatización saldremos adelante".
Hilda Salazar, integrante de la COMDA, aseguró que se impulsará la creación de comités distritales de resistencia que involucren la participación de todos los sectores de la sociedad, ya que los efectos de la privatización del agua, su sobrexplotación y uso indiscriminado, "nos afecta a todos, sin distinción de clase social o nivel económico, o si habitamos en el campo o la ciudad".
Entre las acciones que se emprenderán en la jornada nacional, se incluye la convocatoria a una marcha nacional e internacional por la no privatización de este recurso, la cual podría realizarse el próximo 16 de marzo, cuando se inaugure en la ciudad de México el cuarto Foro Mundial del Agua.
Movilización internacional
Salazar afirmó que por la "política de exclusión" que prevalece en los preparativos al cuarto Foro Mundial del Agua se marginó a la mayoría de las organizaciones civiles que "denunciamos los efectos devastadores de los procesos de privatización en México y en otras partes del mundo, pues no sólo se cobró una cuota de 600 dólares de inscripción, sino que sólo se aceptó a aquellos grupos que presentaron proyectos exitosos en la privatización del recurso".
Indicó que ante la necesidad de crear un espacio de comunicación y debate, las organizaciones integrantes de la COMDA y el MUP realizarán un Foro Internacional con la presencia de diversas agrupaciones de América Latina, Europa y Asia, a fin de garantizar "nuevos canales de discusión que nos permitan integrarnos a un movimiento internacional en defensa del agua".
Por su parte, organizaciones como el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario de Guadalajara, Jalisco, la Organización de Ciudadanos Unidos al Rescate de la Laguna de Acuitlapilco de Tlaxcala y el Consejo Indígena Popular de Oaxaca manifestaron su rechazo a los procesos de privatización del agua y la tierra en comunidades de todo el país, donde, aseguraron, "se ha incrementado el deterioro ambiental de flora y fauna ante las consecuencias devastadoras de la sobrexplotación de los recursos hídricos".
Afirmaron que desde la creación de presas como La Parota o Arcediano, la desecación de lagunas o las presiones políticas y económicas para que las comunidades indígenas entreguen el control de sus recursos hídricos, "el gobierno federal pretende convencernos de que somos nosotros los responsables de la contaminación del agua, la muerte de ríos y manantiales, la pérdida de tierras de cultivo y la desaparición de peces e inclusive hasta bosques".
Aurora Domínguez, integrante del MUP, afirmó que son los sectores más empobrecidos los que "mejor cuidamos el agua, porque sabemos lo que cuesta no tenerla o acceder a fuentes de agua no potable y de mala calidad". A quienes se debería cuestionar su política de privatización es a las grandes trasnacionales y a las autoridades, que privilegian intereses económicos, por encima del bien social y ambiental.