Cooperación europea en el olvido
La firma en 2000 del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea (UE) tenía el propósito de diversificar nuestras relaciones comerciales, en especial equilibrar la creciente dependencia con Norteamérica; precisamente, se distinguía del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, porque incluía además de las cuestiones comerciales, aspectos políticos y de cooperación. En lo político se incorporó "la cláusula democrática", con la que se asumió que el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituirían el eje del acuerdo, condicionando a que sí México lo incumplía, la UE tendría el derecho de suspender la totalidad del acuerdo mismo.
También, con el noble propósito de atemperar las profundas desigualdades económicas entre las partes, se incorporó el compromiso de suscribir acuerdos de cooperación, lo que suponía una ventaja para México, pues se compensaba y apoyaban diversos sectores: agropecuario, pesquero, transportes, medio ambiente y recursos naturales, pequeña y mediana empresas, turismo, protección al consumidor, cooperación regional, educación, cultura, en materia de refugiados, democracia, salud, en asuntos sociales y para la superación de la pobreza. Estos acuerdos de ninguna manera significan la obligación para la UE de proporcionar ayuda económica a México per se, sino que suponen la participación conjunta, previa suscripción de los acuerdos, para coadyuvar al mejor desenvolvimiento del país, pues se consideró que lograr la igualdad entre las partes era el objetivo primordial.
Sin embargo, a cinco años de la aplicación del tratado con la UE, no avanza la diversificación y sí crece nuestra dependencia del mercado norteamericano. No obstante haber cumplido con los compromisos pactados con la Unión Europea, como ha sido la desgravación de prácticamente todos los productos comercializados -salvo en sectores sensibles como el agrícola, pesquero y telecomunicaciones-, nuestro déficit comercial se ha duplicado, al pasar de 7.5 a 15.5 mil millones de dólares entre 1999 y 2005. Así que en el ámbito comercial los beneficiarios han sido los productores europeos, quienes además de lograr que se adelantara la desgravación en los rubros químico, farmacéutico y de autopartes, señalan que están listos para "hacer verdaderos negocios" y continúan presionando para que se liberalice el sector energético, aunque esto no impide que las empresas trasnacionales generen electricidad y gas para su venta en México, de manera ilegal y extrayendo la renta nacional.
En lo que se refiere a los avances en materia de cooperación, en cada reunión que se realiza se exalta el sentido de solidaridad europeo; se resalta el éxito de la experiencia del desarrollo regional y la erradicación de las desigualdades, aspectos de los que México esperaba obtener beneficios con la firma del acuerdo, pero las muestras de voluntad han sido meramente retóricas, pues de los compromisos convenidos sólo se han firmado tres acuerdos: convenio-marco, relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación económica en México; acuerdo de cooperación científica y tecnológica, y convenio sobre cooperación y asistencia aduanera. Los demás temas han quedado apenas como líneas descriptivas, sin sustento financiero ni institucional. Más aún, en lo que se refiere a la instrumentación y ejecución de los que se han suscritos, es sólo al amparo del primero -el convenio-marco-, en que la UE se ha comprometido a otorgar una contribución financiera para el periodo 2002-2006 por 56.2 millones de euros, misma que a la fecha no se concreta.
De esos 56.2 millones de euros, 3.5 millones se destinarían a la modernización de la administración de justicia. Al respecto, los europeos hicieron una dura crítica a nuestro sistema judicial y exigieron su modificación, pero no impulsaron un convenio que permitiera ejercer esos recursos. Al "desarrollo social integrado y sostenible de Chiapas", cuyo propósito es apoyar a esa entidad en el combate a la pobreza, se destinarían 15 millones de euros por parte de la UE y otros 16 millones por el gobierno del estado; pero el proyecto está en proceso de desarrollo y debido al retraso, su conclusión se ha pospuesto hasta 2007. En la cooperación económica se estableció el Proyecto de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio, al que la UE le destinaría 8 millones de euros, y en lo que respecta al Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas, catalogado como el plan de apoyo empresarial de mayor relevancia para México, con un financiamiento por parte de la UE de 12 millones de euros, los avances han sido nulos.
Respecto a los otros dos acuerdos firmados y ratificados por el Senado -los relativos a la ciencia y tecnología y el de cooperación aduanera-, no se conocen proyectos ni recursos financieros comprometidos, pero sí se sabe que empresas europeas participarán en un gran negocio: el segundo reconocimiento aduanero. Con estas muestras de voluntad internacional, los mexicanos deberíamos recordar que los países sólo tienen intereses propios, y que sus gobernantes deben velar por quienes los eligieron, no por los intereses de quienes les prometen "hacer verdaderos negocios". Mientras, y no obstante el lamentable olvido, aún abrigamos la esperanza de que se cumplan los compromisos de cooperación pactados.