50% de trabajadores no podría acceder a servicios
Costaría al erario casi $2 billones reforma al ISSSTE
La iniciativa fue dictada por Hacienda, denuncia texto de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados
Si se aprueban las reformas a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) disminuirá la posibilidad de extender la cobertura de salud y asistencia a los trabajadores excluidos, que representan 50 por ciento del total, además de que costará un billón 600 mil millones de pesos al erario, se advierte en un estudio sobre el impacto del cambio de legislación para el instituto, elaborado en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.
El texto de la iniciativa presentada por el senador priísta Joel Ayala "fue elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tiene un vicio de inconstitucionalidad, porque corresponde a la Cámara ser el órgano de origen, al tratarse de cambios al sistema de aportaciones, como señala el artículo 72, inciso H, de la Constitución", argumentó el presidente de la comisión legislativa, Miguel Alonso Raya.
El documento de la Comisión de Seguridad Social detalla los problemas que acarrearía al país, al instituto, a sus derechohabientes y a los trabajadores la iniciativa del priísta, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).
Las cuotas y aportaciones se harían sobre el salario de cotización, como ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no sobre la percepción base; modifica el sistema de gestión de los servicios de salud, privilegiando la apertura al mercado sobre el rescate de los servicios del ISSSTE; sustituiría el sistema solidario de pensiones por el de cuentas individuales, que otorga tasas de remplazo de 35 por ciento, frente al 95 por ciento actual, y desaparecerían la jubilación, la indemnización global y el retiro por edad y tiempo laborado.
Asimismo, limitaría las prestaciones sociales por la escasa capacidad financiera del instituto. Sobre todo acotaría los derechos de los trabajadores al reducir a los 16 años la edad de los hijos como beneficiarios; aumentaría el requisito de dependencia económica a que los ascendientes vivan con el trabajador para ser beneficiarios, y liga el aumento de las pensiones a la inflación, ya no al incremento salarial de los activos.
El documento de Joel Ayala se presenta como avance para la creación de un sistema de seguridad social, planteando un esquema de homologación de todos los regímenes de pensiones a cuentas individuales, pero se olvida y agudiza los siguientes problemas:
"Incapacidad del ISSSTE para extender la cobertura a la población excluida (casi 50 por ciento), no regula los regímenes especiales, como los de la banca de desarrollo, de los ex presidentes de la República y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no alienta la construcción de esquemas dignos de protección en salud e ingresos en la vejez y, por lo pronto, alienta la incertidumbre de los empleados y genera las condiciones para la jubilación masiva de los casi 300 mil que ya tienen derecho en el instituto."
El costo de la reforma se centraría en el bono de reconocimiento que se pretende entregar a cada uno de los trabajadores a modo de liquidación. Ese paliativo sumaría un billón 600 mil millones de pesos, de los cuales, si se aprobara la iniciativa, en el primer año deberían erogarse 56 mil millones del Presupuesto de Egresos de la Federación para garantizar el ingreso de los ex trabajadores.
La cuota social que debería cubrirse asciende a 6 mil millones de pesos en el ámbito de la salud, mientras que para el retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez el monto sería de 2 mil 300 millones de pesos, y un último problema que se detectaría a mediano plazo sería el del pago de pensiones mínimas, cuando el saldo de las cuentas individuales no sea suficiente.
El documento manifiesta que la iniciativa "es la propuesta original de la Secretaría de Hacienda, y su contenido rompe con la solidaridad intergeneracional, mientras que su costo se traslada a los trabajadores; con esta iniciativa se socializan pérdidas (por la baja de las pensiones y el costo social de la reforma) y se privatizan las ganancias generadas con el ahorro de los trabajadores".
La comisión advierte que la propuesta atiende puntualmente las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, y se inscribe en el esquema de políticas neoliberales y formas estructurales que han promovido el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.