Comisión legislativa se reunirá con autoridades poblanas
Exigen diputados investigar a ''perseguidores'' de Cacho
Aseguran que será exculpada y podrá demandar al gobernador
Critica el PRD el silencio y la pasividad de Fox en este caso
Diputados de PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia condenaron el proceso que se sigue a la periodista Lydia Cacho y lamentaron que el bien jurídico a tutelar no sea la integridad de las menores que sufrieron abuso sexual -caso denunciado por ella en el libro Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía-, sino que se trate de encubrir ''a ciertas personas'' que forman parte de una red de pederastas en México.
Asimismo, la comisión especial de la cámara que da seguimiento a las agresiones contra periodistas se reunirá la próxima semana con el procurador y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, para exigirles apego a la legalidad e inicien una investigación contra los funcionarios involucrados en la persecución ilegal de Cacho, porque ''prácticamente la secuestraron''.
Inclusive, los legisladores consideraron que el proceso ''es tan artificial y falso'', que la periodista saldrá exculpada y podrá demandar al gobernador Mario Marín, como autor intelectual ''de esta maniobra represiva''.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Godínez, afirmó que aun cuando el delito de difamación -por el cual se procesa a Cacho- ''está en desuso'', es muy fácil presentar querella contra una persona por presuntas calumnias, pero acotó que si en este caso los derechos de la periodista fueron violentados ''puede no sólo presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino alegar privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad''.
Refirió que la pederastia ha llegado a tal grado que la cámara aprobó recientemente modificaciones al título octavo del Código Penal para delimitar los delitos contra los menores de edad, porque ''no queremos turismo sexual ni un país en que los abusos contra niños no se castiguen. No queremos una invasión de pederastas, de cucarachas de ese tamaño''.
Mientras, la presidenta de la comisión especial que da seguimiento a las agresiones contra periodistas, Beatriz Mojica Morga, reprochó que en la aplicación de la justicia exista un doble rasero, porque no se continúa la investigación sobre la red de pederastas en Cancún, y en cambio se desvía la atención de los abusos a menores con un proceso legal contra Lydia Cacho. ''Se deja de lado, pues, la persecución a los pederastas, porque entre ellos hay empresarios ligados al gobernador de Puebla'', dijo.
El diputado Jesús González Schmal, de Convergencia, integrante de la misma comisión, informó que el tema se presentó el viernes a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y calificó de inadmisible ''la colusión entre la autoridad judicial y el gobierno de Puebla'' para iniciar un proceso contra Cacho, aunque con ello cometan ''una villanía y una violación flagrante a la Constitución''.
Señaló que las autoridades poblanas cometieron ''un ataque directo a las instituciones democráticas, entre las que está la libertad de expresión e información''. Consideró que el Congreso del estado debería iniciar juicio político contra el gobernador ''por este ataque; si no lo hace, el Poder Legislativo quedaría mal. Y el Congreso de la Unión debería repudiar este tipo de conductas autoritarias y represivas, para que no se propaguen y multipliquen, porque el mal ejemplo (de Puebla) ayudaría a que otros gobernadores procedieran igual''.
Por su parte, el vocero de la diputación del PRD, Inti Muñoz, afirmó que la persecución a Cacho revela la ''agresión de políticos priístas coludidos con el sistema de justicia, infiltrado por la corrupción. Destaca, en este asunto, el silencio y la pasividad cómplice del gobierno de Vicente Fox, que además de estar en deuda con la prensa libre de México, no combate la pederastia vinculada con las altas esferas del poder''.
El coordinador del PT, Alejandro González Yáñez, afirmó que en estricto sentido Cacho no es quien hace señalamientos y acusaciones que vinculan al empresario Kamel Nacif con la red de pederastia en Cancún. ''Ella es vocera de quienes señalan y acusan. Lo que pasa es que la obra destapó la cloaca que existe respecto de la pederastia en México y encontró que hay intereses bastante poderosos que pretenden impedir que se sepa más.''
El petista consideró que, efectivamente, el proceso contra Lydia Cacho representa un ataque ilegal a la libertad de expresión, porque no ha sido sujeta a proceso respetando el marco jurídico. ''Virtualmente fue secuestrada al ser detenida. Las fuerzas democráticas y la conciencia de este país deben defender lo que ha publicado esta periodista, quien se atrevió a ser puente de las denuncias y de los señalamientos que existen sobre algunos pederastas.''
La diputada panista Ruth Hernández cuestionó que el Poder Judicial, en vez de actuar con seriedad contra quienes hicieron daño a las menores ''vuelva a castigar a una periodista. Esto es incongruente. En vez de actuar con todo el rigor de la ley y castigar a los pederastas, se da prioridad a quien únicamente desarrolló una labor periodística y no cometió ningún delito''.
Recordó que presentó una propuesta para federalizar crímenes contra periodistas, y uno de los argumentos fue que en todos los casos de agresiones a comunicadores prevalece la impunidad. Esto deriva, explicó, en que los periodistas estén expuestos a los intereses locales, de las autoridades, del poder y de la delincuencia organizada.